Un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General de Diputados continuará el próximo miércoles con el análisis del proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se establece responsabilidad penal para las personas jurídicas cuando éstas cometan delitos contra la administración pública. Más allá de la reunión, los integrantes de las comisiones avanzaron en los últimos días en un borrador que abarcó varias de las observaciones volcadas por especialistas, diputados de los bloques opositores e incluyendo al mismo oficialismo, según reveló la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos. Los posibles cambios al proyecto original fueron consensuados la semana pasada con la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien visitó distintos despachos de diputados oficialistas para analizar cuestiones como la posibilidad de que el "programa de integridad" se convierta en sólo un atenuante, o que en todo caso sí actúe como eximente de la pena, pero con ciertos límites.
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"No querían que la ley fuera sólo para cumplir con la OCDE. Quieren que realmente tenga sentido y para eso no debe haber tantas ventajas para las empresas" se dijo en el interbloque oficialista.
A esta modificación se sumaría otra relativa al régimen de colaboración de las empresas que, mediante una figura similar a la del arrepentido, permite que puedan aportar información a cambio de ver reducidas las multas de un tercio a la mitad.
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