Vicentin, la controversia y el 'justo' término medio

Economía

La intervención por parte del Gobierno nacional de la empresa Vicentin ha generado una gran controversia, con opiniones a favor y en contra. Una de las características de los debates en Argentina es su naturaleza “binaria”, la adopción de posiciones extremas a uno y otro lado. Hace más de 2.300 años, Aristóteles identificó a la virtud con el hábito de actuar según el “justo término medio” entre dos extremos, a los cuales denominó “vicios”. Intentaré acercarme a ese “justo término medio”.

Vicentin es una de las principales empresas de molienda de oleaginosas, con ventas de u$s3.000 millones/año y deudas en “default” por u$s1.500 millones. La empresa atribuyó su default a cuestiones del mercado argentino. La realidad es que fue la única empresa del sector en “defaultear”. Entre los 2.638 acreedores de Vicentin están el Banco Nación y otros bancos públicos con préstamos por más de u$s350 millones, entidades internacionales de fomento (Corporación Financiera Internacional, FMO) con u$s420 millones y acreedores que entregaron granos por u$s430 millones.

Las principales objeciones a la intervención sostienen que se afectan la seguridad jurídica, el derecho de propiedad y la posibilidad de atraer inversiones a la Argentina.

El juzgado de la ciudad de Reconquista extendió el plazo para verificar los créditos hasta marzo 2021. En ese tiempo, los créditos concursales en pesos se licuarían muy significativamente. Las plantas industriales no operarían por falta de capital de trabajo, el personal no cobraría y los agricultores tendrían serias dificultades para la próxima siembra.

Está claro que la “vía concursal” no reúne los tiempos ni recursos para evitar un enorme deterioro de la empresa, su personal, sus proveedores y la pérdida de valor de los créditos de los acreedores. Por lo tanto, la “seguridad jurídica” -seguir la vía concursal exclusivamente- sólo beneficiaría a los accionistas de Vicentin por la licuación de sus deudas. El derecho de propiedad de los acreedores sería el gravemente afectado.

En cuanto al impacto negativo sobre futuras inversiones, la evidencia empírica reciente demuestra que en Argentina la inversión no estuvo determinada por las estatizaciones. En efecto, comparando la inversión (medida por la formación bruta de capital fijo) durante el período 2003-2015 (gobiernos Kirchner, 7 estatizaciones) con el período 2016-2019 (Gobierno Macri, ninguna estatización), la Inversión (en moneda constante y en % PBI) fue menor o igual durante este último.

Ha habido también voces a favor de una “solución entre privados”. Es decir, los accionistas de Vicentin negociarían con inversores privados la venta de activos o de sus acciones. Vicentin requiere mucho capital de trabajo. Tomando empresas comparables que cotizan en Bolsa, para ventas de u$s3000 millones/año, Vicentin necesita entre u$s600 a u$s900 millones en capital de trabajo (20%-30% de las ventas).

En el caso de Vicentin, la inyección de capital necesaria sólo justificaría que ingresara un inversor si éste obtuviera una muy significativa reducción de la deuda de la empresa. Además, sobre la base del último balance conocido de Vicentin al 31/12/18, es altamente probable que actualmente tenga patrimonio negativo, es decir, los accionistas perdieron todo su capital. ¿Es legítimo que los acreedores esperen pasivamente a que los accionistas de Vicentin y una contraparte privada negocien? ¿Hay garantías de que esa negociación respetará los intereses de los acreedores?

Por lo tanto, la intervención del Estado queda como la menos mala de las opciones posibles para preservar los intereses de las partes -productores, acreedores, empleados- involucradas en el problema.

Debe remarcarse que al Estado nacional “su pasado lo condena” en materia empresarial. Son innumerables los casos de empresas del Estado que han sido refugio de la política, la falta de transparencia y el dispendio de cuantiosos recursos. El sector en que opera Vicentin se caracteriza por movilizar muchísimo capital para ganar relativamente poco. Las ganancias operativas (antes de costos financieros) son del 0,5% al 2,5% sobre ventas. Muy peligroso para el Estado sentarse a una mesa que requiere mucho capital y “know how”.

La intervención del Estado debería facilitar que los productores puedan sembrar la próxima campaña, las plantas industriales operar, los empleados cobrar sus salarios y los acreedores preservar el valor de sus créditos. Lo mejor sería que durante la intervención la gestione alguien que sepa del negocio, por ejemplo, ACA (Asociación Cooperativas Argentinas) u otro operador idóneo del sector. Mientras tanto, el concurso seguiría su curso judicial y los derechos de propiedad en juego (acreedores y accionistas) se resolverían en la Justicia.

Los argumentos a favor de la expropiación son muy flojos. La “soberanía alimentaria” está sobrecumplida en Argentina, uno de los principales exportadores mundiales de alimentos. La “utilidad pública”, requisito indispensable para expropiar, se basa en la satisfacción del interés general y del bien común. El Estado en default con su deuda externa y la crítica situación social -entre otras urgencias- indican que “el interés general” tiene hoy muchas otras prioridades.

En síntesis, “ni Venezuela ni vale todo”. Ni “boligarcas” ni “empresaurios”. Ni un Estado quebrado quedándose con el capital privado, ni empresarios quedándose con el capital del Estado. Para un capitalismo eficiente y responsable, es esencial que los empresarios operen bajo reglas de juego en donde sus éxitos y fracasos tengan directa relación con sus ganancias y pérdidas.

(*) Dueño de Morixe y presidente de Sociedad Comercial del Plata.

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