El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) presentó su Agenda 2025-2030 denominada “Un salto al desarrollo”, un documento que se describe como el resultado de siete años de trabajo y cuyo objetivo es “ordenar cuáles deberían ser las prioridades en la agenda del Uruguay en el próximo quinquenio”, a las puertas de un nuevo año electoral en el país. Ámbito dialogó con Agustín Iturralde, director ejecutivo del CED, sobre las principales propuestas esbozadas en esta agenda.
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ámbito uruguay “El manejo fiscal será uno de los desafíos más grandes para el próximo gobierno”
El director del CED se refirió a los retos y oportunidades en las reformas que debería hacer Uruguay para ser un país desarrollado y señaló que “el rol de los políticos no es ir siempre detrás de lo que quiere la gente”.
“De alguna forma estamos ante una disyuntiva, donde perfectamente podemos tomar un camino de acelerar reformas, de seguir perfeccionando nuestras instituciones, de seguir reformando cosas pendiente y avanzar con más claridad hacia otro estándar de desarrollo; o perfectamente puede pasar lo opuesto, que es lo que pasó en Chile, de estancamiento económico”, explicó Iturralde sobre los motivos que llevaron a la confección de este “documento muy breve” que expone la agenda que, desde el CED, entienden como necesaria para lograr que Uruguay sea “el primer país desarrollado de América Latina”.
“En principio, los cinco años que vienen no van a ser particularmente buenos, van a ser moderados, lo que hace más necesario tener claridad de ideas y coraje político para avanzar en esa dirección”, añadió el director del centro.
Periodista: La agenda expone varias propuestas. ¿Cuáles son las más importantes o que deberían abordarse primero?
Agustín Iturralde: Lo que nosotros ponemos ahí es lo que vemos que en esta etapa del Uruguay debemos y podemos hacer. El orden dependerá de los políticos, nuestro aporte es tratar de poner ideas claras en esa discusión en la que quienes después tengan que implementar esto verán que sí y que no se puede hacer, qué es viable. Algunas cosas capaz que nos quedan un poco más lejos y vendrán después. Hay algunas cosas que son más obvias: el tema de la apertura económica y el retraso que tenemos en esa materia; el Mercosur; seguir trabajando en la estabilidad macro y en la baja de la inflación. Después hay una agenda que no es tan obvia pero que viene entrando a la agenda pública con fuerza, que es la agenda pro competencia. Porque Uruguay es un país caro para vivir y es un país caro para producir, y nuestra hipótesis es que esto pasa porque en muchos mercados tenemos bajos niveles de competencia.
P.: El déficit es señalado como uno de los problemas actuales, y ya se advierte que la próxima administración asumirá con una situación fiscal deteriorada. ¿Cómo ven este tema en términos de condicionamiento para avanzar en determinadas reformas y en la redistribución del presupuesto?
A.I.: El próximo gobierno va a volver a ingresar con una situación fiscal compleja, veremos cómo evoluciona el año que viene, que puede haber también alguna sorpresa positiva. Además, si bien los fiscal no va a ser holgado para nada, sí va a ser sustancialmente mejor el riesgo país y las condiciones de toma de crédito. De todos modos, hay espacio para tener un Estado más eficiente en varios sentidos, pero en uno en particular, que es que tenemos muchas actividades que son hechas por varios organismos independientes, con tareas asimilables. Lo que proponemos es la posibilidad de fusionar organismos del Estado para darle más potencia a las acciones, además de la búsqueda de otras fuentes de recursos que no podrán implicar la suba de impuestos.
P.: Las partidas presupuestarias y el gasto están asociados también a la gobernabilidad y a la votación de ciertas leyes, ¿esto puede condicionar también el margen del próximo gobierno para la implementación de las reformas?
A.I.: De cara al próximo gobierno, creo que sí, y es lo que pasó en este gobierno. El ejemplo más claro es la reforma de la seguridad social, que era para ahorrar u$s1.500 millones y terminó generando 100.000, ¿por qué? Porque en el camino fueron quedando prendas. Eso es una dificultad de gobernabilidad que va a existir, es evidente, por eso me parece clave que la claridad de ideas esté en el primer año. Hay algún escenario en que se puede pensar en una mayoría parlamentaria, pero creo que es el menos probable, por lo que hay que reconstruir y esas construcciones siempre son endebles. El primer año es el momento en el que tenés que tratar de procesar esas cosas más difíciles, ponerlas en la mesa y avanzar. El manejo fiscal va a ser de los desafíos más grandes que va a tener el próximo gobierno, que no va a arrancar con las cosas fáciles; que va a tener cinco años que en principio no van a ser maravillosos desde el punto de vista de las condiciones internacionales; y que siempre hay un manejo de poder y de temas populares a través de los recursos. En esto es donde hay que profundizar más allá de lo que proponemos en el documento.
P.: Uruguay se caracteriza por su institucionalidad, pero los sectores políticos piensan diferente sobre algunas cosas. En ese sentido, y ante la posibilidad de que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno en 2025, ¿ven factible que las reformas que proponen?
A.I.: Es difícil de saber. Si yo me guío por lo que hemos visto de las bases programáticas, me resulta difícil imaginarlo. Es difícil saber qué mirada va a terminar predominando en el Frente Amplio, pero por lo que uno viene viendo de la discusión más orgánica, no veo cosas cercanas a esto, si bien hay cosas en que estamos todos de acuerdo, como en la parte social. Todos los partidos tienen la obligación de tratar de imponer claridad a la discusión, de transportar ideas claras y de marcar cuál es la agenda. Lo bueno que ha pasado en Uruguay es que casi todos los gobiernos han hecho algo relevante que el que vino después no lo cambió. Y cuando los gobiernos han hecho
algunas cosas importantes, bueno, al próximo le toca hacer algo, ¿no?.
P.: Ustedes hablan de reformas “no necesariamente populares”, y muchas de esas ideas se discuten a nivel regional y mundial, que no tienen resultados inmediatos. ¿Qué pasa si la gente ve, en el corto plazo, un deterioro de sus condiciones socioeconómicas?
A.I.: Uruguay ha sido capaz de procesar cosas difíciles. El ejemplo perfecto hoy en día es el tema de la reforma previsional, que es mucho más incómodo para la oposición que para el gobierno, contrariamente a lo que se vaticinó no supone un costo político. En su momento, si uno se dejaba llevar por las encuestas y preguntaban “¿usted quiere trabajar hasta los 65 o hasta los 60?”, que era la parte claramente más polémica de la reforma, la mayoría quería trabajar hasta los 60. El rol de los políticos no es siempre ir atrás exactamente de lo que quiere la gente. Hay que ir conduciendo sin apartarse de las preferencias sociales, pero con la capacidad de tomar decisiones.
Entrevista de Sofía Moure
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