Atuel: sin acuerdo, a pasos de fin de tregua judicial

En un intento de acercar posiciones en el conflicto entre La Pampa y Mendoza por el manejo del río Atuel, antes de que expire el martes una tregua judicial de 90 días, el Gobierno nacional propuso un esquema de obras para la cuenca de ese estratégico curso de agua compartido por unos $ 700 millones.

Sin embargo, el Gobierno del justicialista pampeano Carlos Verna rechazó esa ingeniería, por entender que no cumple con el restablecimiento del caudal mínimo ecológico, ordenado el máximo tribunal nacional para hacer frente al impacto en tierra pampeana de la merma de agua.

Desde despachos de La Pampa no ahorraron críticas. "Pasaron 300 días para que nos presenten una propuesta que no recompone el ecosistema; y han pasado 300 días en los que, ante la inacción política del Estado nacional, el ecosistema del noroeste de La Pampa se ha seguido degradando y hoy estamos peor que el 1 de diciembre, cuando se dictó la sentencia de la Corte", aseguró el procurador general, Hernán Pérez Araujo, uno de los integrantes de la delegación.

Desde la vereda cuyana, en tanto, el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, remarcó que "Nación hizo la presentación de su propuesta para la solución del conflicto del río Atuel" y que "coincidió con la posición de Mendoza".

La oferta nacional fue oficializada el miércoles, en una reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Inferior (CIAI). Al convite -que se desarrolló en la sede del Consejo Hídrico Federal- asistieron el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartua, y el director de Política Hídrica y Coordinación Federal, Ricardo Ferreyra.

La pulseada fue, en los hechos, un intento de cerrar un entendimiento entre Verna y el mandatario mendocino, el radical Alfredo Cornejo, antes de que expire el plazo -el próximo martes- definido por la Corte para arribar a un acuerdo.

De no arribar finalmente a un entendimiento, una posibilidad hoy bastante probable, el máximo tribunal tendrá la última palabra. "De no alcanzarse ninguna solución acordada por las tres jurisdicciones,esta Corte definirá el curso de acción ulterior", sostuvo a fin de mayo, cuando abrió este último espacio de 90 días para la negociación.

Por de pronto, en la reunión del miércoles Bereciartúa destacó el compromiso de inversión de Nación para obras hídricas en la región por $700 millones; la incorporación de dos sensores de medición de caudal y calidad de agua en tiempo real y el reemplazo de otros cinco, y el establecimiento de un caudal mínimo de 2,2 metros cúbicos por segundo.

"La propuesta de Nación parte de una premisa falsa y errónea, que es plantear la posibilidad de recomponer el ecosistema del noroeste de La Pampa sin fijar un caudal hídrico ecológico como ordenó la Corte", dijo Pérez Araujo, y recordó que su provincia reclama un caudal de 4,5 metros cúbicos por segundo.

En rigor, la propuesta de La Pampa apunta a que, de manera inicial, se determine un caudal de 3,4 metros cúbicos por segundo mínimo -que no es el caudal apto, dicen, que necesita el Atuel para reconstituir el sistema-, sin la realización de ninguna obra. Y a que, en el plazo de 12 meses, se escale a los 4,5 metros cúbicos por segundo, vía la ejecución de obras en las que -sostuvo Pérez Araujo- "podamos ponernos de acuerdo las tres partes".

Por su parte, Mendoza actualizó el miércoles su propuesta de obras, presentada en mayo. "Entendemos que es una propuesta en la que han ajustado algunos costos y han incluido algunas obras propuestas por La Pampa; habla del trasvase del río Grande al Atuel como la obra fundamental para dar solución a este conflicto, obra que nosotros entendemos que no puede ser tratada en el ámbito de la CIAI por la carencia de competencia", contraatacó el Procurador general pampeano.