Despidos: afirman que 50 mil puestos ya están en riesgo

RELEVAMIENTO DE LA CTA. EL NÚMERO NO INCLUYE A LOS 25 MIL OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DENUNCIADOS POR LA UOCRA

Pablo Micheli y Gerardo Martínez

La ola de despidos, suspensiones, procedimientos de crisis amenazas concretas de cierres de fuentes laborales alcanzó desde fin de año a por lo menos 50 mil trabajadores, tanto del sector público como del privado, de acuerdo con un relevamiento privado. Un estudio de la CTA Autónoma, que no contempla unas 25 mil cesantías en la construcción declaradas por el sector, relaciona ese proceso con una intención deliberada del Gobierno de Mauricio Macri por "reducir sustancialmente el costo de la fuerza de trabajo" y aplicar un ajuste con peso principal sobre los asalariados.

El Observatorio del Derecho Social de la CTA que conduce Pablo Micheli estableció que hasta la semana pasada se declararon no menos de 27.199 despidos en las administraciones públicas nacional, provinciales y municipales, y 22.709 en el sector privado. Un relevamiento similar hecho por el mismo organismo había establecido un número global, al 8 de enero, de 28 mil afectados. El estudio también da cuenta de un incremento en el "uso de la fuerza pública contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales", con los casos paradigmáticos de Milagro Sala, encarcelada en Jujuy, y de Rodolfo Aguiar, el estatal rionegrino apresado días atrás.

Se trata de la única entidad abocada a establecer un número consolidado con todos los despidos, desvinculaciones de hecho, ceses de contratos y cierres de puestos de trabajo producidos hasta la semana pasada y desde que Macri ganó la Presidencia. El relevamiento incluye casos en los que se produjeron reincorporaciones, como los de la avícola Cresta Roja y la aerolínea de cabotaje Sol, para dar cuenta de la situación de debilidad en la que queda ese personal frente a una eventual continuidad de la fuente de empleo (en duda en ambos casos) y, sobre todo, ante el inminente inicio de la ronda de negociaciones salariales de este año.

"Hay un efecto inmediato que es reducir el número de trabajadores. Pero por otro también se busca debilitar a los asalariados y a sus sindicatos para garantizar el éxito del programa de ajuste en curso, y que ya tiene claros ganadores", le dijo a este diario Luis Campos, uno de los autores del informe de la CTA.

Hasta ahora gremios aislados como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) habían deslizado números orientativos de afectados por la aplicación de recortes; en el primer caso, y por la paralización de la obra pública, en el segundo. Hasta ayer, ATE había estimado un total de 5.300 cesantías, en su mayoría por anulación de contratos. Al cálculo de la semana pasada ayer se sumaron 60 despidos en el Ministerio de Medio Ambiente y otros 22 en el área de Planificación, que pasó a la órbita de Interior, le explicó a este diario Daniel Catalano, secretario general del gremio en Capital Federal.

El informe de la CTA eleva el número de estatales desvinculados a cerca de 9.000 al incorporar algunas áreas no relevadas por ATE y a todos los beneficiarios del plan de cooperativas Argentina Trabaja, en la órbita de la ex ESMA. En ambos casos contemplan los 2.035 contratos anulados en el Senado por la presidenta del cuerpo, Gabriela Michetti, aunque la cifra todavía es objeto de negociación entre los gremios del ámbito (ATE, UPCN y APL) y el secretario administrativo, Helio Rebot.

En el caso de los trabajadores de la construcción, el estudio de la central obrera difiere de las cifras que maneja la Uocra: el informe da cuenta de 11 mil cesantías de trabajadores de empresas constructoras del Chaco. Mientras que el gremio de Gerardo Martínez maneja de manera interna la baja de más del doble de obreros en todo el país: tanto la UOCRA como los gobernadores y las empresas del rubro establecen en 25 mil los afectados por la parálisis de la obra pública.

Ese número incluye los despidos directos, las suspensiones con el cobro de haberes, las paralizaciones sin término y otras modalidades. Y apuntan, desde el sindicato y las provincias, a llamarle la atención al Gobierno nacional sobre la necesidad de reanudar la inyección de fondos para recuperar el ritmo de las obras y no generar situaciones de crisis. Hasta ahora la UOCRA realizó una movilización la semana pasada hacia la sede del Instituto de la Vivienda de la Capital Federal.
Otro punto del estudio señala que el número de casi 50 mil afectados podría crecer en el corto plazo a partir de dos amenazas concretas: por un lado, el vencimiento de los contratos de la administración pública nacional extendidos hasta el 31 de marzo de manera provisoria con el propósito de revisar su viabilidad, y por otro la definición de la crisis en el sector petrolero, del que dependen entre 5 mil y 10 mil operarios de manera directa e indirecta.

"Los mecanismos de control y disciplinamiento sobre los trabajadores no se limitan a los despidos, que han tenido lugar tanto en el sector público como en el privado, sino que también incluyen amenazas generalizadas de despidos y un creciente uso de la fuerza pública contra dirigentes de organizaciones sindicales y sociales. Esta ofensiva tiene como objetivo principal reducir sustancialmente el costo de la fuerza de trabajo", señala el informe.

Y añade que para generar esa reducción "los empleadores necesitan doblegar la resistencia de los trabajadores e impedir que a través de las negociaciones salariales se revierta la caída del salario real", y que ese propósito es consistente con el plan enunciado por el Gobierno de "limitar los incrementos salariales nominales a un rango de inflación futura que, según se ha expresado, debería ubicarse en torno al 20, 25 por ciento". Desde el Ejecutivo ya habían avisado que no habría intervención para frenar los despidos en el sector privado ni marcha atrás en el público (ver aparte).