12 de septiembre 2013 - 00:28

Corte vuelve a la carga por fondos, Gobierno dilata firma

• El máximo tribunal busca reasignar partidas.
• Próxima pelea: presupuesto.

Ricardo Lorenzetti
Ricardo Lorenzetti
La Corte Suprema de Justicia se endureció ayer en su pedido al Gobierno de una reasignación en la partida presupuestaria que posibilite el segundo aumento del año del 10% para los empleados del Poder Judicial. El primer requerimiento a Juan Manuel Abal Medina fue en agosto. Todavía queda un tercer aumento a fin de año y anoche en el oficialismo no había indicios de que la firma fuera a llegar en las próximas horas. Al mismo tiempo los ministros fueron más allá y remitieron al Poder Ejecutivo el Presupuesto 2014 para la aprobación en el Congreso.

El máximo tribunal precisa de la firma de Balcarce 50 para reasignar fondos que en realidad le son propios. Momentos de incertidumbre en la Corte y que vuelven a traer el recuerdo del proyecto de ley de autarquía presupuestaria que Ricardo Lorenzetti presentó a los presidentes de las cámaras federales hace tres años, cuando la relación con el kirchnerismo todavía era armónica.

A principios de semana desde la Corte existieron contactos para saber el estado de situación de la ansiada firma. Encontraron respuestas esquivas.

En el acuerdo de la semana pasada los ministros ya se refirieron a las facultades implícitas que la Corte puede atribuirse para manejar dichos fondos. Es un recurso constitucional que parte del precepto de que la Corte como cabeza del Poder Judicial puede interpretar la norma máxima y decidir, mediante una acordada, autoasignarse los recursos. Anoche en el Gobierno no descuidaban este escenario y sembraban dudas al recordar que la Constitución establece que esos fondos permanecen bajo la orbita del Consejo de la Magistratura. Momentos preliminares de lo que podría ser una nueva contienda.

El decreto que hace obligatoria la firma del jefe de Gabinete para la reasignación lo firmó Néstor Kirchner en 2005. Encontró una fuerte oposición en el Consejo, que tenía esa facultad, y el entonces ministro de la Corte Enriquen Petracchi alentó, sin ponerle la firma, una acción de inconstitucionalidad contra el decreto que no prosperó así como tampoco las gestiones del abogado Pablo Mosca, que era presidente del cuerpo colegiado, con Alberto Fernández.

El Presupuesto podría ser otra batalla de asperezas. Ayer el oficialismo en el Consejo trasladaba datos al Poder Ejecutivo: les parece excesivo el pedido de fondos para 3.000 empleados sólo de la Corte aunque en el tribunal siempre recuerdan que esa nómina incluye a todo el cuerpo de peritos, los empleados del área de remates, archivo y otras oficinas.

Los kirchneristas también dudan sobre los 92 millones que se solicitan para crear unos 200 nuevos cargos en juzgados todavía no operativos. Para ellos durante 2014 será difícil que varias de esas dependencias, como es el caso de Pehuajó o Clorinda, estén en condiciones de administrar justicia ya que se crearon con motivaciones políticas, algo similar a lo que ocurre con las nuevas instancias de Casación presentes en la reforma judicial.

Al igual que en el debate en el Consejo, los bienes de uso acumulan las mayores observaciones, como por ejemplo que la Corte se reserva en ese rubro 749 millones de pesos.

"El criterio que ha primado es el de establecer los requerimientos de manera prudente y moderada, potenciando los recursos materiales y humanos de la manera más eficiente", expresa la acordada.

El texto enviado al Gobierno generaba dudas ayer tanto en la Jefatura de Gabinete como en la Magistratura, especialmente sobre el punto 7, que establecía "objetivos planteados" en materia de planificación de recursos humanos cuando en realidad, asegura el oficialismo, no existe ningún plan estratégico en ese sentido.

El Presupuesto, que debe votarse en el Congreso, contó con las firmas de Carlos Fayt, Carmen Argibay, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda , Ricardo Lorenzetti y el secretario de administración, el contador Héctor Marchi.

En la Corte el Presupuesto elaborado es considerado superior al que remitió el Consejo, donde ya se negocia la presidencia de 2014. Si bien, tal como contó este diario, ya asoma la figura del juez Alejandro Sánchez Freytes, ayer por la tarde el académico Manuel Urriza se encargó de avisar al oficialismo que, si fuera necesario, se anota en la pelea para suceder a Mario Fera.

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