El comité de bancos y entidades financieras del exterior, acreedores de la firma agroindustrial Vicentin, a quienes en total les debe más de u$s500 millones, siguen adelante con el “Discovery Process” presentado en los tribunales de Estados Unidos para conocer en profundidad las maniobras financieras de la compañía. A partir de los datos recaudados evalúa iniciar acciones judiciales en el exterior contra la empresa argentina que acumuló deudas por más de u$s1.350 millones.
Vicentin: acreedores del exterior evalúan acción judicial por desvío de fondos
La presentación remarca que en junio del año pasado la firma se mostraba sólida en lo financiero. Dicen que luego del default se negó a proporcionar información. El IFC y el FMO de Holanda se mostrarían menos propensos a esta medida.
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Los acreedores del exterior le pusieron un número de mínima a la cuestión: u$s1.000 millones.
Fuentes cercanas al Comité de acreedores internacionales, conformado por seis instituciones financieras internacionales: IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole, confirmaron a Ámbito que se está evaluando concretamente iniciar una acción judicial contra los dueños de Vicentin aunque, según detallaron, “hay bancos más propensos a seguir ese camino, principalmente los privados, pero el IFC y FMO, son más prudentes en ese aspecto”
Lo cierto es que el propio Comité en su solicitud presentada en los tribunales de Nueva York para acceder datos concretos de cuentas y maniobras financieras de los dueños de la firma agroindustrial, explica: “Como mínimo, el Consorcio Directivo prevé utilizar la información solicitada en relación con el procedimiento de concurso preventivo ya iniciado por Vicentin. Además, es razonable pensar en la posibilidad de entablar otros procedimientos extranjeros. El Consorcio Directivo tiene la intención de adoptar medidas en la Argentina para que Vicentin y cualquier otra parte que haya sido responsable o se haya beneficiado de la disipación o la sobreestimación indebida de los bienes de Vicentin, rinda cuentas de las maniobras financieras de la empresa”, detalla el escrito al que accedió Ámbito.
En tanto los acreedores del exterior le pusieron un número de mínima a la cuestión: u$s1.000 millones y así lo explican en el escrito: “La estructura empresarial de Vincentin y los limitados registros financieros que ha hecho públicos hasta la fecha indican que proporcionó información sustancialmente inexacta sobre su situación financiera al Consorcio Directivo a fin de demostrar su supuesto cumplimiento de diversas obligaciones financieras y se desviaron indebidamente de la Compañía activos de capital de explotación sustanciales, del orden de cientos de millones de dólares de los EE.UU., en la segunda mitad de 2019, después de que la compañía entregara por última vez los estados financieros a los miembros del Consorcio Directivo. Las pruebas que se buscan en la solicitud son cruciales para descubrir el monto y la ubicación de los fondos mantenidos o transferidos de otra manera a través de instituciones financieras intermediarias por Vincentin y sus entidades y personas afiliadas”.
Mientras tanto y ante la consulta de Ámbito respecto de cómo están evaluando la intervención del Gobierno en la firma agroindustrial, fuentes cercanas a los acreedores del exterior explicaron: “La situación se sigue con mucha atención pero con poca información, se está esperando la decisión del juzgado respecto del plan de Santa Fe y por ahora no hay certezas de nada”.
Justamente respecto de la actuación del juzgado de Reconquista a cargo de Fabian Lorenzini, los mismos acreedores también pusieron la lupa y dedicaron un párrafo: “Reconquista es una jurisdicción pequeña (alrededor de 100.000 habitantes) en la que Vicentin siempre ha desempeñado un papel económico crucial. Los tribunales de Reconquista rara vez se enfrentan a cuestiones económicas y financieras complejas. Un procedimiento de concurso preventivo permite a una empresa evitar su quiebra involuntaria y buscar un acuerdo con sus acreedores. Mientras que el tribunal nombrará un síndico y un comité de acreedores, la administración de la empresa sigue siendo la misma”.
¿Se desvió indebidamente el efectivo del negocio? ¿Fue el inventario exportado indebidamente desde la Argentina por personas designadas que actuaban en nombre de Vicentin, su dirección o sus propietarios? ¿Fue una combinación de estos factores o algo totalmente distinto?. Todas esas preguntas se hacen los acreedores del exterior y remarcan: “Hasta ahora, el Comité Directivo no lo sabe porque la empresa se ha negado a proporcionar información sobre cómo sus activos fueron aparentemente disipados”.
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