El juez federal Martín Silva Garretón hizo lugar ayer a una medida cautelar por la cual dispuso que Aerolíneas Argentinas, el Estado nacional y la Sociedad Estatal de Participación Industrial (SEPI) «se abstengan de modificar la situación laboral de sus empleados» y «de disponer o ceder los derechos respecto de las rutas aéreas, marcas y bienes inmateriales».
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La medida judicial se produjo a escasas horas de que la empresa declare el concur-so preventivo y significa un paraguas protector para la continuidad operativa de la empresa.
El recurso fue presentado por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), que conduce la diputada Alicia Castro, y en el mismo solicita a la Justicia que adopte los recaudos materiales y jurídicos «necesarios para ejecutar las prestaciones comprometidas contractualmente», en especial el de asegurar el cumplimiento del servicio. También reclaman la preservación de la fuente laboral y la estabilidad de los empleados de la compañía aérea.
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En su fallo, Silva Garretón hizo lugar a la medida presentada por el gremio y reco-mendó que se abstenga de modificar la situación laboral de sus dependientes «a cuyos efectos se deberá preservar la fuente de trabajo y la estabilidad de sus empleados». La resolución también impone que la empresa no podrá ceder «de cualquier modo» los derechos respecto de las rutas aéreas, marcas y bienes inmateriales».
Según fuentes judiciales, la resolución tiene «efecto devolutivo», es decir que si se apela se sigue aplicando la medida adoptada por el primer juez, es decir, lo que resolvió Silva Garretón.
La medida dispuesta por el magistrado no frena la convocatoria de acreedores, pero sí se deberá tener en cuenta a la hora de no afectar la situación laboral de los empleados y la operatividad de la empresa.
También se anticipa, que la resolución sería un motivo de conflicto de jurisdicción» y que el mismo deberá ser resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo hasta llegar a la Corte Suprema.
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