16 de noviembre 2009 - 00:00

Bachelet acusa a Perú de inflar el caso de espionaje

Pese a los conflictos fronterizos, Michelle Bachelet y Alan García han mantenido una buena relación personal. La crisis por el supuesto espionaje chileno a Perú irrumpió con fuerza en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Pese a los conflictos fronterizos, Michelle Bachelet y Alan García han mantenido una buena relación personal. La crisis por el supuesto espionaje chileno a Perú irrumpió con fuerza en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Lima y Singapur - Deslizando sospechas sobre una especulación del Gobierno peruano para desatar la crisis sobre un supuesto espionaje chileno, el Ejecutivo de Michelle Bachelet buscó bajar el tono a la revelación de un caso de espionaje de su país en las entrañas del poder en Lima.

Casi como única reacción hasta el momento, luego del aparente hallazgo de elementos que probarían el envío de información altamente sensible desde Lima a Santiago, Chile acusa al mandatario de Perú de sobreactuar la reacción y de demorar la difusión pública de la denuncia, que derivó en un pequeño escándalo en la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que se lleva a cabo en Singapur.

La base de la sugerencia chilena es que el suboficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Víctor Ariza Mendoza, acusado de espionaje en favor de Chile, está detenido desde hace 16 días y no desde el jueves, cuando se hizo público el caso, según fuentes extraoficiales que citó la prensa peruana.

El caso agitó todavía más la conflictiva relación entre los dos países, plagada de desconfianza y de un nacionalismo exacerbado. «Cuando salí electa, mi intención era tener la mejor relación con todos los países vecinos. Me hubiera gustado poder tener una situación de esa naturaleza con Perú», afirmó ayer Bachelet, quien fue previamente ministra de Defensa, durante la gestión de Ricardo Lagos (2000-2005). La mandataria chilena también reprochó la actitud de García por crear polémica en un foro internacional. El peruano, apenas trascendió en la prensa el caso de espionaje, decidió cambiar la agenda de su gira por Asia en la que iba a participar de la APEC, por lo que adelantó su retorno a Lima para recabar más información. El ministro de Relaciones Exteriores peruano, José Antonio García Belaunde, dijo que García estaba «indignado», y de paso canceló una reunión bilateral con Bachelet al margen de la cumbre de Asia. García Belaunde dialogó en Singapur con su par de Chile, Mariano Fernández, para hacerle conocer su molestia, y calificó el presunto espionaje como «bastante inamistoso y ofensivo contra el Perú».

Sin ir al fondo de la cuestión, Fernández aclaró que «lo que sucede es que no andamos haciendo alarde, ni vamos a practicar el matonaje verbal ni vamos a utilizar un lenguaje destemplado».

Las versiones de la prensa señalan que el espía Ariza habría intentado negar los cargos, pero que tuvo que aceptarlos al ser confrontado con el contenido de archivos y correos electrónicos que mantenía encriptados en su computadora personal. Le habrían sido confiscados tres discos duros, un USB y documentos, elementos que de ser probatorios lo podrían condenar a cadena perpetua por traición a la patria. Ariza le habría confesado al fiscal del caso que recibió desde setiembre de 2005 hasta u$s 8.000 mensuales por parte de supuestos contactos chilenos, a los que identificó como Daniel Márquez y Víctor Vergara. El subalterno peruano trabajó en el Departamento de Planes y Operaciones de la dirección de Inteligencia de la FAP entre 2005 y 2009, por lo que tenía a su disposición «información de todos los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, así como planes estratégicos de los tres institutos (Aviación, Ejército y Marina)». Además del «Plan Estratégico Quiñones», que describe el proceso de modernización y repotenciación de la flota de combate de la FAP, Ariza supuestamente reveló información más delicada, como el proyecto del Núcleo Básico de Defensa, cuyo objetivo es alcanzar en 2011 un nivel de operatividad de las Fuerzas Armadas para resistir una eventual agresión externa.

Agencias DPA y EFE

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