De la Sota lanza combate contra trata y narcotráfico

José Manuel de la Sota

Córdoba - El gobernador José Manuel de la Sota disparó una dura embestida contra la trata de personas y el narcotráfico, de la mano del envío a la Legislatura de proyectos que prohíben los prostíbulos disimulados (como whiskerías o cabarets) y asignan a la Justicia provincial competencia para juzgar el tráfico de estupefacientes, además de promover la creación de un fuero específico.

Una de las iniciativas impide «la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración y/o explotación, bajo cualquier forma, ostensible o encubierta, de whiskerías, cabaréts, clubes nocturnos, boites o establecimientos de alterne».

En esa línea, además determina «la inmediata clausura» de esos establecimientos, a los que define como «todo lugar abierto al público o de acceso al público en donde se realicen, toleren, promocionen, regenteen, organicen o de cualquier modo se faciliten actos de prostitución u oferta sexual».

El proyecto, mediante una modificación del Código de Faltas, también prevé «60 días de arresto, no redimible por multa, a quienes violen la prohibición».

En el marco de una presentación pública concretada en la noche del lunes -con la presencia de Susana Trimarco, madre de la desaparecida Marita Verón, y ya todo un emblema en la lucha contra la trata de blancas-, De la Sota también anunció la creación de la «Secretaría de Prevención de Trata de Personas», que dependerá directamente de él, con «el objetivo de sensibilizar (socialmente), alertar y difundir todo lo necesario sobre la existencia de este flagelo».

«El proyecto nos afecta porque llevará a una mayor clandestinidad, mayor explotación y mayor trata de personas», afirmó ayer la titular de la filial Córdoba de la Asociación de Meretrices de Argentina, María Eugenia Aravena.

El programa anunciado también incluye la adhesión de Córdoba al decreto presidencial que prohíbe «anuncios que promueven la oferta sexual». Asimismo, se creará la división de Lucha Contra la Trata, dependiente de la Policía de Córdoba y se establecerá un Registro Único de Personas Buscadas.

En paralelo, el cacique del peronismo crítico remitió a la Legislatura un proyecto de ley que asigna a la Justicia provincial competencia para juzgar el tráfico de estupefacientes y promueve la creación de un fuero específico.

La iniciativa propugna la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional 26.052, de 2005, que modificó sustancialmente algunos aspectos de la Ley de Estupefacientes.

El gobernador insistió en que «la realidad actual de Córdoba en materia de lucha contra el narcotráfico se circunscribe a la aislada intervención de la Policía de la Provincia, en cooperación con la escasa presencia e intervención de las fuerzas federales de seguridad con asiento en la jurisdicción».