Aunque el objeto y el método se bifurcan, Cristina de Kirchner concedió ayer a la Iglesia dos gestos de indudable contenido. Por un lado, rompió con la tradición del matrimonio presidencial al participar del tedeum por el 9 de Julio en la Catedral de Tucumán y, por el otro, anunció que enviará un proyecto de reforma política al Congreso, un reclamo que el Episcopado viene formulando desde hace varios años. De todos modos, los prelados ya anticipan que con retomar las internas abiertas no alcanza.
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La ofrenda llega a pocos días de que la comisión Justicia y Paz que asesora el influyente obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, se dispusiera a reclamar -por tercera vez desde la crisis de 2001- mediante un contundente documento la necesidad de fijar nuevas políticas de Estado.
«El zafarrancho de las últimas elecciones dejó al Gobierno ante una situación de convocar a una reforma impostergable», analizó un hombre de fuerte llegada al titular del Episcopado.
La propuesta de la Iglesia se venía elaborando en un espacio donde convergen ONG, representantes de distintos cleros, empresarios y dirigentes sindicales. El primer esbozo había sido presentado al ex presidente Eduardo Duhalde, en 2002, quien en ese momento les transmitió la imposibilidad de llevar adelante la reforma debido a la falta de respaldo de los gobernadores para impulsarla en el Congreso Nacional.
En 2004, cuando Néstor Kirchner ya era presidente, otro intento de propiciarla cayó en saco roto. Y terminó por clausurarse en 2006 cuando se sancionó la ley que eliminó las internas abiertas en una sesión en la cual la actual mandataria no sólo participó, sino que fue miembro informante por ser la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.
«Es un tema que siempre preocupó a la Iglesia», reconoció en varias oportunidades el vocero del Episcopado, Jorge Oesterheld.
La cercanía de las elecciones del 28 de junio con el tedeum del 25 de Mayo sirvió de tribuna después para que varios obispos volvieran a la carga en sus homilías contra el sistema electoral vigente. Aunque sin mencionarlas explícitamente, las candidaturas testimoniales fueron el eje de las críticas de los religiosos que responden a nivel nacional al cardenal Jorge Bergoglio.
Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, se refirió directamente a esa reforma que «desde hace años se viene auspiciando y que aún se hace esperar», y mencionó que «en el tiempo electoral que se precipitó anticipadamente están ocurriendo algunas rarezas que rozan los límites de la legalidad; una incalificable concepción de la política se pone de manifiesto en ellas».
El vicepresidente primero del Episcopado y arzobispo de Tucumán, Luis Villalba, citó en aquella oportunidad el documento de los obispos «Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad», para instar a «mejorar el sistema político y la calidad democrática».
Otro que en ese aniversario patrio encaró el tema fue el obispo de Gualeguaychú, Jorge Lozano. Dijo que existe «un deterioro institucional que aqueja a los partidos políticos» y arengó a la dirigencia a trabajar para recuperar la credibilidad social.
El arco de la Iglesia Católica propone una reforma electoral profunda, que fije normas precisas y que sean cumplidas, como una herramienta clave para un proyecto de país «con justicia y solidaridad» con vistas al Bicentenario 2010-2016.
Desde la Iglesia ya anticipan que sólo con la reposición de la ley de internas abiertas no será suficiente. Por de pronto, ayer en Tucumán Cristina de Kirchner pareció aceptar el primer desafío.
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