Jueces miran al Gobierno tras el fallo por Ganancias

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REACCIÓN A DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE REVOCAR CAUTELAR, ADELANTADO POR ÁMBITO FINANCIERO - Grieta entre magistrados y máximo Tribunal por contenido de sentencia unánime. Paro de judiciales para mañana. Apuesta a que Casa Rosada "solucione" aplicación. Proyecto 2019: "que todos paguen".

Para un sector importante del Poder Judicial, la decisión de la Corte Suprema de ayer constituyó una agria bienvenida al mundo real de los trabajadores asalariados. Tal como anticipó Ámbito Financiero, el máximo Tribunal revocó la medida cautelar que había conseguido la Asociación de Magistrados y puso en plena vigencia la ley aprobada por el Congreso que ordenaba el descuento del Impuesto a las Ganancias para todos aquellos integrantes de la Justicia que hubieran obtenido algún cargo a partir del 1 de enero de 2017. La novedad fue que durante las horas previas a la reunión de acuerdos entre ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco abandonaron su postura original y decidieron acompañar una decisión unánime, luego de que se sellara la suerte del caso por los votos de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Pero su voto concurrente tuvo perfume a disidencia maquillada. En el Gobierno celebraron la decisión que habían fogoneado y ya tantean ir por más: el año que viene habrá una propuesta concreta que contemple una alícuota progresiva para que el resto de los jueces, fiscales, funcionarios y empleados -que no fueron alcanzados por el fallo- comiencen a pagar, progresivamente.

La decisión de la Corte tuvo ayer dos planos de análisis: el técnico (donde se revocó la cautelar) y uno político, con mensajes para adentro de Tribunales, con énfasis en un reproche hacia el estratégico fuero Contencioso Administrativo Federal. La reacción fue adversa también en varios frentes y tendrá una primera replica en el paro de trabajadores judiciales de todo el país, convocado para mañana. Pero también la Asociación de Magistrados se mostró furiosa (primero) con el Gobierno, a quien acusa de una embestida sin cuartel; pero también hacia la tríada de la Corte con un duro mensaje en el que transmitieron malestar y que evidenció una fisura. “Los magistrados honrados con un cargo que impone tan alta misión deben ser los primeros ciudadanos llamados a cumplir la ley cabalmente”, advirtió el fallo. “Resulta imprescindible recordar la doctrina de este Tribunal según la cual la misión del juez es aplicar el derecho objetivo con independencia del planteo de las partes, máxime si se trata de obligaciones tributarias, cuya naturaleza es de derecho público no disponible”, sentenciaron. Este fue el punto que más molestia generó entre los magistrados que unieron fuerza con las agrupaciones de fiscales y de defensores públicos para expresar su “consternación y profunda preocupación” porque el fallo “amenaza con consolidar una situación de desigualdad y retrogradación de las retribuciones”, algo que consideraron inconstitucional.

Advirtieron que insistirán con el amparo inicial (todavía en primera instancia) para bloquear que se extienda el pago del impuesto a quienes hayan ascendido desde la carrera judicial. Lo cierto es que, como anticipó este diario, uno de los más dañados iba a ser el juez Esteban Furnari que concedió la cautelar, pero también hubo dardos para la Sala V de ese fuero que la validó. Se sostuvo que los jueces al examinar este tipo de medidas deben tener especial cuidado en tanto se trata de decisiones preliminares que, por sus efectos expansivos, pueden suspender total o parcialmente la aplicación de una ley vigente y, de ese modo, afectar la división de poderes. La Corte consideró que utilizó “argumentos dogmáticos e insuficientes” para admitir la cautelar por cuestiones que no ameritaban una urgencia o imposibilidad de reparación posterior y que, por ello, su decisión fue “arbitraria”. En otras palabras, deslizaron que forzaron una interpretación de la norma que perjudicaba los intereses de una de las partes involucradas, invalidando la aplicación de lo dispuesto por el Congreso. El resultado es que los neutralizaron, fulminando su margen de acción para tratar la cuestión de fondo. Por eso los jueces -a través de la acción de la Asociación de Magistrados- se declararon en una suerte de “estado de asamblea permanente” y mueven sus fichas de manera subterránea, apostando por las tibias señales que enviaron desde el Ejecutivo para evitar que los tribunales se vuelvan focos de ignición peligrosos. La idea de reglamentar de qué forma se aplicará la ley actual es uno de los caminos que buscan abrir tras el cimbronazo que significó la decisión de la Corte.

Rosenkrantz y Highton de Nolasco –que mantuvieron el misterio hasta el final- buscaron en su ampliación de fundamentos dejar a salvo “el derecho del que gozan los magistrados —al igual que todo ciudadano— de plantear ante la justicia sus agravios respecto de lo que consideren ser sus derechos incluyendo la facultad de cuestionar la validez o el alcance de las normas”, tal como fue reconocido por la Corte a lo largo de toda su jurisprudencia. Pero en el apuro por diferenciarse, dejaron servida una gaffe comentada en el cuarto piso del Palacio de Tribunales al citar los fallos “Schiffrin” y “Fayt”, contradictorios entre sí en los resultados y sobre el que Rosenkrantz había firmado en disidencia y Highton se abstuvo.

La jornada tuvo otra perlita: con las firmas de los cinco ministros enviaron a la papelera de reciclaje la esmerada carta con la que Elisa Carrió y uno de sus laderos, Juan Manuel López intentaron condicionar el futuro del administrador general Daniel Marchi, solicitando una auditoría sobre las cuentas de la Corte. Le dijeron que su presentación “no constituye acción o recurso alguno” para que la Corte intervenga. “Archívese”, le respondieron.

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