Rechazo a nuevo sistema penal juvenil

El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina manifestó ayer su rechazo a la iniciativa del Gobierno para modificar el sistema de responsabilidad penal juvenil, y la calificó de “irrazonable”. El organismo es una asociación civil que congrega a las Defensorías y Asesorías Públicas de la República Argentina y en un comunicado que firmó su coordinador, Maximiliano Benítez, manifestó que “la reforma no reduciría los índices de inseguridad”. Aludió así al proyecto que contempla bajar a 15 años la edad de punibilidad.

Benítez, también titular del Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, afirmó que “el número de delitos cometidos por esta franja etaria es insignificante, tal como lo indican todas las estadísticas”.

La baja de edad de punibilidad “afecta a los principios de mínima intervención, de última ratio y viola los principios de progresividad y no regresividad” y por eso “no reduciría los índices de inseguridad” agregó la Asociación Civil y en cambio propuso “dar cumplimiento a los derechos económicos, sociales y culturales” ya que “la mayoría de los sistemas provinciales de protección de derechos encuentran serias dificultades para dar cumplimiento”.

El Consejo Federal de Defensores y asesores recordó ade- más que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación “creó una comisión para analizar el tema y concluyó que corresponde mantener la edad de punibilidad en los 16 años”.

“El contacto temprano con la ley penal no es recomendado por la criminología nacional e internacional”, agregó la organización en el escrito en el cual manifestó su rechazo a un cambio en el régimen penal juvenil.

Finalmente, resaltó que el Comité de los Derechos del Ni- ño de Naciones Unidas “exhortó al Estado nacional” a que las leyes “no incluyan disposicio-nes que aumenten las penas o reduzcan la responsabilidad penal” de niños, niñas y adolescentes.

El Consejo se creó formalmente en 2015 con el objetivo de “diseñar acciones para avanzar en el fortalecimiento institucional de la Defensa Pública y contribuir a su total emancipación respecto de otros Poderes del Estado”.