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Corte pide suba para gasto judicial y pone fin a calma con el Gobierno
Jorge Capitanich, Ricardo Lorenzetti y Gabriela Vázquez
El vínculo subterráneo entre ambos poderes ya venía enrarecido desde fines de 2014 y la muerte del fiscal Alberto Nisman contribuyó a ese ánimo que promete dominar lo que queda del verano y que encontrará su cenit en el discurso de Ricardo Lorenzetti en la apertura del año judicial prevista para el 3 de marzo.
Esta semana podría tener lugar un encuentro entre Lorenzetti y la titular de la Magistratura, Gabriela Vázquez. El encuentro se iba a organizar para ayer por la noche, pero luego se suspendió. El tercer integrante sería el secretario de Gestión de la Corte, Alfredo Kraut, que tiene buen diálogo con Vázquez. Ese rol de intermediario en diligencias sensibles despeja las dudas que en diciembre existían sobre la continuidad de Kraut en su cargo. Ya debe tomarse por certeza que el funcionario acompañará a Lorenzetti hasta que éste finalice su presidencia a pesar de que el mismo Kraut había dado alguna señal contraria a esa idea meses atrás.
La reunión entre Lorenzetti y Vázquez se desarrollará en el marco de una serie de asuntos estructurales que la jueza intenta implementar en la Magistratura donde tiene el apoyo del kirchnerismo. La activación de la nueva Casación Penal ordinaria es, por otra parte, uno de los temas urgentes para Vázquez y para el Ministerio de Justicia que pretende instalar el modelo acusatorio a partir de la nueva Casación.
Respecto de este tema, los roces son variados porque la ley que crea esa instancia establece un número de cargos que para la óptica de la Corte son exagerados. Esos despachos deben habilitarse con la firma de Lorenzetti. Hasta el momento, el máximo tribunal ha autorizado diez cargos de prosecretarios, ocho ordenanzas y ocho secretarios. Falta cubrir la instancia intermedia que debe llevar la función jurisdiccional. La Corte tendría en vista habilitar alrededor de la mitad de los cargos que reclama la nueva instancia. Distancias que intentarán salvarse cuando Lorenzetti reciba al vicepresidente de la nueva Casación, Horacio Díaz, magistrado de estilo moderado en comparación con María Laura Garrigós de Rébori, que preside el grupo Justicia Legítima.
Por otra parte, los justices no dejan de observar la cantidad de recursos monetarios que el Gobierno ha volcado para habilitar la nueva Casación, hecho que genera alguna insatisfacción cuando se toma nota de ciertos pedidos cuyas respuestas se han dilatado más de lo casual.
El cuarto piso de la calle Talcahuano es el escenario a la vez de otras intrigas mucho más reservadas, como por ejemplo la reciente incursión en la Corte de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Con un ánimo conciliador, la jefa de los fiscales ha planteado algunas inquietudes generadas a partir de las últimas reformas en la SIDE que tienen que ver con el hecho de que el Ministerio Público controle la oficina de pinchaduras telefónicas. Ese giro inquieta a Gils Carbó y así lo ha manifestado en su búsqueda de algún tipo de apoyo proveniente desde la Corte.
Moderación
El inconveniente para la procuradora es que podría ser demasiado tarde para ese tipo de acercamientos. La moderación tiene peso en sí misma en momentos de estabilidad, pero en el contexto actual podría interpretarse, como está sucediendo en algunas vocalías, como un gesto de debilidad ante algunas novedades que deparará el futuro inmediato.
Más allá de esas especulaciones, los justices toman nota de que el hecho de que los fiscales controlen las escuchas atentaría contra el equilibrio de las partes en los procesos, ya que los fiscales tendrían un control sobre la evidencia que no se replicaría en el abogado defensor.
A esto se suma el hecho de que el Ministerio Público tiene una estructura piramidal que otorga grandes márgenes de maniobra para el procurador que designa a los fiscales.
El Poder Judicial, en cambio, tiene una arquitectura sustentada en compartimentos estancos: la Corte no puede darles órdenes a jueces de instancias inferiores ni tampoco éstos están obligados a seguir la línea doctrinal de sus fallos.
Movilización
Una norma que motiva algunos comentarios y expresiones de deseo de cara a la marcha de silencio organizada por los fiscales federales para el 18 de febrero.
Dos interpretaciones coexisten en las alturas del Poder Judicial sobre esa movilización. Por un lado, comprenderla como una demostración de unidad corporativa y a la vez de fuerza, con el objetivo de apuntar contra un Gobierno que decretó dos días de duelo nacional cuando murió el músico Gustavo Cerati, pero ni siquiera una jornada en memoria de los ministros Carmen Argibay, Enrique Petracchi o el propio Nisman.
Esa visión se contradice con la tesis que rechaza la presencia de funcionarios judiciales en movilizaciones de este tipo porque se asume que los jueces son parte de una institución de la esfera pública que no se ubica en la situación de demandante sino, por el contrario, de brindar respuestas a las demandas que se originan en la sociedad civil. Entendimiento que indica que si la Justicia desciende a la arena del reclamo, es para fortalecer una sensación de zozobra general y al mismo tiempo, intentar propiciarla. "Después de mí, el diluvio", como se le atribuye haber sentenciado al monarca francés Luis XV.
Contiendas filosóficas que ayer se detenían en el comentario del diputado Jorge Landou sobre recusar a aquellos funcionarios que asistan a la marcha. En realidad, el acto sería accesorio, especialmente luego de la galería fotográfica de todos los políticos opositores en el gremio de jueces la semana pasada, ocasión en la cual era preciso volcar la mirada más en las ausencias que en los presentes.


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