29 de mayo 2013 - 00:00

Candidato radical para encabezar lista de unidad al Consejo

Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra: la lista de unidad de la oposición para consejeros estará en cabezada por el radicalismo.
Ricardo Alfonsín y Ricardo Gil Lavedra: la lista de unidad de la oposición para consejeros estará en cabezada por el radicalismo.
La estrategia para enfrentar la reforma judicial ya divide caminos en la oposición, e inclusive dentro de cada partido. Hoy existen dos avenidas claramente identificadas por las que se avanzará hacia el 22 de junio, día del cierre de listas para presentarse a las PASO y momento en el que deberán presentarse, junto con los candidatos a diputados y senadores (donde corresponda), los postulantes por estamentos judiciales a la Magistratura. Un grupo de opositores ya se reunió esta semana para definir el armado de una lista única que concentre los votos tras esa opción, siempre en el caso de que la Justicia no habilite alguno de los amparos que presentaron estos días. Como se trata de una elección que define cargos por mayoría y minoría, el que gana se lleva ocho consejeros; y el segundo, cuatro.

La oposición entra así en la nacionalización absoluta de la elección legislativa de octubre, un efecto que buscó y logró primero el kirchnerismo, al armar el régimen para elegir a los consejeros. Ahora, el resto de los partidos le encontró la vuelta a la única fórmula que puede empujarlos a una unidad que le dispute al Gobierno de frente una lista.

En el resto de los carriles de esta elección esa puja será imposible: el armado de alianzas en cada provincia es libre, inclusive en la UCR, por lo que no existe uniformidad de combinaciones con el PRO, el FAP y la Coalición Cívica.

Para los que proponen ya trabajar en ese camino, UCR, el FAP, el PRO y el peronismo disidente (aunque internamente, como se dijo, hay diferencias), que el lunes firmaron un acuerdo para ir a las PASO de consejeros con lista única, existe ya una certeza: el primer candidato (seguramente, un jurista de nota, pero también con perfil público) deberá ser de uno de los partidos con representación en 18 de los 24 distritos. Ese requisito es la trampa máxima que el kirchnerismo le inoculó a esta reforma judicial, sacando de juego a los mas chicos y esterilizando cualquier intento de listas independientes que pudieran salir directamente de la Justicia.

El cargo será entonces para el radicalismo, que se lleva el mayor número dentro de los partidos nacionales reconocidos en todos los distritos, después del justicialismo. Pero de ahí para abajo todo está por discutir en esa lista única opositora.

No toda la oposición piensa igual. Hay quienes prefieren demorar hasta último momento el armado público de esa unidad, mientras se apura a la Justicia para que acepte alguna de las impugnaciones a la ley de reforma judicial.

El radical Gerardo Morales completó el road show ante organismos internacionales en contra la reforma judicial: ya se presentó ante la OEA y ahora lo hizo ante Naciones Unidas, sin contar el recurso que el radicalismo ya presentó ante la Justicia.

Mientras tanto, se razonan otras alternativas. Potenciar la nacionalización de la elección, como se dijo, ya no es sólo una posibilidad del Gobierno para encolumnar detrás de una lista a consejeros los problemas que supone una elección legislativa, sino una herramienta opositora. El segundo punto en esa campaña es una política de seducción a la Corte Suprema: buscarán dejar claro que cualquier decisión que tome el tribunal será acatada y se prometerá públicamente que en cuanto exista una alternancia de Gobierno, esta ley será derogada junto con el resto de la reforma.

Estos "pasos previos" se chocan con la euforia de algunos sectores que buscan poner en carrera cuanto antes esta lista opositora. Alfonso Prat Gay, por ejemplo, cree que por esa vía podrán hacerse de ocho de los doce consejeros en juego. Es decir, la mayoría, en ese turno en el que se elegirán tres jueces, tres abogados y seis académicos para integrar el nuevo Consejo de la Magistratura junto con los representantes del Congreso que seguirán ingresando a ese cuerpo por la misma vía que en la actualidad.

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