Buitres: la Argentina recurre al "experto republicano" para interesar a la Corte

Edición Impresa

• El lunes será la última oportunidad que tendrá el país para que el tribunal de EE.UU. acepte tratar el caso

El Gobierno argentino presentará el próximo 17 de febrero ante la Corte Suprema de Estados Unidos la apelación correspondiente en la causa que enfrenta a fondos buitre, estrenando una nueva arma jurídica: la contratación del abogado norteamericano de origen republicano, Paul Clement; supuestamente experto en litigar ante el máximo tribunal de los Estados Unidos. Así lo aseguraron los abogados del estudio jurídico Cleary, Gotlieb Steen & Hamilton (CGSH) al Gobierno argentino, al afirmar que sólo con un especialista vinculado a los republicanos podría haber posibilidades que la Corte reconsidere su posición actual y analice la alternativa de tratar el juicio contra los fondos buitre.

La apelación será la última oportunidad que tendrá el país para que los jueces del máximo tribunal tomen conciencia de la importancia de sumar el caso al listado de temas que anualmente debe fallar y que hasta ahora fue rechazado por la Corte. Para esto se debe interesar a alguno de sus integrantes, ya que en este último nivel, sólo con un pedido personal de un magistrado (o varios), un caso podría ingresar en el selecto grupo de 80 casos sobre los que habrá sentencia entre mayo 2014- febrero 2015; el período anual de sesiones de ese Tribunal.

Según la recomendación de Carmine Bocuzzi, uno de los abogados de CGSH que llevó adelante hasta ahora las presentaciones de la Argentina en primera y segunda instancia (en ambas el país salió perdidoso), Clement es el hombre clave para la misión de interesar a alguno de los jueces de la Corte norteamericana.

En su currículo personal contabiliza 41 causas ante el máximo tribunal de EE.UU.; 20 de los cuales los presentó en los últimos tres ejercicios jurídicos. En 2005, fue nominado por el expresidente George W. Bush para el cargo de procurador general, en reemplazo de Theodore Olson. Profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown.

La tarea de Clement será buscar en tiempo récord una estrategia paralela a la muy lejana posibilidad de una intervención del Gobierno de Barack Obama ante la Corte. Clement comenzó a estudiar el caso argentino el 14 de octubre, en Nueva York, protestando contra la falta de tiempo para preparar algo sustentable. Aun así, es moderadamente optimista por sus contactos personales. Clement fue recomendado a Bocuzzi por el Bank of New York Mellon (BONY) luego del fallo negativo de la Cámara de Apelaciones, y recién dos meses después, fue aceptado por el Gobierno argentino para que se sume al estudio Cleary. La estrategia de Clement es la de presionar sobre los jueces republicanos John Roberts y Samuel Alito (a los que conocía desde sus años de trabajar en el Gobierno de Bush), para que escuchen al procurador general de los Estados Unidos de Obama, Donald Verrilli, demócrata de origen, pero de excelente diálogo con sus antecesores.

Clement le aseguró en noviembre pasado al entonces ministro de Economía Hernán Lorenzino, que sólo con una intervención directa sobre estos jueces habría posibilidades para que se reconsidere la alternativa de tomar el caso argentino. De no hacerlo, quedaría firme la sentencia de segunda instancia del 23 de agosto pasado de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, y el juicio quedaría firme en contra de la Argentina.

En ese momento, el país quedaría obligado a pagar al contado unos u$s 1.330 millones a los fondos buitre comandados por el fondo Elliott de Paul Singer, situación que además provocaría que otros tenedores de deuda argentina aún en default también se presenten ante el juzgado de Thomas Griesa para obtener una orden de pago al contado. Como el Gobierno de Cristina de Kirchner no cumplirá este mandato, el país ingresaría en un teórico "desacato" según las leyes norteamericanas.

La estrategia de Clement para interesar al tribunal, será el intento de demostración de la falta de equidad que existiría en el pago a los holdouts y fondos buitre (que reúnen el 7% que quedó en default), respecto de los bonistas del canje. Mencionará también la decisión oficial del Gobierno argentino de reabrir el canje de deuda por tercera vez, ley que ya está aprobada por el Congreso y que aún no se reglamentó desde el Ministerio de Economía.

En paralelo, y en absoluto secreto, la Argentina ensaya una idea aún más complicada y políticamente difícil. Una negociación paralela y entre privados, para pagarles indirectamente a los fondos buitre litigantes con dineros públicos, pero a través de terceros.

Por ahora la idea fue considerada "bizarra" por Singer, que espera a tener un fallo definitivo a favor en la Corte (a partir del rechazo para tratar el caso) para luego comenzar negociaciones con Gramercy y Fintech.

Dejá tu comentario