Ya pueden usar para la obra pública al Nación

Mercedes Marcó del Pont

El Banco Nación ya puede financiar con sus depósitos proyectos relacionados con la obra pública. El Banco Central divulgó el contenido de la Comunicación «A» 4.838 en la cual, tal como anticipó Ambito Financiero, se crea un esquema de inversión en fideicomisos para que las entidades puedan invertir en obras relacionadas con servicios públicos.

Pero si bien la normativa tiene carácter general, sólo sería utilizada, al menos en una primera etapa, por la institución que preside Mercedes Marcó del Pont.

Nadie sabe, o al menos no lo revelan, qué monto estaría dispuesto a invertir en estos fideicomisos el Nación, pero la cifra no bajaría de los $ 5.000 millones y podría llegar a $ 10.000 millones.

Sería una herramienta fundamental para que continúe la obra pública, pero sin que impacte en el nivel de gasto del gobierno. En julio, por ejemplo, hubo un menor crecimiento del gasto público, pero a costa de disminuir el pago de obras en marcha, lo que ya está generando fricciones con contratistas.

El Nación cuenta con aproximadamente $ 30.000 millones de depósitos del sector público. Pero una parte importante permanece ociosa o se dirige a la compra de títulos que emite el Banco Central.

La entidad que preside Martín Redrado modificó las normas relacionadas con el «financiamiento al sector público no financiero». Así, autoriza a los bancos a suscribir certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos financieros destinadosa obras de infraestructura,«declarados como críticoso de interés público».
Para el Nación está nueva legislación resulta clave, ya que tenía vedada la posibilidad de financiar con sus depósitos al sector público. Ahora, en la medida en que los fondos se utilicen para obra pública a partir de la intermediación de un fideicomiso, no tendrá limitaciones.

También resulta un cambio en la tendencia que venían verificando los bancos en los últimos años, con una disminución del sector público en el activo de las entidades (hoy por debajo de 30%). En la misma normativa, el BCRA autorizó a elevar el máximo previsto, ya que durante la gestión de Redrado se disminuyó el tope del porcentaje que cada entidad puede disponer para financiar el Estado.