Con ley o sin ley, políticos nunca quieren dar internas

Eduardo Duhalde

La convocatoria de ayer de Cristina de Kirchner al diálogo político no podría ser cuestionada en lo formal, mucho menos la necesidad de una reforma política. La historia de los últimos 50 años de este país indica que han sido las dos grandes ausencias de la vida institucional. Imposible olvidar que las internas (abiertas o cerradas) se han convertido en una rareza en todos los partidos políticos por la falta de voluntad política de toda la dirigencia, que se ha negado a democratizar la vida interna de los partidos.

Es la misma decisión que hace falta para imponer el sistema de boleta única para alejar el fantasma del fraude. Los jueces de la Cámara Nacional Electoral ya hicieron saber que es el mejor sistema. Lo pide toda la oposición, pero el PJ se niega a aceptarlo.

Aunque las internas abiertas obligatorias hoy estén derogadas, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos los habilita plenamente a elegir sus candidatos de la forma que indica cada carta orgánica. Es decir, no sometieron sus candidaturas a democráticas compulsas internas solamente porque no lo quisieron.

De otra forma: para esta reforma que el Gobierno quiere enviar al Congreso hará falta reunir la voluntad política de los mismos protagonistas que hasta ahora decidieron postergar la elección interna de candidatos en el peronismo, el radicalismo, la Coalición Cívica, los partidos de izquierda, en casi todo el país, de acuerdo con la conveniencia de cada momento. Una nefasta historia paralela corrió también con la fijación de las fechas electorales y los permisos judiciales para que los partidos llegaran a elecciones, inclusive, creando de hecho regímenes pocas veces vistos, como los neolemas que le permitieron al peronismo llegar a los comicios en 2003 con tres candidatos presidenciales propios ante la imposibilidad política de elegir uno en la interna.

Una vieja regla de la política argentina indicaba que «no hay partidos sin internas». Esas pujas por depurar las listas definitivas de candidatos a presidente y vice, diputados, senadores, concejales y autoridades partidarias, fueron siempre el espíritu de la vida de las agrupaciones. El radicalismo las transformó casi en una religión hasta 2005, cuando rompió también la regla, y los candidatos presidenciales, en acuerdo con otras fuerzas, comenzaron a decidirse también a dedo pero con ratificación de la convención partidaria.

Proyectos

Hacia los 90 apareció en el país la corriente de pensamiento en varios partidos que reivindicó la necesidad de reformar el sistema político estableciendo la obligatoriedad de realizar internas y que, además, éstas fueras abiertas y simultáneas para todos los partidos.

Ese sistema exige algunos presupuestos que aún hoy son difíciles de cumplir, como la existencia de padrones de afiliados confiables que impidan, por ejemplo, el doble voto o el pase de quien sólo se presenta a la interna del partido enemigo para complicarle la elección al mejor candidato.

Los proyectos para establecer el sistema fueron muchos. Entre los primeros que comenzaron a elaborarse estuvo el de Federico Storani, que en 2000 comenzó a armarle a Fernando de la Rúa una reforma política integral que comprendía un sistema similar al de las primarias en los Estados Unidos, con mayor control del financiamiento de campañas y mecanismos claros de incorporación de extrapartidarios e independientes a las listas. A ese proyecto se subió Carlos Chacho Álvarez, aún vicepresidente. Carlos Corach, Carlos Reutemann y Felipe Solá fueron asiduos concurrentes a las mesas de negociación donde intentó avanzar la idea.

Llegó la crisis, y el intento pasó luego al Gobierno de Eduardo Duhalde, que lo reactivó y convirtió en otro proyecto de ley. Trabajaron en el tema Jorge Yoma y sus asesoras, y Delia Ferreyra Rubio, asesora del radicalismo en el Congreso y hoy presidenta de Poder Ciudadano.

El 19 de junio de 2002, el nuevo sistema se aprueba en el Congreso: «En los partidos políticos o alianzas electorales nacionales la elección de los candidatos a presidente y vicepresidente, así como la de los candidatos a senadores y diputados nacionales, se realizará a través de internas abiertas. La fecha de la elección deberá ser comunicada por el juzgado federal con competencia electoral de cada distrito», decía el artículo 29 bis de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos que se incorporó con la reforma votada ese día.

Pero cinco meses después, el propio duhaldismo ya tanteaba en el Congreso el plafón para una suspensión de la ley ante la imposibilidad de controlar al menemismo en la interna del PJ.

La decisión se terminó tomando por decreto y basándose en que los tiempos hicieron inviable que la Justicia Electoral «obligara a los partidos» a ir a internas. En realidad, Duhalde ya había comenzado a creer que Carlos Menem no podría triunfar en la interna, algo que pocos meses antes creía inevitable, después de escuchar, entre otras cosas, las denuncias de Eduardo Duhalde sobre los efectos que podría traerle el «voto tránsfuga» en una interna abierta. Comenzó entonces el manoseo electoral dentro del PJ, que volvió a enterrar las elecciones partidarias para candidatos y terminó en el curioso neolema integrado por Menem, Néstor Kirchner y Adolfo Rodríguez Saá. Se llegó al ridículo en marzo de 2003 que, de haber existido una segunda vuelta, hubiera sido imposible votar un candidato a presidente no peronista. Para tomarlo como ejemplo práctico, ésa fue otra consecuencia de la falta de democracia interna en el PJ.

Mientras eso sucedía, existieron algunas excepciones como la interna abierta de 2003 del peronismo en la provincia de Buenos Aires, que eligió a Felipe Solá como candidato a gobernador, o la presidencial de la UCR en que Leopoldo Moreau se impuso a Rodolfo Terragno. Entre esos casos, el radicalismo fue el partido que más internas realizó en las provincias, aunque en muchos casos sin continuidad, para elegir candidatos a diputados, senadores y autoridades partidarias.

No puede decirse lo mismo de Elisa Carrió, que en 2003 pidió también la suspensión de internas para presidente y que recientemente tampoco ejercitó en su partido la elección de candidatos por los afiliados.

Finalmente, el régimen que había estado suspendido quedó definitivamente derogado en 2006, con la reforma impulsada en el Congreso por Néstor Kirchner. Pero a pesar de esa ley, quedó vigente el artículo 29 de la Ley Orgánica de los partidos que aún hoy sigue estableciendo que «las elecciones partidarias internas se regirán por la carta orgánica, subsidiariamente por esta ley, y en lo que sea aplicable, por la legislación electoral». Es decir que quien quiere elegir candidatos en internas siempre pudo hacerlo, sólo faltó la voluntad de jugar ese juego básico que implica toda democracia moderna.