Citan a D’Elía tras cinco años del delito

Luis D’Elía

El piquetero kirchnerista Luis DElía deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo 7 de setiembre para explicar su participación en la toma de la Comisaría 24ª de La Boca, en junio de 2004. El fiscal a cargo del caso, Luis Comparatore, imputó al líder del Movimiento Federación Tierra y Vivienda en once presuntos delitos, que varían desde daños, usurpación y lesiones, hasta privación ilegítima de la libertad de los efectivos policiales y otras personas que estaban en el lugar.

El juez Sergio Torres dispuso citar a DElía en carácter de sospechoso, así como a los ex funcionarios del Ministerio de Justicia José María Campagnoli y Norberto Quantín, quienes intervinieron en las negociaciones para que los manifestantes abandonaran la comisaría, ocupada durante toda la madrugada del 25 de junio de 2004 y que deberán presentarse en los tribunales de Comodoro Py el 8 y el 9 de setiembre, respectivamente. Además, fueron citados para el 10 de setiembre los piqueteros Ángel Borillo y Luis Bordón, y otras 42 personas están acusadas por su supuesta participación en la toma del destacamento policial.

Los militantes del FTV se presentaron esa madrugada en la comisaría, acusando al entonces comisario de la seccional, Cayetano Greco, de proteger al policía supuestamente responsable del asesinato de un piquetero de la agrupación y dirigente comunitario de la zona, Martín Cisneros. Durante la toma se produjeron distintos disturbios y hasta se denunció el robo de un cuadro de Benito Quinquela Martín, junto con documentación y algunas computadoras.

En su resolución, el magistrado argumentó que hay un «grado de sospecha necesario para escuchar a los nombrados en declaración indagatoria». La medida de Torres llegó luego de años de una causa prácticamente paralizada, debido a los cambios de jueces (el expediente pasó por seis jueces antes de recaer en su juzgado) y a la inmunidad de que gozaban los investigados. Mientras DElía tenía entonces fueros parlamentarios por ser diputado bonaerense, los ex funcionarios de Justicia renunciaron después del hecho y volvieron a sus cargos como fiscales (Quantín ya se jubiló), lo que les dio inmunidad por desempeñarse en el Poder Judicial. La salida de estos dos últimos también habría desencadenado la renuncia semanas después del entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz.

Comparatore había solicitado en numerosas ocasiones estas indagatorias (la última vez fue al día siguiente de la renuncia del piquetero a su cargo como ministro de Hábitat Social, por su apoyo a Irán en la investigación del atentado a la AMIA), pero recién ayer sus pedidos se efectivizaron.

Respecto de Campagnoli y Quantín, Comparatore sostuvo en su dictamen de acusación que «los funcionarios del Poder Ejecutivo eligieron vías de acción autónomas» y «provocaron la intervención de un magistrado distinto del que originariamente tenía a su cargo la instrucción, ocultándole al nuevo juez las órdenes recibidas por el juez natural».

Esa madrugada, la jueza natural del caso era la magistrada de instrucción María Angélica Crotto, quien ordenó que se recuperara la comisaría, pero los entonces funcionarios del área de Seguridad del ministerio convocaron al juez Norberto Oyarbide al lugar. Los piqueteros liderados por DElía sólo abandonaron el lugar después que el magistrado accedió a detener al policía que había sido señalado como el responsable de la muerte de Cisneros. Todos argumentaron que sus acciones habían evitado «una masacre» y DElía hasta dijo estar «orgulloso» de su actuación ese día.

En la causa sólo había sido indagado hasta el momento Greco, quien también fue investigado por su supuesta responsabilidad en el hecho y a quien se le dictó falta de mérito. Otros dos compañeros de militancia de DElía deberán concurrir a los tribunales el 10 de setiembre, también a indagatoria.