Ya rige plazo de 5 años para negociar con las petroleras

El Poder Ejecutivo aprobó mediante un decreto de necesidad y urgencia la norma que fija un plazo máximo de cinco años para los contratos entre compañías petroleras o proveedoras de combustibles y quienes explotan estaciones de servicio. El decreto, que apareció ayer en el Boletín Oficial, eleva el plazo a 8 años en el caso del establecimiento de una nueva estación.

El gobierno dictó esta medida por un decreto de necesidad y urgencia que lleva el número 1.060, porque por tratarse de una medida que afecta a contratos entre particulares en una actividad que está desregulada, debió ser motivo de una ley.

La iniciativa fue anunciada hace dos semanas por la Secretaría de Defensa de la Competencia, y se fundamenta en el «valor crítico» alcanzado por el precio internacional del crudo y la necesidad de adoptar «urgentes medidas a fin de atenuar el perjuicio que ocasiona al interés económico general.»

Límite

El decreto también establece que las compañías petroleras no podrán ser propietarias de un porcentaje superior a 40% del total de la red de estaciones que comercializan las marcas que sean de su propiedad.

La medida fue recibida de distintas maneras por las empresas petroleras. Para Esso se está introduciendo una regulación en un mercado que está desregulado desde 1991 y, en consecuencia, se observa al decreto como un antecedente peligroso. Según esa empresa, además, el decreto derivará en desinversión en las estaciones de servicio no propias de las petroleras porque el plazo de cinco años es muy breve para amortizar la inversión que requiere la modernización y la actualización tecnológica de los surtidores.

Por el contrario, según las autoridades de Repsol-YPF, la decisión oficial no afecta a la empresa, aunque admitió que perjudicará a los estacioneros porque tendrán que repagar el financiamiento para las instalaciones en plazos más cortos. Asimismo, el grupo español anunció que proyecta ampliar la cantidad de estaciones propias de 10% en la actualidad a 25% en el 2005, por lo que, afirmó: «Se encuentra muy lejos del límite impuesto por el gobierno».

El proyecto de Repsol de aumentar el número de estaciones propias va en sentido opuesto a lo que busca el decreto, por lo menos en apariencia. Al fijarse un límite de 40% para las estaciones propias de las petroleras cuando actualmente ninguna supera 12% de surtidores de su propiedad dentro de la red, se dejó abierta la posibilidad a proyectos como el de Repsol, aun cuando ésta ya tenía por lo menos enunciado el plan desde que compró YPF.

La expectativa declarada en los fundamentos del decreto y explicitada por el secretario de Defensa de la Competencia, Carlos Winograd, es crear condiciones más favorables para el ingreso de firmas independientes a la comercialización minorista (estaciones blancas) y la formación de un mercado mayorista, integrado por empresas independientes de las petroleras con mayor poder de mercado.

Apertura

Según Winograd, era necesario quebrar la tendencia de los últimos dos años en que los contratos entre petroleras y estaciones empezaron a hacerse por plazos de hasta 15 años. En su opinión, como en el próximo año, vence una cantidad importante de contrataciones, y como éstas se harán en lo sucesivo por cinco años, se abre la posibilidad de que petroleras que nunca operaron en la Argentina, como Texaco, se interesen por el mercado al tener un volumen potencial de estaciones a contratar.

Equipamiento

En principio, sin embargo, la consecuencia podría ser que las demás petroleras instaladas en el país sigan la misma política de Repsol-YPF, porque por una cuestión de mercado ninguna quiere comercializar sus productos y su marca en estaciones que no estén equipadas adecuadamente.

El decreto fija también un plazo de 30 días para que la Secretaría de Energía dicte los mecanismos de monitoreo de calidad de los combustibles que se comercializan en las estaciones de todo el país, estableciendo mecanismos de certificación de calidad y sanciones en caso de que se venda producto adulterado. En este punto, no queda claro cómo hará la Secretaría de Energía con el escaso personal con que cuenta para controlar el combustible vendido en más de
6.000 estaciones y con cuánta periodicidad lo hará.