Allanamiento insólito: había remedios vencidos bajo tierra

El juez Norberto Oyarbide arrestó ayer a otro empresario supuestamente vinculado a la adulteración y venta ilegal de medicamentos, además de allanar 18 establecimientos en lo que incluso encontraron un escondite subterráneo de remedios.

El juez Norberto Oyarbide detuvo ayer al empresario Jorge Arbía, dueño de un depósito en Mataderos, quien tendría vinculación con Néstor Lorenzo, procesado en la causa que investiga la presunta adulteración y venta ilegal de medicamentos contra el cáncer y el HIV a obras sociales sindicales. Fue durante uno de los 18 allanamientos simultáneos ordenados ayer por el magistrado, quien además pidió al fiscal que impulse la indagación contra los imputados por presunto lavado de dinero.

Oyarbide señaló en declaraciones a la prensa sobre los allanamientos de ayer que «se pudieron encontrar unos papeles utilizados por Lorenzo para canalizar el dinero procedente de las obras sociales». Esta documentación generó «la necesidad de que le dé una nueva intervención al fiscal para que investigue si hay lavado de dinero», indicó el juez. A Lorenzo, titular de las droguerías San Javier y proveedor de medicamentos a varias obras sociales, se lo acusa de presunta defraudación al Estado por una suma que podría ascender a los $ 600 millones.

Grabaciones

El fiscal Luis Comparatore pidió, por su lado, ayer al juez que prohíba la salida del país del ahora ex funcionario de Salud bonaerense Alberto Costa, quien fue relevado de su cargo el lunes pasado, debido a su presunta vinculación con la causa. Ese día a la mañana, Oyarbide había revelado que existían grabaciones telefónicas «muy comprometidas» entre Lorenzo y el ex subsecretario de Control Sanitario de la provincia.

La causa se inició a raíz de denuncias por suministro de medicamentos adulterados, con sospechas de haber sido robados o troqueles vencidos, que fueron unificados en una megacausa que tiene como ejes de la pesquisa a Lorenzo y la Obra Social de la Asociación Bancaria (OSBA). Las derivaciones del caso, sin embargo, no dejan de extenderse: por un lado, en relación con el triple crimen de General Rodríguez (supuestamente vinculado al tráfico de efedrina), por las relaciones comerciales entre uno de los asesinados, Sebastián Forza, y Lorenzo. El fiscal de esa causa, Juan Bidone, ya pidió que se lo llame a declarar.

Por otro lado, la investigación de Oyarbide reactivó la causa por las supuestas irregularidades en el financiamientos de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner, sobre la que la jueza María Servini de Cubría ayer tomó medidas (ver aparte). Esto se debe a que Oyarbide encontró durante un allanamiento en diciembre pasado en el domicilio de Lorenzo fotocopias de cheques con aportes electorales firmados por Carlos Torres, socio del titular de San Javier, quien habría aportado $ 710 mil, y César Pose, quien habría donado $ 310 mil y sería un conocido de Lorenzo. Ambos ya son investigados por presunto lavado de dinero, junto con Gabriel Brito, quien habría firmado un cheque para esa campaña por $ 310 mil, en representación de Global Farmacy.

«Hay depósitos increíbles por el volumen de los medicamentos, todos vencidos», agregó ayer Oyarbide y precisó que los participantes de la maniobra habían intentado ocultar los medicamentos bajo tierra, «pero se los encontré».

Recolección

La Policía también informó que en los 18 establecimientos allanados, 12 en la Ciudad de Buenos Aires y 6 en territorio bonaerense, se recolectó una importante cantidad de medicamentos vencidos, medicamentos importados ilegalmente, de contrabando, y remedios robados. Especialmente en el depósito ubicado en Albariños 1300, que pertenecería al arrestado Arbía, donde además se secuestraron elementos para adulterar esos medicamentos, que se les cambiaban la fecha y se los introducía nuevamente en el mercado legal.

Oyarbide ya dispuso nuevos allanamientos en la Capital, así como planea interrogar a Lorenzo, quien ya fue liberado y todavía no tiene fecha para presentarse a declaración indagatoria. El juez, además, ya amplió su investigación hacia otras obras sociales, como las de los sindicatos de Obras Sanitarias porteña y la de Correos y Telégrafos, y de la UTEDYC, que también habrían comprado medicamentos a San Javier, entre otras droguerías que estarían vinculados a la llamada «mafia de los medicamentos».