Apelaron otro fallo por Ley de Radiodifusión

La Procuración del Tesoro de la Nación apeló ayer ante la Corte Suprema de Justicia un fallo que suspendió la aplicación de un artículo de la nueva Ley de Radiodifusión.

El planteo se refiere al recurso de amparo que inició a fines del año pasado el Grupo Clarín y que objetó dos artículos de la nueva normativa. El juez de primera instancia en lo Civil y Comercial Edmundo Carbone hizo lugar a la demanda y suspendió de manera provisoria los dos puntos de la ley objetados. La Cámara en lo Civil y Comercial rechazó el primer punto de este fallo, pero ratificó la medida cautelar sobre el artículo 161, que se refiere al plazo de un año que tienen las empresas de multimedios para desprenderse de señales que sean incompatibles con la nueva disposición. EL procurador, Joaquín Da Rocha apeló ayer ante la Corte este último punto.

En el recurso, Da Rocha invocó la «gravedad inconstitucional» que genera la suspensión de la ley como argumento para que la Corte se aboque a su tratamiento, así como sostuvo nuevamente que la nueva normativa no es materia justiciable.

Estos argumentos ya fueron sostenidos por el procurador del Tesoro en otro fallo que suspendió la nueva Ley de Radiodifusión y cuya apelación ya fue aceptada por el máximo tribunal. Se trata del recurso de amparo iniciado por el diputado cobista del PJ disidente de Mendoza, Enrique Thomas. quien objetó el tratamiento parlamentario de la normativa.

La demanda de Thomas es la clave para destrabar la aplicación de la nueva ley, ya que, en lugar de suspender uno o dos artículos debido a amparos iniciados por determinada empresa, el fallo de la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal suspendió toda la disposición. Así, toda la ley de Radiodifusión quedó paralizada.

La apelación del Gobierno llegó a la Corte, luego de que la Cámara Federal de Mendoza confirma esta resolución, en medio de denuncias cruzadas con el oficialismo por supuestas presiones. Si bien el máximo tribunal no se pronuncia en general sobre casos que no tienen sentencia definitiva, en esta oportunidad hizo lugar al planteo del Gobierno debido a la gravedad institucional que genera la demanda.

El caso Thomas es fundamental por una serie de razones: en primer lugar, sienta un fuerte precedente de la Corte respecto de la nueva normativa, que podría luego afectar planteos similares como el que tramita en la Cámara Federal de Salta, una demanda casi análoga iniciada por la diputada opositora Zulema Daher.