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Beder logró estatizar el Banco de La Rioja
El movimiento ayer en la Legislatura fue frenético, y la jornada finalizó con duras acusaciones entre el Gobierno local y los accionistas privados del banco en cuestión. Para la oposición, el día no pudo ser peor: ni siquiera pudo enviar la iniciativa a comisión y se enteraron recién en el recinto del texto que el oficialismo, con su amplia mayoría, quería -y pudo- sancionar.
Las acusaciones entre las partes son dos. Por un lado, la Fiscalía de Estado presentó una demanda por daños y perjuicios por supuestos incumplimientos a las disposiciones contractuales que debían honrar los privados al hacerse cargo del 70 por ciento de la participación societaria del Nuevo Banco de La Rioja SA.
El resarcimiento proyectado en base a la información que recolectó el Gobierno local se estima en 604 millones de pesos -más intereses- aunque éste sería transitorio, ya que corresponde a los períodos 2012, 2013 y 2014. El objetivo es agregar también los datos de los años anteriores para completar la demanda.
La respuesta tras la sanción de la ley no tardó en llegar. El grupo empresario -propietario del Banco de Santiago del Estero- expresó: "En lo que se refiere a subsidios que el Poder Ejecutivo otorgaba a diversas fundaciones, asociaciones civiles y cooperativas, que se depositaban en Cajas de Ahorro y generalmente eran retirados en efectivo y por ventanilla, se dispuso que a partir del 1 de mayo de 2015 debían ser depositados en cuentas corrientes y bancarizados todos esos movimientos".
En esa línea, el grupo santiagueño detalló: "En el examen de las últimas operatorias realizadas a través de cajas de ahorro, al exigir a los interesados la documentación pertinente para la apertura de las cuentas corrientes, los funcionarios a cargo de los controles internos del NBLR detectaron irregularidades con respecto a 96 entidades, a muchas de las cuales debió procederse a cerrar sus cuentas".
Además, se verificó que "20 de esas entidades habían realizado trámites cuyos antecedentes debieron ser elevados a la Unidad de Información Financiera (UIF) por existir operaciones sospechosas en el marco de la normativa de la prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo", y que "15 de esas entidades recibieron en los últimos 18 meses aproximadamente $ 570.000.000, que de ese importe se retiraron por caja más de $ 300.000.000 en efectivo".


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