Desiste ex funcionario de vía judicial

^TM Martín Redrado presentó ayer ante la Justicia «el desistimiento expreso de la medida cautelar» que lo había restituido en su cargo, al suspender el Decreto de Necesidad y Urgencia que había ordenado su remoción por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El ahora ex presidente de Banco Central retiró la demanda judicial junto con la presentación de la renuncia formal a su cargo, que había anunciado el viernes pasado. «Dado que a partir de la renuncia presentada se ha perdido el interés jurídico en mantener la tutela cautelar otorgada por la Cámara respecto de que el Poder Ejecutivo no pueda nombrar con carácter definitivo a un nuevo presidente del BCRA, se ha presentado a la Justicia el desistimiento expreso de la medida cautelar otorgada al Dr. Redrado a instancias de su requerimiento judicial», se explicó a través de un comunicado.

El desistimiento se produjo un día antes de que la Comisión Bicameral del Congreso, presidida por el vicepresidente, Julio Cobos, y los legisladores de la Coalición Cívica y del Frente para la Victoria, Alfonso Prat Gay y Gustavo Marconato, se pronuncien sobre la validez del DNU que dispuso su remoción, como había ordenado la Justicia.

La decisión del ahora ex titular del BCRA tiene como consecuencia inmediata la posibilidad de que Miguel Pesce asuma oficialmente un cargo que prácticamente oficiaba. Si bien la Justicia no podrá ahora pronunciarse sobre el fondo de la cuestión

-que aún estaba pendiente, más allá de que se hiciera lugar a la medida cautelar-, el constitucionalista y abogado de Redrado, Gregorio Badeni, aclaró en declaraciones radiales que las otras denuncias presentadas a raíz del conflicto que se presentó entre el Gobierno y el ex titular del Central seguían en pie.

Acusación

En este punto, se refirió específicamente a la acusación penal contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por ordenar a la Policía que no permitiera el ingreso de Redrado en el BCRA, aunque la Justicia ya lo había restituido en su puesto.

El panorama sobre la otra medida cautelar que suspendió el DNU que habilitó el uso de reservas para renegociar vencimientos de la deuda pública en 2010, en cambio, sigue su camino intrincado por el fuero Contencioso Administrativo. Como ayer finalizó la feria judicial, el expediente debe regresar al juzgado donde fue presentada originalmente la acción de amparo del PRO y la Coalición Cívica en diciembre pasado.

La demanda pasará del juez de turno que la tramitaba, Ernesto Marinelli, a la titular del juzgado N° 10, Liliana Heiland, quien deberá pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y encarar un proceso judicial más arduo, debido a que la causa fue ordinarizada. Esto implica, entre otros aspectos, que se deben analizar las pruebas presentadas por el PRO y la Coalición Cívica, así como citar a los testigos propuestos por los denunciantes, entre ellos varios funcionarios del Banco Central.

Esta causa, además, fue unificada con los otros amparos presentados por la Unión Cívica Radical y el PJ disidente a mediados de enero, que, básicamente, presentaban los mismos argumentos para solicitar que se suspendiera el DNU. En este sentido, los amparistas señalan que seguramente no habrá un fallo de la Justicia sobre el tema hasta marzo, cuando el Congreso empiece a sesionar nuevamente y se pronuncie sobre el polémico decreto. De todas maneras, para los asesores legales de la oposición, la misión está cumplida: la estrategia legal para suspender el uso de reservas funcionó; ahora todo depende del Congreso.