Ultimo plazo hoy a las 18 para conflicto en Aerolíneas

Hoy podría ser el día definitivo para la suerte de Aerolíneas Argentinas y la perspectiva es sombría. Según dejó trascender ayer el Ministerio de Trabajo, esta cartera esperará sólo hasta las 18 para llegar a un acuerdo con los gremios aeronáuticos. Y en caso de que no lo haya, la ministra Patricia Bullrich saldrá a las 20 a afirmar públicamente que su área agotó todas las instancias políticas, legales y técnicas para llegar a una solución.

Aunque en principio se trata de una nueva presión sobre los gremios, si esto se concreta tal como trascendió, el gobierno dejaría en libertad de acción a la SEPI, la sociedad estatal española que es dueña de 85% de Aerolíneas.

Por lo tanto, la empresa podría volver a producir los despidos de los técnicos de tierra que se retrotrajeron por el llamado a conciliación obligatoria que venció ayer a la 0, con lo cual otra vez se dispararía una huelga.

De hecho, Aerolíneas sólo cumple desde el paro anterior servicios mínimos pactados con la Secretaría de Transporte, porque según voceros de la compa-ñía, en cualquier momento puede desatarse otro conflicto.

Aun dentro del gobierno hay quienes creen que éste es el escenario previsto por la SEPI como paso previo para irse de Aerolíneas Argentinas. Los que creen esto recuerdan que ante el condicionamiento por parte del gremio administrativo a firmar un acta acuerdo con la empresa a que se paguen los salarios de abril, los representantes de la SEPI contestaron que si quieren que se paguen los salarios antes del próximo martes, el Estado argentino debería anticipar parte de los aportes para la capitalización de Aerolíneas que prometió en octubre pasado.

En esa fecha, como parte del plan director, la SEPI propuso una capitalización de 650 millones de pesos en proporción a la tenencia de cada uno de los accionistas. Pero mientras ella capitalizó préstamos ya efectuados a Aerolíneas, el Estado argentino debía aportar 32,5 millones, en proporción a su participación de 5%.

El ex ministro José Luis Machinea integró $ 8,125 millones y se comprometió a pagar el resto entre 2001 y 2002.
Fuentes de la SEPI admitieron que le pidieron al gobierno que adelante parte de esos fondos ahora si quiere que los sueldos se paguen, aunque aseguraron que el martes 22 la empresa se hará cargo de los pagos, si el gobierno argentino no desembolsa lo solicitado.

Incógnita

Esto abre una incógnita más y complica la negociación gremial que lleva a cabo Bullrich. El panorama sindical es el siguiente:
Cuatro gremios (pilotos de Austral, pilotos de Aerolíneas, personal superior y técnicos de vuelo) aceptaron firmar un acta-acuerdo con el Ministerio de Trabajo para negociar una reducción salarial de 6% a 20% y modificación de las condiciones laborales, a cambio de estabilidad laboral por dos años.

Un gremio, el de los administrativos, está dispuesto a firmar la misma acta, si antes se pagan los sueldos adeudados de abril.

La SEPI condicionó la firma del acta con esos cinco gremios a que los otros dos (son siete en total) acepten el arbitraje propuesto por el Ministerio de Trabajo.

Los otros dos gremios (el de los técnicos de tierra y el de los tripulantes de cabina) por ahora no aceptaron el arbitraje y en principio lo rechazan, pero la cartera laboral les fijó un plazo hasta las 18 de hoy para definir el tema.
Con la incógnita sobre el pago de haberes atrasados, es difícil que los gremios acepten el arbitraje.

Por otra parte, la ley prevé que las partes se pongan de acuerdo sobre el temario some-tido a árbitro, sobre quiénes ejercerán esa función y en qué plazo. La propuesta de la SEPI es que sea la propia Bullrich el árbitro, porque según fuentes de la empresa, ella ya conoce las dos posiciones y puede emitir rápidamente un laudo, porque los españoles no querrían prolongar esta situación más allá de fin de mes.

Ese laudo, según la ley laboral, es irrevocable por las partes una vez que está dictado. Pero por otra parte, la ministra dijo varias veces que es conveniente para los trab a j a d o r e s aceptar la reducción salarial y la modificación de las condiciones laborales a cambio de la estabilidad laboral por dos años, de manera que el laudo que ella podría dictar es previsible.

De todas formas, Bullrich sólo parece estar pagando el costo de que el gobierno definió a la crisis de Aerolíneas como un conflicto laboral, al igual que la SEPI.

Viabilidad dudosa

La realidad, en cambio, parece demostrar que la viabilidad económica de Aerolíneas es dudosa en momentos en que se retrae el mercado de cabotaje, crece la presencia de empresas extranjeras, y compañías de aviación de primera línea en el mundo están por lo menos en dificultades, debido al aumento en el precio del combustible que no pudo absorberse con las tarifas bajas a que condujo la feroz competencia de los últimos años.

La situación de Aerolíneas es peor todavía a la media porque arrastra un pasivo de casi 1.000 millones de dólares, generado por préstamos de la SEPI en su mayor parte, y porque los espa-ñoles repagaron la privatización vendiendo los aviones de la empresa local, y hoy afrontan pesadas cargas de «leasing».

Frente a esto, el presidente de la empresa española, Pedro Ferreras, dijo hace un mes que no pondrán más dinero en Aerolíneas, lo que fue relativizado ayer en Buenos Aires por uno de los gerentes de la empresa local, Juan Gurbindo, quien afirmó que la SEPI, «conseguirá financiamiento».

Los números de Aerolíneas explicarían que por lo menos por ahora el empresario Eduardo Eurnekian haya dado un paso al costado en su propuesta por Aerolíneas, aunque a la vez sostuvo que el reordenamiento laboral que plantea la SEPI es imprescindible.

Pero lo que no termina de entenderse es si el gobierno de Fernando de la Rúa está dispuesto a asumir el costo político del cierre de Aerolíneas, lo que tendría un significativo impacto en la sociedad. Porque durante la última semana, el ministro de Infraestructura, Carlos Bastos, y el de Economía, Domingo Cavallo, también parecen haberse separado del tema, a menos que se crea que están apostando a que los espa-ñoles lleven a la quiebra a Aerolíneas y después volver a licitarla.

Esa hipótesis, sin embargo, se contradice con la actitud de la SEPI, que más bien parece pretender sentar al gobierno argentino a discutir sobre los pasivos de Aerolíneas y a compartir el costo de mantenerla abierta.
En este contexto, limitar la crisis de Aerolíneas a un problema gremial podría poner al gobierno en un nuevo brete, aunque Bullrich esté convencida de que si se solucionan los problemas laborales, la SEPI no tendrá más excusas para no poner dinero en Aerolíneas.