Corte ya tiene nuevo think-tank para reformas

Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni

Ricardo Lorenzetti comenzará hoy su semana con la novedad de ya contar con el segundo grupo de jueces que oficiarán como think-tank para las próximas reformas penales que planifica la Corte Suprema y que corren por caminos distintos de los papers que tiene el Gobierno en ese terreno.

Se trata de cinco jueces de tribunales orales federales cuyos nombres conoció el justice durante su estadía en Uruguay, donde participó de una conferencia sobre las dimensiones públicas del derecho privado.

El grupo es encabezado por la jueza del fuero penal económico Karina Perilli, a quien acompañan Diego Barroetaveña (fuero penal ordinario), Daniel Petrone (Justicia federal de San Martín), Jorge Alberto Tassara (penal federal) y Gabriel Casas (Justicia federal de Tucumán).

Este grupo, que debe concentrarse en redactar propuestas de reformas en el ámbito de los tribunales orales federales, es un muestrario perfecto de las corrientes que hoy en día disputan protagonismo en los tribunales.

Perilli es referente de la lista Celeste (estilo progresista), Barroetavaña y Petrone son de la lista Bordó (conservadora y enemistada con la política judicial del kirchnerismo), Tassara es un hombre de Comodoro Py, moderado y de carrera netamente judicial y, finalmente, Casas representa un híbrido especial: es íntimo de Luis María Cabral (líder bordó y jefe del gremio de jueces), pero sus posturas, tal como las expresa en sus fallos, son más cercanas al ideario celeste.

Este último juez es clave para Lorenzetti ya que el ministro viene demostrando cada vez más interés en la situación judicial de las provincias del noroeste y en las dificultades que allí han aparecido. Acontecimientos que motivaron un encuentro con Sergio Berni en el cuarto piso de la calle Talcahuano y que todavía algunos ministros le reprochan a Lorenzetti.

A diferencia de la primera comisión, que integran todos camaristas de la Casación Penal, y que preside Gustavo Hornos, este grupo designó una subcomisión para darle voz y voto a un grupo de jueces del interior del país.

Estos magistrados cuentan con poco menos de dos meses para enviar sus propuestas a la Corte Suprema, donde serán recibidas por Alfredo Kraut, secretario para asuntos de derecho penal y que compite en influencia con Cristian Abritta, secretario general de la Corte.

Algunas ideas avanzan en paralelo a los dos proyectos que tiene guardados el Gobierno: uno elaborado por Eugenio Zaffaroni (reforma integral del Código Penal) y otro que alienta la titular de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rébori, que propone el paso hacia el sistema acusatorio.

Detalles que podrían aparecer en el acuerdo de ministros de mañana, el último antes de las elecciones del 27 de octubre y en el cual, debido a la fecha, se buscará eludir temas espinosos.

Los avatares de la política han despertado nuevas lógicas en la calle Talcahuano, que por lo general les llevan ventajas a los detalles puramente jurídicos. Una idea que Carmen Argibay se encargó de plasmar, no sin cierto fastidio, en su paso fugaz por el Coloquio de Idea que reunió a los principales empresarios en Mar del Plata. 

Un juego de roles para tener en cuenta. Desde hace un mes Argibay y Lorenzetti protagonizan, en nombre del máximo tribunal, diversas reuniones, charlas y encuentros. En cambio, las conversaciones más reservadas, y variopintas, con exponentes de la política corren por cuenta de los dos peronistas: Juan Carlos Maqueda y Enrique Petracchi.

La influencia de este último va en aumento, especialmente desde que su posición respecto de la ley de medios adquiere rasgos de crucial así como de incierta. No es algo nuevo para el ministro: en plena tensión con el Gobierno, por sus planes de reforma judicial en el Congreso, fue él quien promovió, en el tribunal, la posibilidad de una renuncia en bloque por parte de todos los ministros si el oficialismo insistía en eliminar las facultades administrativas de la Corte, algo que finalmente no ocurrió.