¿Cuánto sale vivir en la Ciudad?

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Según un informe de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, el salario promedio de un porteño es de $16.000. Esta cifra aumenta considerablemente en los barrios del norte ($20.041), pero disminuye en los barrios del sur ($11.803).

Las disparidades salariales entre el norte y el sur de la Ciudad se vuelven aún más preocupantes si se considera que Buenos Aires es la segunda ciudad más cara de la región, según un estudio recientemente publicado por la consultora Mercer sobre el costo de vida en los principales centros urbanos del mundo. El ranking fue elaborado sobre la base de diversos componentes que hacen al gasto habitual de los ciudadanos, como la comida, el transporte y la vivienda. En el caso de la Ciudad, el costo de vida total aumentó en relación con el año 2016, y son múltiples las razones que explican este incremento.

En principio, almorzar y trasladarse cuesta caro: el costo promedio de un almuerzo económico ronda los $80, por lo que almorzar durante la jornada laboral cuesta por mes alrededor de $1.600. Si, por otro lado, la consumición de una merienda o snack cuesta alrededor de $35, el gasto total que cada persona debe asumir mensualmente trabajando en la Ciudad es de $2.300. Este gasto representa el 15% del salario promedio de un porteño. El costo de movilizarse es también alto, y muy desigual entre la zona norte y sur de la Ciudad. Por ejemplo, si sólo se utiliza el Subte para ir y volver del trabajo, el gasto es de $300 mensuales. Pero puede alcanzar los $600 mensuales si un porteño tiene que combinar dos medios de transporte: según la última encuesta sobre traslado laboral realizada por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA), el 27% de los porteños realizan al menos una combinación para ir y venir del trabajo en transporte público. Son muchos los habitantes de la Ciudad que incurren en este importante gasto mensual.

Al pensar el costo de vida en la Ciudad de Buenos Aires, es necesario sumar la inversión de cada porteño relativa a la salud y la educación. En los últimos años, son muchas las familias que ante el deterioro en la calidad de los servicios públicos, producto de la desinversión estatal en estas áreas estratégicas, se inclinan hacia el sector privado para la satisfacción de estos derechos esenciales.

Según datos del CESBA, el 29,7% de los residentes en la Ciudad está afiliado a un sistema de medicina prepaga, mientras que menos de un 20% utiliza exclusivamente el sistema de salud pública (hace 15 años ese porcentaje era del 26%). De esta forma, si se considera el costo de vida de una familia compuesta por dos adultos y dos menores de 15 años, el presupuesto destinado a financiar una prepaga es de entre $3.000 y $10.000. Además, en 2015 las prepagas aumentaron el valor de sus cuotas mensuales en un 28,50%, en 2016 hicieron lo propio en un 38% y, en lo que va de 2017, el aumento llegó al 17%, lo que habla a las claras de su creciente incidencia en el costo de vida total de un porteño.

Una tendencia similar se observa en lo que respecta a la educación. En 2015, por primera vez en la historia de la Ciudad, la matrícula privada de las escuelas medias del ciclo común (secundario) representó más de la mitad en comparación con los establecimientos públicos (50,7%), cuando en 2003 equivalía al 45% del total de la matrícula para ese nivel. En este marco, y considerando el mismo caso (dos adultos con dos menores de 15 años), el costo para solventar la educación de ambos menores oscila entre los $10.000 y $16.000, según las características de la oferta educativa disponible.

Es así que una gran cantidad de porteños pagan dos veces para acceder a un servicio que, en tanto público, debería ser garantizado en forma irrestricta. Por un lado, lo costean a través de sus impuestos; por otro, a través de sus salarios. Cuando cae la inversión en educación, las posibilidades de acceder a una educación de calidad disminuyen, por lo que varias familias se esfuerzan por costear un establecimiento educativo de gestión privada, con la ilusión de que sus hijos accedan a una educación de calidad.

A la inversión en salud y educación se le suma el costo de la vivienda y, principalmente, el de los alquileres. En 2000, 2 de cada 3 vecinos de la Ciudad era propietario, es decir, el 65,7%. Esa cifra disminuyó con el correr de los años: fue del 59,2% en 2010 y del 50,6% en 2015. En tan sólo 15 años, el porcentaje de propietarios en la Ciudad se redujo en un 15%.

Sin dudas, cada decisión que el Estado toma repercute significativamente en la estructura de costos de los vecinos, tanto por el aumento de las tarifas de los servicios públicos como por la suba de impuestos o la reasignación de prioridades presupuestarias. Cuando el Estado no asume la responsabilidad que le compete, el ciudadano debe destinar más recursos para la satisfacción de necesidades básicas que hacen a su calidad de vida.

Los problemas colectivos necesitan soluciones colectivas. Es posible disminuir el costo de vida de los porteños desde una perspectiva comunitaria, en la que el Estado haga su parte, brindando servicios públicos de calidad.

(*) Presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.

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