Caso Larosa: Cámara pide a juez acelerar pesquisa

Claudio Bonadío

El «affair Larosa» logró convertirse en un dolor de cabeza para el juez federal Claudio Bonadio: la Cámara Federal porteña hizo lugar a un recurso de queja del Ministerio de Economía y el ordenó que resuelva «sin demoras» si hace lugar o no planteo de la cartera a cargo de Amado Boudou de ser aceptado como querellante en la causa.

El caso se inició a mediados de abril, cuando el asesor económico Roberto Larosa fue descubierto en el despacho del subsecretario de Presupuesto, Raúl Rigo, adonde habría ingresado con sus propias llaves. La detección in fraganti del asesor legislativo del diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, y el senador del ARI por Santa Cruz, José Martínez, derivó en una causa judicial que incluyó allanamientos a cinco importantes consultoras de la City porteña, un banco, la empresa estatal AySA, y numerosas acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la oposición.

Luego de que la pesquisa avanzara a un ritmo febril durante las primeras semanas, Larosa fue indagado y excarcelado, pero no procesado. El asesor está imputado por presunto «hurto agravado», pero hasta semanas atrás no se sabía cómo iba a avanzar la causa.

Uno de los dilemas principales para los investigadores del caso era justamente si se debía hacer lugar o no al pedido de Economía de figurar como querellante, decisión que ahora deberá tomar el juez, urgido por la sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional.

Admitir que la cartera cumpla ese rol implicaría dar por sentado que Larosa es sospechoso de un delito de acción pública, así como que el asesor no tenía permitida la entrada al edificio por algún funcionario, como señalaban ciertas versiones.

También le daría a Economía el derecho de acceder al expediente, proponer medidas y apelar los fallos de las diferentes instancias judiciales.

Queja

Por eso, el abogado que representa a la cartera, Alejandro Rua, presentó un recurso de queja ante el tribunal de alzada por «retardo de justicia». La cámara hizo lugar al planteo, al considerar la «situación de incertidumbre y de innegable denegación de derechos» derivados de la falta de respuesta judicial.

En su resolución, los camaristas sostuvieron que «toda vez que la posición asumida ha impedido a los recurrentes obtener un pronunciamiento acerca de la petición deducida -y sin importar cuál sea ya su sentido-, no sólo se los ha privado de una respuesta concreta frente a la inquietud traducida, sino que, más aún, esa misma ausencia se ha instituido en insalvable obstáculo para, eventualmente, acceder a otras instancias en las que sus anhelos puedan ser atendidos».

Larosa tiene prohibido salir del país, debe presentarse al juzgado periódicamente y, por el momento, está acusado de presunto «hurto agravado». El asesor habría sustraído información del Ministerio para brindar asesoramiento económico, pero falta determinar qué carácter tenía esta información y cómo será valorado en un eventual procesamiento a Larosa.