14 de junio 2013 - 00:00

Bs. As.: hechos tributarios para la equidad social

La política tributaria implementada durante la gestión de Daniel Scioli tuvo y tiene como meta que la contribución sobre esta materia sea distribuida equitativamente entre los habitantes. El objetivo: la progresividad para la inclusión social. Es decir, gravar de manera más fuerte a los patrimonios de más alto valor y, a la vez, a los sectores específicos de alta rentabilidad. Vayan, entonces, ejemplos concretos y comprobables:

En 2008 se eliminaron exenciones en Ingresos Brutos a las grandes empresas agropecuarias e industriales que habían recuperado rentabilidad con el nuevo modelo económico, pero manteniéndolas a más del 97% de los contribuyentes pymes. En paralelo, era necesario pedir el aporte de quienes habían recuperado la rentabilidad en esta nueva etapa y aquellos que volvían a aprovechar la productividad de la tierra más rica del país. Así, de las provincias con importancia agrícola, Buenos Aires es la única que grava a las empresas agropecuarias, y eso se debe a que estamos convencidos que de esa renta se debe volcar al resto de los sectores productivos a través de la educación, la salud y la seguridad.

Ya en 2010 (y de manera reciente, aplicado con igual diseño en Entre Ríos) introdujimos el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, cuya capacidad para lograr progresividad y equidad intergeneracional con una clara dirección hacia la igualdad de oportunidades es ampliamente reconocida. Éste recae sobre el 13% de los hogares más ricos y su recaudación también está destinada a la igualdad de oportunidades al asignarse en un 80% a la educación. A mediados de 2012 se aprobó la aplicación por primera vez en la historia argentina de un revalúo integral de la tierra rural. Esta medida reveló el verdadero valor y la verdadera riqueza del campo bonaerense, y puso en pie de igualdad la carga tributaria sobre los patrimonios, aportando $ 300 millones al conjunto de la República por el Impuesto sobre los Bienes Personales. El diseño del Impuesto Inmobiliario Rural permitió, por primera vez en décadas, otorgar progresividad y equidad en la carga tributaria, y así el incremento de la recaudación recayó sólo sobre el 40% de las partidas de mayor valor. Asimismo, se les actualizaron las alícuotas a empresas telefónicas y entidades financieras, recuperando también la gravabilidad sobre la televisión por cable, exenta desde 1999.

Ya en 2013 se aplicó el revalúo de tierras en barrios cerrados y se gravaron tanto los pools de siembra como su arrendamientos de forma diferencial. Se cambió la base imponible del Inmobiliario para que la subdivisión del patrimonio en varias unidades no fuera el motivo para pagar menos impuestos por parte del mismo contribuyente. Esta equiparación fue sobre el 9,6% de la población con mayor riqueza urbana y el 8% más concentrado de la riqueza rural.

Igual de importante fue, desde el inicio de la gestión, la decisión de introducir exenciones en el Inmobiliario Urbano a las viviendas de menor valor, para disminuir la carga sobre un sector poblacional que venía de a poco recuperando capacidad contributiva y que el modelo ubicó como centro de sus políticas de inclusión para motorizar el consumo interno.

Que quede claro: no peleamos por pelear, peleamos por hacer. Porque mejor que decir es hacer, y los hechos tributarios de Buenos Aires sólo hablan de equidad social.

(*) Ministra de Economía

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