A la espera de reforma, la Corte reflota pesquisa de Embajada

Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda

La Corte Suprema de Justicia le requirió ayer al Gobierno la desclasificación de todos los archivos de inteligencia referidos a la investigación del atentado a la Embajada de Israel en 1991. Los efectos colaterales del último cruce entre Cristina de Kirchner y Ricardo Lorenzetti, ocurrido hace un mes, todavía repercuten en la agenda del máximo tribunal. Al igual que en el caso de la AMIA, los ministros aspiran a resolver expedientes incómodos y que generan fricciones en los tribunales y en la propia Corte. Movimientos que en el cuarto piso del Palacio de Tribunales ya se realizan bajo la noción de que el kirchnerismo duro está decidido a reformar la composición cortesana y a promover a los conjueces de la Corte votados por el Senado.

El planteo sobre los archivos de la causa de la Embajada era interpretado ayer en el oficialismo como una suerte de logro discursivo ya que ese requerimiento, luego de años de que el expediente esté bajo la órbita de la Corte, vendría a confirmar una supuesta falta de gestión en esa pesquisa. Es el mismo inconveniente que desde hace una semana el Gobierno tiene con el caso AMIA, donde se señala a "Jaime" Stiuso por la falta de resultados en el expediente. No por nada el abogado del exespía siempre recuerda en sus escritos todas las atribuciones que este obtuvo durante la administración del kirchnerismo.

Más allá del pedido, ya es conocido que es poco y nada lo que se podría detectar en esos archivos porque en 1991 la investigación de ese atentado se adjudicó a un grupo de espías de la SIDE que previamente tenían por tarea monitorear a la propia comunidad judía. El perfil ideológico del grupo hace fácil prever los resultados que tuvieron o la falta de éstos.

Mientras tanto, ayer en la Corte los contactos giraban en torno a la respuesta del tribunal que debe organizar el juicio por supuesto encubrimiento del caso AMIA. Los jueces señalaron una supuesta falta de cooperación desde la Corte y afirmaron que ese proceso recién puede iniciarse en 2016. Las reacciones fueron inmediatas y la incógnita en la Corte era sobre si el secretario general Alfredo Kraut, principal enlace con el tribunal de Comodoro Py, había previsto una respuesta tan dura. Para tener en cuenta: cuando los representantes de la organización Memoria Activa abandonaron el acto de apertura del año judicial en la Corte fue Kraut quien los convenció de retomar el estilo conciliador para organizar el encuentro con Lorenzetti a partir del cual el justice pidió celeridad en dicho proceso. Kraut quedó en una situación tan incómoda como la del secretario de Derecho Penal Esteban Cannevari, formalmente a cargo de la pesquisa del atentado a la Embajada.

La relación de la Corte con el Gobierno vuelve a exhibir escenarios de tensión. El pasado martes el tribunal emitió un fallo en apariencia ordinario, pero cuyo sentido final resultó estimulante para el sindicalismo: la Corte, que en los últimos años orientó sus fallos hacia la libertad de afiliación, ahora decidió ampliar las facultades procesales de aquél en materia de encuadramientos convencionales.

El máximo tribunal fijó un antecedente que ahora les permite a los gremios auspiciar demandas colectivas por aquellos empleados que supuestamente estarían mal encuadrados en sus respectivas empresas. El fallo genera por estas horas malestar en aquellas centrales con convenios taquilleros, pero también en el oficialismo, que afronta un escenario sindical complejo en plena campaña. Un dato: la secretaría a cargo del derecho laboral está bajo la órbita de Juan Carlos Maqueda.

La materia electoral progresivamente se instala en la conversación cortesana. Ya tuvieron lugar contactos para consultar sobre una probable judicialización de la elección de diputados del Parlasur. Existiría un antecedente en la Cámara Nacional Electoral en el cual se hizo hincapié en la diferencia temporal entre el sufragio y la puesta en funciones de los elegidos. Sería un disgusto para gran parte del arco político que en la última semana ha encontrado consuelo con un detalle a tener presente: la secretaria electoral del juzgado platense de Laureano Durán, María Vergara, decidió finalmente continuar en funciones. A cargo de la organización electoral durante los años de Manuel Blanco, había manifestado su interés de retirarse, aunque finalmente la convencieron de seguir. A pesar del show off, esta funcionaria, y no Durán, es la verdadera gerente de los comicios en el distrito más decisivo en términos electorales.

El trasfondo de estos avatares es el convencimiento absoluto de los justices (así se conversó en el último acuerdo) de que el oficialismo votará la ampliación de la Corte apenas fracase la postulación de Roberto Carlés en el Senado.

La percepción de que dentro de esa reforma el kirchnerismo intentará encumbrar a los conjueces de la Corte avalados por el Senado está instalada, y se vio reforzada ayer por un dato proveniente de la vocalía de Carlos Fayt: nada dice la Constitución sobre los mecanismos de integración de la Corte. Es un giro que está completamente librado a la discrecionalidad del legislador, lo cual lo hace difícil de judicializar.