Cristina pidió prevenir un “golpe financiero”

Guillermo Moreno, Christine Lagarde

"Los que quieren ir por todo y por todos son ellos. Lo vi claramente a los pocos días de ganar las elecciones presidenciales en 2011, cuando en una corrida se llevaron 5.000 millones de dólares". Cristina de Kirchner habló así ayer en una parte de su encendido discurso del mediodía en Tecnópolís haciendo pública una de las cuestiones sobre las que más insistió desde el lunes por la mañana. Ese día, en Olivos, uno de los integrantes del equipo económico recibió un mensaje directo de la jefa de Estado para que se fiscalice y se la mantenga informada sobre cuál es la demanda de dólares en el sistema financiero argentino, especialmente en lo que tiene que ver con el mercado del "blue".

La Presidente recordaba cómo en la última semana de octubre de 2011, luego de las elecciones presidenciales del 23, un largo listado de empresarios, compañías multinacionales y banqueros locales y extranjeros retiraron del sistema financiero esa cantidad de dólares en poco tiempo en lo que terminó siendo un momento clave de la historia económica del kirchnerismo. Esos días, en medio de los festejos por el triunfo con el 54% de los votos, la jefa de Estado se convenció (bajo la atenta explicación de dos integrantes del equipo económico actual) de que se vivía un "golpe de Estado financiero", que apuntaba a torcerle el brazo a la Presidente electa sobre el precio del dólar, forzando una devaluación importante para cuando inaugure su segunda gestión. Esas jornadas marcaron a fuego a la Presidente, que días después comenzó a autorizar las restricciones (primero virtuales, luego oficiales) a la compra de dólares, y que con el tiempo se transformaron en la prohibición legal de comprar divisas para atesoramiento. En otras palabras, sin esas jornadas poselectorales de huida de dólares no hubiera habido cepo.

En estas horas de derrota electoral en las PASO, la jefa de Estado volvió a la visión sobre el potencial "golpe financiero" y pidió que se revisen de cerca los comportamientos de muchos de los agentes económicos importantes, especialmente las grandes empresas y bancos. La situación obviamente es diferente. Ya no se puede llegar con libertad a las divisas y el mercado cambiario oficial está ferozmente controlado por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Como el funcionario además maneja el mercado del dólar "blue" oficial, que ayer cerró a un valor aproximado de 8,6 pesos, el Gobierno afirma que en este agosto de 2013 no hay posibilidades de sufrir un "golpe financiero" como aquel de 2011.

Moreno incluso va más allá. Tiene en su poder el listado de los particulares y empresas que luego del triunfo presidencial de hace dos años compraron dólares y los llevaron al exterior, y los está atormentando desde hace semanas para que compren "voluntariamente" su BAADE, una de las dos creaciones del plan de exteriorización de capitales que deberá llegar, según el propio cálculo del funcionario, a los u$s 1.000 millones. Moreno tiene además otros números sobre la fuga de divisas de 2011. Para el secretario, la cifra es de u$s 16.000 millones e incluye la salida del sistema financiero de dólares anterior a las elecciones de 2011, que comenzó en febrero de ese año.

Para Moreno, fue un error haber permitido ese drenaje, y debería haberse aplicado el cepo ya a comienzos de ese año y no esperar por las consecuencias que electoralmente podría haber tenido la medida. Según el secretario, Cristina de Kirchner hubiera vencido igualmente en aquellas elecciones presidenciales, con o sin restricciones cambiarias.

El equipo económico trabaja también a destajo para acelerar la presentación oficial del nuevo índice de precios nacional que reemplazaría, en algún momento, al actual IPC del INDEC y que debería tener un efecto doble: terminar con la polémica local sobre la medición de la inflación y contentar al FMI. En el primer caso, la estrategia del Gobierno es presentar lo antes posible la nueva medición, que comenzaría a ejecutarse durante los primeros meses de 2014 y recién estaría lista para poder mostrar resultados a fines de 2015. En otras palabras, la idea oficial es que haya un nuevo índice de inflación cuyos datos sean reales y los herede el próximo Gobierno. El indicador tendría que estar listo antes del 29 de septiembre, cuando el Fondo Monetario tratará el caso argentino. Ésa fue la fecha que el organismo que dirige Christine Lagarde le impuso al país para que presente su proyecto de medición de los precios como paso previo a la decisión de suspender el derecho a voto de la Argentina en el organismo y, al final del camino, su expulsión. El caso se tratará el 13 de octubre, en la próxima cumbre anual de primavera (del hemisferio norte) del Fondo, y aún no hay acuerdo dentro del Gobierno argentino sobre si una moción de censura sería una buena o una mala noticia electoral.