Winograd controlará grandes fusiones

Fernando de la Rúa firmó ayer un decreto que reforma la Ley de Defensa de la Competencia para «remover trabas a la actividad económica y facilitar la inversión» y explicó que la modificación a la ley se practicó por esa vía a través de las facultades especiales que el Congreso delegó al Poder Ejecutivo. Ahora sólo se analizarán las fusiones que involucren a empresas con facturación mayor a 200 millones de pesos anuales que compren otras con activos superiores a los 20 millones.

«El régimen de defensa de la competencia tiene algunos inconvenientes que perjudican la competitividad de la economía, en especial para la radicación de empresas» locales y extranjeras en el país, aseguró De la Rúa en una conferencia de prensa que ofreció en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, poco antes de partir rumbo a Roma, donde el jueves será recibido por el papa Juan Pablo II.

Prohibición

Entre los puntos contenidos en el decreto figura la prohibición sobre «las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general».

Pero, en especial, el decreto presidencial busca desregular los pasos necesario para la aprobación de fusiones o compras de empresas ya que se estaba generando con la normativa vigente hasta el viernes una congestión burocrática de 300 casos en la Secretaría de Defensa de la Competencia, con grandes demoras para los proyectos de inversión. A esa repartición, a cargo de Carlos Winograd, de hecho se la pasa a denominar también de «desregulación», en línea con el decreto firmado ayer.

«Se trata de hacer un sistema más parecido al de Estados Unidos, concentrado en los casos más relevantes, y acelerar el proceso de inversiones», dijo Winograd ayer a este diario.

Lo que usualmente se criticaba en medios empresariales sobre la normativa anterior son los extensos trámites burocráticos en el Ministerio de Economía y, de la mano de ellos, las sospechas de que se generen «peajes» o hechos de corrupción para la aprobación de los mismos.

Ahora se analizarán los casos de empresas grandes (facturación anual superior a $ 200 millones) que compran o se fusionan con otras cuyo valor de activos debe ser superior a los $ 20 millones para requerir la autorización oficial. Nada hubiera cambiado con la nueva ley con grandes casos como los del Correo Argentino, Endesa y la desinversión de Repsol-YPF, ya que el cambio apunta a los que poseen montos menos significativos de facturación.

Precisamente con este primer avance en la desregulación para atraer inversiones, Domingo Cavallo se presentará ante empresarios norteamericanos mañana, en su primer contacto en Estados Unidos con grandes inversores desde que asumió al frente del Ministerio de Economía.