Una propuesta para no caer en el default

Es vergonzoso ver el nivel de las discusiones de la última semana. Los gobernadores y el PE discutiendo y peleándose por un acuerdo en el cual solamente se debatía cómo distribuir los recursos de una «torta tributaria» que cada vez se achica más y cómo «patear» el problema del endeudamiento para que lo resuelva la siguiente administración provincial. Sería realmente tonto pensar que si se hubiera firmado un acuerdo sobre esos temas, se habría ganado algo más que un respiro coyuntural. Por lo tanto, en tres o cuatro meses iban a estar discutiendo cómo repartir una «torta» más chica aún, simplemente porque no se había solucionado el problema de fondo.

De la misma forma, se equivocaron los que pensaban que cumpliendo mes a mes con la Ley de Déficit Cero, con el paso del tiempo se llegaría a demostrar la madurez económica de los argentinos y se saldría de la crisis. Terminó pasando lo que era esperable. A niveles altos de incertidumbre, no sólo se cae la recaudación tributaria porque desciende el nivel de actividad. Además, la gente deja de pagar impuestos porque prioriza el tener recursos líquidos en un momento en que se le dificulta el cobro y el acceso al crédito. Por lo tanto, los niveles esperables de ingresos tributarios iban a hacer prever como de muy difícil cumplimiento el equilibrio fiscal del cuarto trimestre (aun sin pagar la garantía mínima de coparticipación a las provincias); lo cual terminaría espiralizando la incertidumbre.

Si queremos salir de esta crisis, hay que efectuar un diagnóstico correcto. El problema fundamental de la Argentina es que tiene un gobierno que ha perdido toda credibilidad. Y es consecuencia de ello que el país haya perdido todo su crédito. Esa es la secuencia lógica que debe comprenderse, pues de otro modo no habrá solución de fondo a esta larga crisis. Esta situación implica que, cualquiera sea nuestro nivel de endeudamiento, no lo podemos enfrentar, porque el financiamiento voluntario disponible para el país es nulo.

Apoyo explícito

Por lo tanto, se impone que los sectores políticos que vienen apoyando implícitamente a este gobierno (delarruismo, AR y justicialismo) lo hagan ahora explícitamente por un acuerdo de gobernabilidad. Este acuerdo debe ser de pocos puntos muy detallados para poder garantizar que se le brindará el apoyo político necesario ante la opinión pública y el Congreso. Los temas que debería incluir son:

a) una nueva ley de coparticipación;

b) cómo se cierra con déficit cero el Presupuesto 2002, teniendo en cuenta un crecimiento realista de los recursos;

c) una reforma del Estado que derogue la estabilidad de los empleados públicos;

d) la vuelta a la vieja Ley de Convertibilidad (eliminando el euro) y, en lo posible, permitir al gobierno negociar un tratado monetario con los EE.UU.;

e) la reforma del sistema previsional;

f) la eficientización de los gastos sociales;

g) la liberalización del sistema de salud;

h) cómo se cierra con déficit cero el resto de 2001 y el aval político para hacerlo;

i) el canje voluntario de deuda externa por un bono garantizado por organismos
internacionales;

j) el canje de pasivos internos.

Dentro de este marco, puede incluirse negociar nuevamente los problemas de la garantía mínima de coparticipación acordada con las provincias. Estas deberían ceder este piso desde agosto hasta diciembre. Si no lo hicieran, en realidad, el presunto superávit acumulado en el bimestre agosto-setiembre habría sido un déficit, al computarse los recursos adeudados por la Nación a los gobernadores. Además, esto relajaría las necesidades de recortes del cuarto trimestre para cumplir con el déficit cero.
Para compensar a los gobernadores, se podría tratar de emitir un papel que securitice un flujo de fondos provenientes de algún impuesto. Podrían asignarse por ley $ 200 millones mensuales del impuesto a las cuentas corrientes (puede ser desde el 1 de enero de 2002) a un fondo fiduciario, lo cual permitiría emitir un papel por alrededor de 20 mil millones de dólares. Esta deuda se distribuiría entre las provincias y la Nación según los ratios de coparticipación para que la canjeen por deuda cara sin garantía que tienen los bancos y las AFJP. De esta forma, se podrían hacer ahorros importantes en términos de pagos de intereses y necesidades de financiamiento por amortizaciones.

Proyecto

En el Congreso hay un proyecto de ley que tiene media sanción que vuelve coparticipable el impuesto a las cuentas corrientes. Lo único que habría que hacer es autorizar a los gobiernos que quieran participar de este esquema a asignar su parte de los $ 200 millones al Fondo Fiduciario a cambio del papel que se emita contra dicho flujo de recursos. Los que no necesitan financiamientos podrían recibir los recursos del impuesto normalmente. De esta forma, se pueden superar las diferencias que existen entre las provincias con problemas crediticios (las más) con las que no los tienen (las menos).

Más allá de esta propuesta, debe quedar claro que la única forma de salir de esta crisis es recuperando la credibilidad en la gestión del gobierno. Para ello existen sólo dos caminos: cambiarlo (o sea la aplicación de la Ley de Acefalía) o recuperar la confianza en la capacidad de este gobierno de resolver los problemas del país. Esto último solamente es viable con un acuerdo de gobernabilidad.

Sin embargo, este PE no siempre tuvo credibilidad cero. A finales de 1999 y principios de 2000, los consumidores e inversores hicieron una fuerte apuesta a su favor. Recién en el segundo trimestre de 2000 se empezó a gestar una imagen de falta de liderazgo y ejecutividad que devenía de la constitución de la Alianza. El punto culminante de la pérdida de credibilidad del PE fue el intento presidencial de relanzar su gobierno, en octubre, haciendo un cambio de gabinete que no fue avalado por su vicepresidente Carlos Alvarez, por lo que éste terminó renunciando. Si con la Alianza unida no podían gobernar, ¿cómo lo harían con la coalición quebrada?

Boicot

A partir de allí sí: la credibilidad fue cero. Por lo tanto, el crédito devino nulo y el país empezó a bordear la cesación de pagos. Ni el blindaje, ni López Murphy, ni Cavallo, ni el exitoso megacanje lograron revertir la situación. Y esto se debió simplemente a que no lograron recuperar la credibilidad política de este gobierno. Tanto a López Murphy como a Cavallo parte de la Alianza se encargó de boicotearles todos sus esfuerzos, más allá de los errores propios que puedan haber cometido.

Este gobierno pudo sobrevivir hasta ahora en medio de semejante desbarajuste. En realidad, lo hizo gracias a una coalición implícita que lo sostuvo en el poder, la cual está formada por el delarruismo, Acción por la República y el justicialismo (principalmente los gobernadores y el menemismo). Estos últimos facilitaban las cosas y dejaban hacer a los primeros, mirando para otro lado. Pues bien, esa estrategia nos permitió seguir agonizando y no morir, pero queda claro que no sirve para curar al paciente. Por lo tanto, en el gobierno deben tener claro que la única forma de sacarlo de esta grave crisis es mediante un acuerdo de gobernabilidad.

En tanto, los políticos justicialistas que dudan en brindar su apoyo a este acuerdo para no compartir los costos políticos que implica resolver los problemas existentes deben tener en cuenta que los ciudadanos ya los hicieron corresponsables del desastre que vive el país, cuando en más de 40% se negaron a ir a votar o votaron impugnado o en blanco. Esta corresponsabilidad en lo que vaya a suceder se ha potenciado debido a que ganaron las elecciones, y es claro que esto implica contar con poder como para ayudar al país a salir de la crisis.