Arranca guerra por cambiarle la letra al proyecto del PRO

Diego Kravetz

El macrismo se vio ayer en un brete cuando los jefes de las bancadas opositoras le requirieron el proyecto que pide el juicio político a Mauricio Macri, durante la reunión de Labor Parlamentaria, con la idea de votar sobre tablas -como ocurrió (ver nota aparte)- una preferencia para tratarlo el 12 de agosto próximo y no lo tenían. Es que el oficialismo debió acusar al mandatario para poder sostener la jugada política de someter al jefe porteño a la investigación de los legisladores. El proyecto llegó a las 15 desde el Ejecutivo, escueto y con fundamentos que le atribuyen a la oposición una «supuesta crisis política».

Ahora, ese proyecto y todos los que el oficialismo rechazó el martes pasado (comisiones investigadoras especiales, citación a Macri, giro de la causa judicial y juicio político) comenzarán a debatirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales que condu-ce el radical PRO Martín Ocampo. Será el lunes 2 de agosto o, a más tardar, el martes siguiente.

Allí la oposición ya piensa rechazar la redacción de la iniciativa macrista y arrancará una guerra de fundamentos y también de objetivos del propio juicio que podrían terminar o bien rechazando el inicio del proceso y a cambio abrir la comisión investigadora especial que propone Elisa Carrió a través de sus legisladores, o bien aceptar el juicio político, pero con otro eje.

En su proyecto de resolución, el PRO pide la iniciación del juicio político «a los efectos de establecer» si Macri «ha incurrido en alguna de las causales previstas en el artículo 92 de la Constitución de la Ciudad respecto de los hechos que son objeto de investigación en el expediente Nº 12.466/09 que tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 de la Capital Federal». Así refiere a la posibilidad de acusarlo por mal desempeño en sus funciones o delito en el marco de la causa por escuchas ilegales en la que fue procesado en dos instancias supuestamente por consentir que una matriz de espionaje se montara en su administración.

Luego pide la convocatoria de la Sala Acusadora, que conforman 45 diputados y donde el PRO tiene 19 propios, en cinco días de aprobada la iniciativa.

Pero uno de los temas que molestaron a la oposición está en los fundamentos del proyecto y es el que niega la existencia de una crisis.

En ese escrito se sostiene que «en definitiva, la soberanía completa de la voluntad de los electores se encuentra en cabeza del Poder Legislativo, es éste quien ejerce un control respecto de los actos del Ejecutivo» y que «para dicho control, uno de los cauces institucionales que la Constitución establece es la formación de causa de juicio político, tanto para el jefe de Gobierno como para otros funcionarios». Pero aclara que «en este caso en particular, a partir de una denuncia penal» se procesó al jefe de Gobierno y consideran que «debe realizarse una investigación profunda de los hechos referidos en la causa penal, a los fines de poder encontrar la verdad de lo sucedido». Para la oposición, esa propuesta consistiría en otro ardid macrista, como sería revisar lo ya actuado por el juez Norberto Oyarbide y ratificado por la Cámara Federal, mientras lo que buscan los rivales al PRO es establecer si por esas sospechas de la Justicia, además, Macri es responsable político y debe dejar el cargo.

El PRO finaliza la redacción del proyecto diciendo: «Entendemos que como remedio institucional y político a la supuesta crisis denunciada por la oposición, el jefe de Gobierno debe someterse a este proceso que instruirán los legisladores», párrafo que el antimacrismo refutó durante la sesión en la cual (ver nota aparte) hubo diversas opiniones sobre cuánto afecta el procesamiento de Macri a la actividad de su Gobierno y la Legislatura ya entregada casi en exclusividad a resolver sobre el procesamiento del jefe de Gobierno porteño.