Corte reabre causa por explosión en Río Tercero

La Corte Suprema ordenó ayer reabrir la causa que investiga la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero ocurrida en 1995. Fue a partir de un dictamen del exprocurador general Esteban Righi luego de que la Sala II de la Cámara de Casación Penal declarara prescripto al expediente que ahora volverá al primer piso de los tribunales de Comodoro Py. Allí se espera sortear una sala nueva y un trámite ágil para que vuelva a intervenir el Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba donde por estos días los abogados defensores de los imputados llevan a cabo una pelea procesal que está lejos de terminar.

El fallo fue firmado por Eugenio Zaffaroni, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Para rebatir la postura de la Casación los secretarios letrados de la Corte estudiaron el dictamen de Righi quien aseveró que a pesar de ser un expediente de 17 años reviste una gravedad institucional que amerita una resolución.

Ausencias llamativas en la Corte al momento de la rúbrica, no tanto en el caso de Ricardo Lorenzetti que se encontraba recién regresado de la asunción del papa, sino más bien en el de Carmen Argibay y Enrique Petracchi.

La decisión está en sintonía con la jurisprudencia del máximo tribunal. El fallo Mattei -de 1968- sigue los lineamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que sostiene que la prescriptibilidad no se puede medir en meses u años sino por la complejidad de las causas, la conducta de los interesados y la actuación de las autoridades judiciales. El fallo Firmenich expresa una idea similar pero en base a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La prescripción había sido resuelta por los camaristas Gustavo Mitchell, Guillermo Yacobucci y Luis García. Ninguno de los tres integra ya esa instancia. Ahora la causa deberá sortearse para recaer en una nueva Sala que, siguiendo el lineamiento de la Corte, la devolverá a la Justicia de Córdoba. Un absurdo procesal que anoche desataba quejas en la Casación. La jurisprudencia utilizada allí para cerrar la causa que involucra a Carlos Menem (tiene falta de mérito) y a exmilitares también fue contundente: tiene origen en el Pacto de San José de Costa Rica al cual el país ha suscripto.

El expediente volverá al TOF número 2 de Córdoba. Allí los abogados defensores de los acusados Marcelo Gatto y Jorge Cornejo Torino recusaron a dos de los tres miembros del tribunal porque consideran que ya han emitido opinión sobre la resolución antes del inicio del debate oral. Estos abogados han preparado además una batería de medidas para la instrucción suplementaria. Pedirán nuevos testimonios, nuevos exhortos y objetarán la pericia oficial desde la geografía: aseguran que la simulación de la explosión se desarrolló en una salina en la localidad de Serrizuela, en el noroeste cordobés que no era un lugar apto para el caso.