Desguace de Unidad AMIA reaviva tensiones con UCR y familiares de víctimas

La decisión oficial de recortar la plantilla estatal en diversos estamentos sirvió como excusa para que el Ministerio de Justicia degrade la Secretaría de la Unidad AMIA que Cambiemos había creado especialmente hace dos años, y donde había encaramado al radical Mario Cimadevilla. No solo significará el alejamiento del chubutense, abiertamente enfrentado con Germán Garavano, sino que pasará orgánicamente a depender al Programa de Verdad y Justicia, actualmente dirigido por Mariano Fridman dentro de la órbita de Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos. Familiares de las víctimas del atentado comenzaron a inquietarse con la decisión, hilvanada con el fallido intento de nombrar como abogado de la querella estatal a José Console, quien no avanzó en la acusación a los exfiscales Eamón Mullen y José Barbaccia en el juicio por encubrimiento de la investigación del atentado. El letrado fue expulsado como representante pero su alegato fue validado. Fridman junto a Marta Nercellas actuaron como representantes de la DAIA en el primer juicio por la voladura, cuyo resultado derivó en que se revelase una acusación falsa y una pesquisa desviada. Las querellas en ese juicio que está en su etapa final leyeron que la DAIA tomará control de la Unidad especial luego de los chispazos entre el Gobierno y Cimadevilla. A este último lo acusaron de escaso trabajo con el detonante de un intento de licitar la digitalización de archivos a una empresa privada, algo que Garavano rechazó y sulfuró a Cimadevilla. La estocada final fue el reemplazo del letrado Enrique Ventos la noche anterior al comienzo de los alegatos y su reemplazo por Console. Tanto así que Elisa Carrió apuntó contra Garavano, aunque luego moderó su ataque. El Ministro consideró que Cimadevilla no obtuvo una sola prueba durante el juicio contra los exfiscales (de quienes fue compañero en los inicios de su carrera judicial) y que no había motivación para la acusación más allá de seguir la postura de la fiscalía. Carrió ya sabe que esa decisión corrió por cuenta de Mauricio Macri, que deberá contener a la UCR que retrocede un lugar en el reparto del organigrama.

Gabriel Morini