Auditoría complica más a operador de terminal de micros de Retiro

Un duro informe de la Auditoría General de la Nación que se firmó la semana pasada y se hará público en pocas horas denuncia las deficiencias de operación de Terminal de Micros de la Capital Federal y la imposibilidad de sostener la concesión para el manejo que tiene allí la empresa TEBA SA, propiedad de Néstor Otero acusado de haber pagado el alquiler de departamentos que habitó Ricardo Jaime, causa elevada a juicio oral. El informe de la AGN, que fue firmado por unanimidad del Colegio de Auditores (kirchneristas y radicales) y cuenta con el visto bueno de Leandro Despouy, el presidente del organismo, también cuestiona por deficientes los controles de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Falta de control y registros deficientes en los ingresos por alquileres de locales, incumplimiento de los compromisos de obras, inconsistencias en los registros contables y hasta problemas para que los auditores accedan a todas las instalaciones son el lenguaje que se repite en este informe que fue supervisado por la comisión que controla la auditora general Vilma Castillo.

En este punto comienzan algunas diferencias con informes anteriores. Castillo no sólo integra la AGN como auditora por el oficialismo sino que es identificada por todos como la funcionaria de confianza de Cristina de Kirchner en ese organismo.

TEBA SA, además de pasar a la fama pública por su rol de operadora de la terminal de micros de Buenos Aires, suma a su currículo la de Mar del Plata y, hace menos de dos años la terminal de San Rafael en Mendoza. En ese caso hubo curiosidades en el otorgamiento de la concesión que aún alimentan charlas de café en esa ciudad mendocina. La construcción de la terminal se hizo con fondos aportados por la Nación a través del Ministerio de Planificación Federal. Luego vino el concurso para la concesión y poco después TEBA inauguraba la nueva estación de micros de la ciudad con el nombre "Presidente Néstor Kirchner". Ese proceso se complicó cuando Otero, dueño de TEBA, fue procesado en la causa donde se lo acusa a Jaime de recibir dádivas de empresas que aparecían pagándole el alquiler de un departamento en la calle Cerrito 1518, donde el funcionario vivió entre 2003 y 2007, y otro en Av. del Libertador 654. El instructor de esa causa fue Norberto Oyarbide y a pesar de que los abogados de Otero presentaron pedidos de nulidad sobre las pruebas, el expediente y sus acusados fueron elevados a juicio oral.

El informe de la AGN no sólo muestra claramente la inexistencia de defensa alguna para Otero como dueño de la concesión, sino también para Jaime. Así, el voto de todos los oficialistas a favor de los cuestionamientos es revelador. "Alguien esta soltando manos", se insinuaba en los pasillos de la AGN.

Los textuales de la presentación del informe abundan en pruebas en ese sentido: 

"El concesionario ha incumplido el régimen de ejecución de obras y trabajos establecido en el pliego

Se detectaron "falencias en la gestión que realiza el concesionario y en el control que ejerce la Comisión Nacional de Regulación del Transporte en relación con los contratos de alquiler de módulos de boleterías, depósitos de encomiendas y locales comerciales"

Esas "debilidades, tornan dificultosa la convalidación de los ingresos obtenidos por el concesionario por dicho concepto", dice la AGN y avanza con una sentencia: "Los resultados que arrojan los estados contables de TEBA SA permiten apreciar la falta de sostenibilidad de la concesión en el mediano y largo plazo".