Un nuevo plan más cercano al aliancismo original que a la racionalidad económica
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El exterior ha dicho «ni un dólar más a la Argentina; agotó nuestra paciencia». Ni siquiera adelantarle desde el Fondo Monetario a noviembre, apenas una veintena de días antes, los escasos u$s 1.200 millones que comprometió cederle en diciembre.
Hoy prescinde del exterior y de los bancos y lanza, ya casi en agonía, otro «Nuevo Plan» de creación propia, simplista en su parte mayoritaria y visible, pero con un sutil trasfondo o parte no visible, elaborada por alguien más sabio y dentro de la ortodoxia económica, más dura pero racional y hasta matizada con habilidad política como el plan López Murphy no tuvo.
Los dos primeros, sobre todo, por ser los grandes culpables del creciente déficit fiscal argentino que eclosionó ahora en crisis terminal. La izquierda no por demagogias con fondos públicos -no tuvo oportunidad- sino porque aquí, a diferencia de los socialismos europeos o el chino, es muy peculiar y aún cree en el marxismo en su forma más tosca: si destruimos empresas, bancos, comerciantes burgueses y al propio Estado nacerá un país con dictadura del proletariado, tipo Cuba, donde todos seamos igualmente pobres. Caer en el default total sin duda ayudaría a ese sueño.
Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo han perdido un título que abiertamente pocos -este diario, por ejemplo- pero íntimamente muchos le reconocían antes del jueves: cualquier otro presidente, con algo de sensatez, desde ya, en lugar del actual primer mandatario y su ministro, tendría que hacer lo mismo frente a esta crisis terminal. Hoy ya no es así. Ni generalizado y menos mayoritario subsiste ese pensamiento. Había otras alternativas. ¿Mejores? Quizá sólo se pueda decir: con mayores perspectivas de lograr zafar del default total.
El «Nuevo Plan del gobierno» tiene una parte visible, simple que exclusivamente los funcionarios explicitaron y que se ha detallado en extenso en medios. Es la parte mediocre, más del curanderismo económico y de los malos políticos. Pero, además, tiene, cuando menos potencialmente, una parte oculta, subterránea no brillante -porque no hay posibilidad en este contexto- pero sí interesante y con alguna chance salvadora. Frente a la proximidad de la muerte, sirve.
La Primera Parte del «Nuevo Plan», la difundida en decretos y proyectos de ley (por caso la reforma del artículo 823 del Código Civil para que el particular endeudado con un organismo del Estado le haga clearing automático con otra deuda que el mismo Estado tenga con él) es la parte mala y tiene un directo inspirador, Raúl Alfonsín, más un entusiasta adherente que es el ex gobernador Eduardo Duhalde. No se sabe si operaron o no de acuerdo pero tampoco lo necesitaban porque a ambos les satisface -siempre lo sostuvieron públicamente- no pagar la deuda externa y la pública general, afectar los bancos, castigar los mercados, priorizar un plan distribucionista social (éste, en el «Nuevo Plan», Patricia Bullrich lo hizo bastante bien, por excepción, porque gastando igual cubre mejor las necesidades de los menos pudientes). A su vez también es propio del Alfonso-duhaldismo -y el «Nuevo Plan» lo deja bien especificado- no incluir jamás una medida de reducción del gasto estatal que pueda afectar el electoralismo de los políticos. Eso nos daría imagen de seriedad en el esfuerzo recuperador.
Por caso, no se hace mención alguna de ideas que ya están en avanzado estado de maduración ciudadana en la Argentina como reducción del costo de la política, arancelamiento, aunque con buenas becas, en las universidades públicas, eliminación de los estatutos especiales, sanear las «cajas» sindicales disimuladas en obras sociales, reducción de los costos previsionales, eliminación de organismos burocráticos (al contrario, se crean) y, entre otras, incentivar más el descubrir y desbaratar contrabandos con premios al personal actuante, porque es mucho más pernicioso para la producción local y la recaudación fiscal, que dar tales incentivos a los inspectores de impuestos. Estos, como fue habitual cuando lo tenían, caerán con saña contra los mismos contribuyentes de siempre, los inscriptos o los que, directamente, no pueden pagar a riesgo de cerrar y aumentar la desocupación.
¿O qué cree el gobierno que sucederá si ávidos inspectores, para ganarse una comisión, azotan a miles de pequeños talleres que tienen su personal en negro -uno de cada 2 trabajadores lo está- por los altos costos de la previsión social, el régimen impositivo y la extracción abultada del sindicalismo, en la Argentina? Si actúan así provocarán más despidos y llegaremos a ese 30% que se pronostica para el pos default total.
El gobierno no sabe que el contrabando le resta más ingresos directos e indirectos al fisco que la evasión y su control está a cargo sólo de gendarmes o empleados con 600 pesos de sueldo y «sin comisión». Los que tienen que controlar más entonces y con menos efectos de desocupación (los centros de producción y abastecimiento del contrabando, están en países vecinos) no serán incentivados. Sí los que pueden aumentar la desocupación. Un absurdo. Es lamentable que no lo sepa el gobierno y apunte mal los objetivos.
Que Domingo Cavallo se haya inspirado para el «Nuevo Plan», en su parte visible al menos, en el Alfonso-duhaldismo no se entiende salvo una genialidad, que nada demuestra exista y que resultaría peligrosa por lo que dejaría en ruinas. Sería ganarse un apoyo político que el gobierno no tiene para dar pie al desarrollo de la parte oculta. Lo dramático es que faltaría tiempo y llegaría la cesación de pagos antes de que funcione esa parte, hoy en la trastienda.
La apropiación de fondos -tal la base indudable del «Nuevo Plan»- para superar sus falencias de gobernantes es una tradición maligna de los gobiernos de los radicales que ahora compró Cavallo que, como motivo propio, agrega rencor a los mercados que le desbarataron sus propias poco serias ideas iniciales de «eurorizar», sustituir a Europa por los Estados Unidos como apoyo externo, repudiar al Fondo Monetario y otras utopías, inadecuadas al conocimiento económico e internacional que hasta ahora se le reconoce.
El presidente radical Arturo Illia (1963-1966) cometió la barbaridad político-administrativa cuando asumió de anular los contratos petroleros con empresas extranjeras que había sancionado su avanzado antecesor Arturo Frondizi por consejo del entonces secretario de Energía, Conrado Storani (padre del actual Fredi), en cumplimiento de una «promesa electoral», en el mejor de los casos efectuada a sólo 23% del electorado que lo votó y con lo que ascendió a la primera magistratura. Pocos años después -los que la decisión retrasó- en el país todas las explotaciones petroleras eran libremente realizadas por extranjeros o locales. Pero frente al shock adverso que provocó Illia evitó el descalabro del país transformando en pesos todos los depósitos en dólares en los bancos del público. Inició una tendencia antiinversión que inspiró y sigue inspirando a otros políticos, caso Alfonsín.
El otro gobierno radical -de 5 años y medio, esta vez del mismo Raúl Alfonsín- ya entonces repudió la deuda, los mercados y los inversores. Su entonces ministro de Economía, el improvisado Bernardo Grinspun, pagaba «simbólicamente» sólo 30 millones de dólares de los intereses de la deuda por mes, con lo cual se apropiaba de los miles restantes.
Fernando de la Rúa, en el tercer gobierno radical desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, termina apropiándose también de algo que ni Alfonsín ni Illia tuvieron a mano como tentación: los fondos de las AFJP que son ahorros de los ciudadanos. Además se apropia de más de la mitad de la inversión de público y empresas -de aquí y del exterior- en títulos públicos.
Lo primero que cabe preguntarse es ¿por qué De la Rúa dejó ir al Frepaso y destruyó la Alianza que lo llevó al gobierno si ahora, ya en los estertores de su gestión presidencial pone en ejecución el plan original aliancista? Al revés de lo que suele ocurrir, la gestión actual habría subido por la derecha y bajaría ahora del poder por la izquierda. Por lo menos el descalabro lo hubieran tenido los argentinos a los tres meses de asumir y habrían transcurrido al menos 18 meses de recuperación de salir de un default, el cual puede consumir ahora una generación recuperarse.
La apropiación de fondos es un signo de los radicales cuando son gobierno y abultan el déficit del Estado. Con empleos públicos y demagogias canjeables lo es cuando son oposición. Lo sabe el justicialista Duhalde que pudo desfondar la provincia de Buenos Aires, con 1.500 millones de déficit propio anual, con la complicidad de los radicales bonaerenses, comprada con empleos públicos para sus punteros. Lo sabe De la Rúa que entregó al desquicio partidario de Alfonsín, Moreau, Storani, Posse y otros organismos como ANSeS y PAMI, algo que potenció el déficit nacional hacia la debacle actual.
Otra característica que probablemente vaya a tornar muy problemática en el futuro la ascensión de un nuevo presidente radical -aunque a los argentinos no los caracteriza, precisamente, la buena memoria histórica- es que ellos creen siempre que el dinero y los intereses que genera llegan alguna vez a responder a cuestiones emocionales. Ni la baja en acciones de compañías de aviación y seguros y el alza en las empresas de tecnología vinculadas con la seguridad y laboratorios medicinales -o sea especulación pura en medio del drama- tras el reciente atentado a las Torres Gemelas, en Nueva York, los convence de que es ingenuo en gobernantes decir «les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo» (Juan Carlos Pugliese, ministro de Economía de la última etapa, ya en vísperas de la hiperinflación, del gobierno de Raúl Alfonsín, 1983-1989).
Fernando de la Rúa apeló el jueves al patriotismo de los argentinos en plena crisis. También es una ingenuidad. Más si se dirige a los argentinos que, al decir sabio de Jorge Luis Borges, «no se sienten ciudadanos sino habitantes de un país». Sólo un discurso con gran habilidad -que ni el actual presidente ni los redactores de sus textos tienen- hubiera provocado alguna reacción favorable por el camino adverso. Al menos para los inflexibles gobernadores (oficialistas y opositores) o como resguardo dialéctico de ellos frente a sus coprovincianos. Decirles, por caso, que estamos sacrificando para la actual a las futuras generaciones al extraerles, contra un título incierto, sus fondos de jubilación. O que podemos dejarles un país pos default.
El argentino es calculador pero sentimental, sobre todo si piensa en sacrificar hijos. Ni Cavallo, ni De la Rúa parecen saberlo. Alfonsín, Duhalde y quienes se les asemejan son parte del peor argentinismo que caracteriza a la mayoría de los políticos: invocar «las necesidades» pero al efecto de persistir en el privilegio personal dentro de las prebendas costosas que brinda la política. Aunque sepa bien el mal que hace o hizo un político argentino no se retira si no es con la muerte. Las leyes del país, además porque ellos las sustentan, no les traban la persistencia en las maldades desde escaños públicos, como si se los excluye en Estados Unidos, por ejemplo, inclusive para quienes fueron buenos gobernantes para fomentar la renovación y mantener a los excelentes -si los hubo- como fuerza moral de reserva.
Hay una mitomanía en políticos argentinos que creen redimirse -y además preservarse políticamente, aunque nunca fue así una vez que les ven la intención- al invocar «la pobreza», «los necesitados» y los que «menos tienen» y creer que con sólo eso, sin instrumentar medios, hay solución. El declive social histórico del país les muestra lo contrario pero insisten. Vía encarecer el déficit del Estado, montando costosos «aparatos partidarios» en base a empleos estatales y subsidios con fondos públicos, pueden darse el lujo de persistir como candidatos, aunque los repudien, con el copamiento de las boletas partidarias o escabullidos en «listas sábana».
Lo único que podría justificar a Cavallo con el «Nuevo Plan» tipo Alfonso-duhaldismo y más Alianza es que sus efectos serán peores que la racionalidad económica y no tener déficit y los dejaría en evidencia. Pero el default total está tan cerca y será tan difícil renacer como país creíble que no se explica ni justifica dejar mostrar a los demagogos de la política a tan alto costo. Además no se los exterminará: Alfonsín adjudicó a una conjura internacional, encabezada por este mismo Cavallo, la debacle de su gobierno y el encendido hiperinflacionario que sólo se debió a su pésima gestión como gobernante. Ahora dirán lo mismo pese a tener «su plan» en vigencia con De la Rúa.
En temas de bolsillo el cumplimiento para el argentino medio no viene por invocaciones al patriotismo sino aplicando lo que aconsejaba el politicólogo alemán Von Klausewitz para la guerra; el arte de ganarla consiste en colocar los soldados de manera que no puedan huir. Para los argentinos el arte de recaudar consiste en colocarlos de manera que no puedan evadir ni contrabandear. El nuevo impuesto al cheque es un ejemplo.
"Dolarización no", sentenció Alfonsín por «Canal 2» apenas 48 horas antes del anuncio del «Nuevo Plan». «Reestructuración voluntaria de la deuda», agregó, creyendo modernizar su vieja frase de «no pagar la deuda externa». En realidad es pública ya que incluye fondos tan criollos como los de los trabajadores en ahorros aportados -y hoy en suspenso- a las AFJP, de los que se apropia el gobierno.
En la mentalidad de los políticos de ese tipo, todo ahorro -aunque hasta en las escuelas se sepa que equivale a inversión- es «sacrificable», aunque sean de trabajadores hacia una mejor jubilación futura. Es como si los políticos de la demagogia no quisieran que en el futuro se careciera de ancianos pobres que suponen su clientela política. Vendrían como turistas ricos a la Argentina pobre los viejitos chilenos donde, a similar organismo de AFJP, a nadie se le ocurriría extraerles los fondos con un título estatal incierto. Claro, los chilenos tiene déficit estatal cero y aquí todavía es resistido. Allí, al contrario, cuidan tanto el aumento de ese ahorro de sus actuales trabajadores que les permiten invertir una parte en el exterior vía privados que los reciben en préstamo. Así compraron las privatizadas de energía argentinas como Edesur. O Bonafide y pañales Estrella. Aquí, en lugar de que inviertan los fondos de los trabajadores se los sacamos a las AFJP para solucionar los eternos déficit de un Estado que no quiere cesar su demagogia populista y devastadora.
En el futuro -y más los que se vayan jubilando en estos primeros años- dependerá el cobro en monto digno de si tiene o no finanzas el gobierno para devolver los fondos que ahora extrae obligando a colocarlos a rentabilidad no de mercado y pudiendo, en adelante, destinar 100%, o sea todos los fondos disponibles a títulos oficiales. En estas condiciones la creación de las AFJP es superflua porque tales jubilaciones dependerán, igual que las estatales actuales, del ingreso del Estado.
Con las AFJP privadas se ahorró burocracia pero la diferencia también se anula, hacia un punto de indiferencia entre estatal y privada, por la rentabilidad que estas últimas exigen.
Lo demás es similar. Ni Cavallo ni De la Rúa hablaron el jueves de «voluntaria» cuando mencionaron la reestructuración, como lo hizo Alfonsín por televisión. Si los bancos quieren seguir con sus viejos títulos los deben anotar a un valor de mercado -que deterioró el propio gobierno- de 40% a 50%. El banco privado que más títulos públicos tiene está en 4.000 millones. Le sigue otro de 3.500 y un tercero de 3.000 millones. Los 5 subsiguientes redondean un promedio de 600 millones cada uno.
Los bancos oficiales -incluyendo el Banco Central- tienen 23.000 millones y los 8 primeros privados, 14.000 millones. A la mayoría, de uno y otro lado del mostrador, se les da «la opción» de anotarlos con los bajos precios de mercado, con lo cual sus patrimonios pasan a ser negativos. O tomar «el nuevo título del Nuevo Plan» a un máximo de 7% anual de interés. No hay «opción» y menos decisión «voluntaria». ¿Quién "voluntariamente" se opone? Queremos una tasa correcta y lógica hoy de 7% como los países seriamente administrados pero nos negamos a gobernar sin déficit cero, algo que nos quita seriedad.
Intelectualmente de Cavallo no se entiende tam poco con el «Nuevo Plan» si sólo espera ganar tiempo para qué es. Si es satisfacer al Alfonso-duhaldismo su apoyo político es escaso frente al poder del justicialismo en conjunto y, sobre todo, el poder de los gobernadores. Tampoco se cree que sea para su subsistencia ministerial que no sobrevendrá ante el default total. Y más si llega a él con un plan de la Alianza de radicales estatistas, frepasistas e izquierdas.
Lo único posible de suponer es que no rechazó la «dolarización» ni concluir con el corset de la convertibilidad sino que considera que debe tomar un atajo tortuoso, dado los bueyes con que debe arar, léase Alfonsín, los 50 diputados duhaldistas en el Congreso y el propio Fernando de la Rúa. Para este caso la clave de la reactivación no vendría de que el empleado que gana $ 300 pase a ganar $ 321 y el de $ 2.000 a $ 2.140, liberándoles 6% del aporte previsional a las AFJP. Podría ayudar a que $ 140 más de un empleado medio pague una cuota, pero es poco si el empleado a endeudarse no tiene confianza en este gobierno para manejar el país. Hoy día una reactivación pasa más por una reconquista de creencia de la sociedad en la gestión oficial y esto ya no depende decididamente de Fernando de la Rúa y ni siquiera de este ministro de Economía, aunque pueda tener cartas ocultas a jugar.
Lo que sí puede suceder es una reactivación técnica del país, casi como última chance porque podría recuperar inclusive la recaudación fiscal y darle sustento real al nuevo título a 7%. Esta reactivación técnica sólo podría venir del lado del nuevo bono, no convertible a dólares, LECOP en la medida en que se reparta en abundancia en provincias, se lo pueda usar como depósito bancario contra cheques hasta el límite de 1.300 millones de dólares. O más, porque el Fondo no le pondrá muchos obstáculos a una de las últimas tablas de salvación de un país colapsado.
Por la abundancia de LECOP -absorbiendo o sumándose a los 1.000 millones de patacones bonaerenses (500 aprobados por ley y otros 500 en gestación)- el empapelamiento puede llevar a una caída de paridad que tienda a hacer desprenderse de ellos con celeridad -como en épocas alfonsinistas con los australes- a la población con compras comunes porque nunca podrán ser volcados a dólares en esta nueva moneda para la cual ya no habrá convertibilidad y es posible que esto reactive la producción y la consiguiente recaudación fiscal. Más se reactivará en la medida en que las LECOP no se usarán para comprar productos extranjeros -los brasileños, principalmente- que a los importadores locales les exigirán dólares para entregárselos. Aun cuando los extranjeros aceptaran LECOP, al no ser convertibles a dólar deberían invertirse en la Argentina y significarían más reactivación, interesante posibilidad pero sometida a represalias.
Si se usa LECOP y, por su abundancia, cae a una paridad de 90% ese 10% será equivalente a una devaluación encubierta porque paga 1,11 LECOP por un dólar el importador y obtiene 1,11 LECOP, también por un dólar, el exportador y éste se beneficia porque internamente salda insumos y salarios con la misma moneda paralela devaluada y no convertible. De ahí a la dolarización con devaluación previa habría un paso y aun podría no ser necesario dolarizar.
Es la parte no visible, la oculta, más sabia, no mencionada del «Nuevo Plan». Es la que le gusta y apoyaría el presidente actual del Fondo Monetario, Horst Köhler, que no cree en la convertibilidad y se ganó por ello el odio de Cavallo.
Se está ejecutando desde que el Banco Central reglamentó depósitos, uso de cheques y préstamos en LECOP (ver Ambito Financiero del viernes 2 último página 9 y también del viernes pasado en Tapa bajo el título de «Ajedrez económico»).
Allí se ve cómo se concretaría la devaluación en el momento en que se dolarizara porque, de lo contrario, se la trasladaría al Estado con pagos aceptados en LECOP. Esta segunda alternativa no divulgada de devaluación con LECOP y quizá posterior dolarización, o sea la parte racional y no «aliancista» del «Nuevo Plan», es lo único que podrían hoy salvar de otro retroceso a los mercados financieros por la alta rentabilidad que implicaría, frente a los bajos precios actuales de los títulos. Es la segunda variante racional, si llega a tiempo.
Bastará que los gobernadores acepten LECOP para sus pagos locales y deberán hacerlo, como ya lo aceptaron en parte Córdoba, Jujuy y Formosa. El acuerdo de gobernadores, además, reforzaría todo el conjunto en marcha, parte buena y mala, por este uso intensivo de LECOP.
No hay que olvidar que puede haber «Nuevo Plan», que puede tener una parte visible y otra invisible más interesante, que se pueden sacar decretos y más decretos (como ayer hasta totalizar 22), que se puede afectar la competitividad aliviando la deuda de empresas, algo que, en muchos casos son inocentes pero en otros no y usaron tal endeudamiento (caso grupo «Clarín») para destruir a sus competidores, pero todo este proceso se enfrenta con un relojito pequeño, silencioso pero con poder temible de criptonita verde: la confianza del público sobre sus fondos en el sistema financiero. Es la clave última de todo.
Un LECOP que reactive, que favorezca ex portaciones, que trabe importaciones, que se devalúe y complementado o no con dolarización, pero al menos con traba para pagarle al Estado es el milagro -si dan los tiempos- que puede salvar a la Argentina del default total y el siguiente paso de la cesación de pagos. Ojalá esto no suceda.




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