La oposición criticó el respaldo financiero que tendrán los ganadores de la licitación para la primera etapa de infraestructura. Antimacrismo acusó de “cambiar” reglas y pronosticó trifulcas legales. “Es probable que hayan desaparecido u$s200.000 millones”, respondió el funcionario sobre los gobiernos K.
Explicaciones. Guillermo Dietrich defendió en el Congreso el fideicomiso que el Gobierno organiza para financiar las obras del PPP. El ministro había pasado por Estados Unidos para tentar inversores.
Con un fuerte respaldo técnico y de abogados el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, defendió ayer en el Congreso el fideicomiso con el que el Gobierno intenta respaldar financieramente a los seis ganadores de la licitación para la primera etapa de obras de Participación Pública Privada (PPP). La oposición disparó venenosos -y lógicos- dardos por esta cuestión y acusó al Ejecutivo de "cambiar" reglas y de exponer al Estado a eventuales trifulcas legales. Sobre el final, el funcionario le dio una paliza al cristichavismo al recordar las costosas picardías que dejó la estadía K en el poder en lo referido a infraestructura. Veamos:
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Dietrich asistió a la comisión bicameral de PPP que comanda el diputado peronista Diego Bossio. Allí, el ministro recordó que la inversión estimada para la primera etapa -los seis corredores viales- será de u$s6.000 millones en los primeros cinco años y u$s 2.000 en los siguientes para obras complementarias y de mantenimiento. Después celebró la licitación realizada entre 32 ofertas y la flamante "competencia", ya que la diferencia de precios similares del gobierno anterior ahora es "del doble" entre los oferentes, según indicó el funcionario.
"¿Vale la pena seguir adelante bajo este esquema? ¿Debemos pagar esto?", consultó el senador del PJ Carlos Caserio (Córdoba), quien mostró su preocupación por la futura toma de créditos involucrados y el riesgo país actual, lo cual aumentaría el financiamiento. "No lo sabemos. Todo indica que caerá en un buen momento e iremos viendo a medida que se vayan haciendo las primeras colocaciones", se limitó a contestar Dietrich, aunque el legislador se quejó por no saber "cuánto saldrá cada kilómetro de las obras".
Por su parte, el senador peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) señaló: "La Justicia no va a sanear conductas, sino que castiga. Es el Estado quien debe corregir y sanear hábitos de la gestión pública y privada, y acá veo que hay una preocupación del Estado de sanear a las empresas. Por un lado, las empresas que están confesas de haber pagado coimas lo han hecho con dinero de los argentinos, pero además, ese dinero lo obtuvieron con prácticas irregulares para obtener contratos para estar vinculado con el Estado. ¿Qué saneamiento vamos a lograr con poner sólo un código de conducta -empujado por el nuevo fideicomiso-, si la ley de PPP no permite contratar si hubo delitos contra la administración pública? No tratemos de maquillar que son buenos muchachos".
Desde el Frente Renovador, el diputado Marco Lavagna -no forma parte de la bicameral pero sigue de cerca el tema por el Presupuesto 2019- manifestó: "No es aplicable un código de conducta. Veo un problema legal a futuro hacia el Estado. Las empresas que no ganaron podrían reclamar". Luego, el legislador expresó su "temor" por "estar desvirtuando el régimen PPP ya que no es la comisión quien va a controlar las contrataciones sino directamente el Congreso", y advirtió: "Termina siendo una contratación de obra pública y para eso mejoremos la ley actual pero no disfracemos de PPP lo que no es, si el riesgo lo termina asumiendo el Estado". La asesora legal del engranaje PPP Agustina Morán dejó en claro que ni la ley actual que creó el sistema, ni la del arrepentido ni la de responsabilidad penal empresaria tocó, por ahora, a quienes ganaron la licitación.
Tras un vendaval de críticas desde el Frente para la Victoria y el pedido de aclaración hacia Dietrich sobre tropelías monetarias relacionadas con la obra pública durante cristichavismo, el ministro sostuvo: "Es probable que hayan desaparecido u$s200.000 millones. Claro que tenemos pruebas, si hicimos las denuncias penales. Recuerdo unas 18 licitaciones de Vialidad en Santa Cruz con tres empresas que tenían razón social distinta pero todas con el mismo accionista. ¿Saben cuál era su nombre? Lázaro Báez". Sobre el final, mencionó que antes "había quioscos, quiosquitos y 'quioscazos'", y también "gestores que cobraban $40.000 por un trámite que ahora se saca por internet y se hace en 20 minutos".
Dejá tu comentario