Casación se reúne mañana por conflicto de subrogancias

La presidenta de la Cámara de Casación Penal, Ángela Ledesma, convocó para mañana a un plenario para discutir una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la que se solicita la revocación de Mariano González Palazzo como juez subrogante del tribunal, y definir un método para organizar a partir de ahora los puestos vacantes que quedan en la cámara.

En la reunión fijada para todos los integrantes de Casación se debatirá además sobre una posible redistribución del personal que integran las salas y vocalías, así como el protocolo para el tratamiento de víctimas-testigos que presentaron recientemente la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos.

Hace semanas que en la Cámara de Casación, en pleno proceso de recambio, hay charlas informales, roces e idas y vueltas sobre la reorganización del tribunal, al que están a punto de ingresar dos nuevos jueces ya designados -Ana María Figueroa en la sala II y Juan Gemignani en la sala IV- y otros dos están en plan de despedida. La renuncia presentada por Gustavo Mitchell a fines de septiembre pasado ya fue aceptada por el Ejecutivo y ahora resta esperar esta confirmación para Juan Fegoli, quien ya comunicó que hará efectiva su renuncia en febrero de 2012 (y que probablemente pida licencia a partir del próximo diciembre). Por lo tanto, a pesar de las nuevas incorporaciones, el máximo tribunal penal del país (que maneja en este momento unas 6.000 causas en trámite) deberá resolver otras dos vacantes. Pero la cuestión no se limita a un problema de forma: la llegada de nuevos integrantes al tribunal y el conflicto que desataron las denuncias contra Gustavo Mitchell, Eduardo Riggi y González Palazzo por el presunto pago de sobornos en la causa por el asesinato del activista del Partido Obrero Mariano Ferreyra han removido las alianzas y los roles que ocupan los jueces de la Cámara. Una reorganización que podría culminar con la elección de un nuevo presidente del tribunal, votación que debe realizarse en la segunda quincena de noviembre y puesto que tienta a varios de los camaristas.

Este proceso de cambio comenzó a principios de octubre pasado, cuando uno de los nuevos miembros de la Cámara, Alejandro Slokar, cuestionó en una reunión el régimen de subrogancias que se había aplicado previamente en el tribunal y que, por fuerza de la práctica, se había desnaturalizado, ya que estos cargos interinos se habían prolongado por más de cuatro años. El planteo del ex defensor adjunto de la Ciudad

-y asociado con la línea jurídica del ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni- afectó de manera directa a González Palazzo y Federico Yacobucci (duramente criticado por sus posturas jurídicas desde los organismos de Derechos Humanos).

También afectaba de manera lateral a Luis Cabral, designado subrogante en septiembre pasado, debido a que el régimen de reemplazos indica que la vacante primero debe ser ocupada por un magistrado de la propia Cámara, en su defecto, por un integrante de un tribunal federal y, en última instancia, por un juez de los tribunales ordinarios, donde se desempeña el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Sin embargo, la buena relación entre Cabral y Slokar indica que el cuestionamiento del segundo no apuntaba en esa dirección. El debate no tuvo ninguna solución concreta en ese momento, pero sí consecuencias en las semanas sucesivas.

Dos semanas después de esta reunión, Yacobucci renunció a su puesto de subrogante argumentando el regreso del juez Pedro David, quien anunció por la misma fecha su vuelta al país, luego de ocupar un cargo en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Por otro lado, a principios de noviembre el CELS presentó el pedido de revocatoria contra González Palazzo que será discutido mañana.

En el escrito, la asociación que representa la defensa de la madre de Ferreyra solicita que se analice su apartamiento de este cargo debido a que el propio magistrado había pedido inhibirse en un recurso sobre esta causa. La razón fue la investigación que se inició en enero pasado sobre él, Mit-

chell y Riggi por el supuesto pago de coimas. Para el CELS esta admisión fue un argumento suficiente para pedir su apartamiento.

La situación de González Palazzo, quien esperaba dejar su cargo en paz cuando asumiera Gemignani, quedó así más frágil.