Boudou apunta al juez por la conexión Ciccone

Claudio Bonadío y Ariel Lijo

Los abogados de Amado Boudou apelarán mañana el procesamiento por supuestas irregularidades en la documentación de un automóvil que fue firmado por el juez federal Claudio Bonadío. Los letrados cuestionarán el paralelismo que el magistrado realizó entre esta causa y la trama Ciccone. Por otra parte Bonadío también es apuntado por el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura. La semana pasada fue citado a indagatoria por el artículo 20. Tiene el respaldo de sus pares en el cuerpo colegiado y de los consejeros de la oposición.

Más allá del procesamiento, predecible desde el momento en el que una causa de este volumen se activa en los tribunales federales que importan al poder político, la táctica de los defensores del vicepresidente es radicalmente distinta a la de sus colegas del caso Ciccone. Mientras Diego Pirota defenestró al juez Ariel Lijo en distintas tertulias radiales, Martín Magram exhibe un perfil bajo y no objeta a Bonadío por fuera de los límites del expediente.

La apelación se enfocará en una presunta animosidad del juez para con el vicepresidente que en el procesamiento quedaría expuesta cuando el magistrado compara el caso del auto con el expediente de la calcográfica. La definición será de los jueces de la Sala II Horacio Cattani, Martín Irúrzun y Eduardo Farah.

Estos tres camaristas guardan por estos días asuntos sensibles para el oficialismo. El empresario Lázaro Báez, entre otros, está expectante sobre cómo resolverán la recusación contra el juez Sebastián Casanello en el causa en la que el magistrado lo investiga por supuesto lavado de dinero y en la que ya han sido procesados dos financistas reconocidos en los shows de la farándula.

Bonadío es cuestionado en la Magistratura desde comienzos de año, cuando el juez debió remitir un escrito explicándose sobre la prescripción de la causa Tandanor. En esa ocasión, al igual que ahora, tiene la espalda cubierta por los tres jueces que integran el organismo, los dos abogados y los legisladores opositores. El oficialismo a lo sumo podría lograr una sanción administrativa. Algo similar sucede en el caso del camarista de la Casación Eduardo Riggi, denunciado en múltiples ocasiones desde el kirchnerismo juvenil por su actuación en la causa del crimen del activista Mariano Ferreyra. Ningún intento contra el camarista tuvo éxito en la Magistratura y hace un mes Riggi ingresó a la Sala que entiende el caso Ciccone. Los ánimos en Comodoro Py son cíclicos y se puede saltar, muy rápido, de la búsqueda de un retiro elegante al desembarco en una megacausa.

El blindaje a los jueces desde la Magistratura responde también al momento político de ese gremio que en semanas tendrá comicios propios para definir a sus nuevos representantes en el cuerpo colegiado.

Todos los pronósticos son encabezados por el juez Luis Cabral, quien defiende a Bonadío, pero al mismo tiempo ha desarrollado una buena relación, casi cordial, con quienes lo acusan, como es el caso del viceministro de Justicia Julián Álvarez. El pragmatismo y la buena disposición al diálogo de Cabral entusiasma a los consejeros oficialistas. "Cuando Cabral sea consejero todo será distinto y el Consejo funcionará mucho mejor, habrá menos conflicto", explicó la semana pasada el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Franco Piccardi, en su despacho de la calle Sarmiento.

Sin embargo, esa habilidad para las relaciones públicas le resta apoyos al juez entre los sectores más conservadores de su gremio. El camarista Ricardo Recondo, actual integrante de la Magistratura, enfureció cuando hace quince días lo vio por televisión sentado en primera fila en un acto en Casa Rosada para escuchar el discurso de Cristina de Kirchner.

Al caso de Bonadío se suman los de Daniel Rafecas y Norberto Oyarbide, como para enumerar jueces con causas en el Consejo y que siguen muy de cerca el recambio que el organismo exhibirá sobre el final del año.