Diezmado, levantaron ayer salvaje paro de colectivos

Puja. El gobierno de Mestre logró quebrar la feroz huelga del transporte.

Frente a una medida de fuerza diezmada por la pérdida de apoyo de los choferes (unos 400 volvieron a trabajar) y el fuerte malestar de la población, los dirigentes de la díscola e intervenida UTA-Córdoba levantaron finalmente ayer al mediodía el salvaje paro del transporte público de pasajeros, que vació las calles de colectivos durante 9 días.

La sede local del sindicato, que cuestiona el acuerdo salarial del 21% en tres tramos sellado por la cúpula nacional, quedó sumida en una encerrona.

Fue luego de que, sobre la medianoche del lunes, el intendente radical Ramón Mestre y las empresas de transporte desconocieran un entendimiento que un par de horas antes había sido gestado entre el Ministerio de Trabajo del peronista Juan Schiaretti y los dirigentes gremiales, y que los había llevado a anunciar un final del paro fallido.

Por eso, al despertar ayer, miles de cordobeses se toparon con la triste realidad de que la medida de fuerza continuaba.

"Los despidos y los descuentos de los días de paro son innegociables; si siguen en la ilegalidad van a seguir saliendo más telegramas", disparó por la mañana, sin medias tintas, Mestre, luego de que trascendiera que los términos de ese acuerdo incluían la reincorporación del centenar de choferes despedidos y la devolución de las horas descontadas. Mestre además remarcó que la UTA nacional "está trabajando en el desafuero de los delegados", elegidos recientemente.

"Levantamos la medida; es la segunda vez que tenemos buena voluntad y buena onda y no va a quedar ningún trabajador en la calle", se esperanzó por su parte Marcelo Marín, vocero de los choferes, al ponerle punto final a la huelga. Pero desde el entorno de Mestre ratificaron a Ámbito Financiero que la firme postura oficial se mantiene.

Con ese telón de fondo, Schiaretti se mostró confiado en que hoy la Legislatura convertirá en ley el proyecto que envió ayer al recinto para declarar servicio esencial al transporte público de pasajeros, además de la salud y la provisión de agua potable y de energía eléctrica.

La apuesta disparó el malestar de la CGT nacional, que denunció que se trata de "una tendencia peligrosa hacia la criminalización de la protesta social" y un "ataque a los derechos de los trabajadores".

En Córdoba, la iniciativa -que tendrá el aval de la oficialista UPC y de Cambiemos- apunta en los hechos a limitar las huelgas en esos servicios clave, a partir de la obligatoriedad de brindar servicios mínimos. En tanto, a nivel nacional Cambiemos trastabilló -por falta de quórum- en su intento de analizar ayer en una sesión especial en la Cámara de Diputados -convocada por el presidente del interbloque, el radical cordobés Mario Negri,-dos proyectos en pos de declarar como "servicio esencial" al transporte público de pasajeros.

Por de pronto, frente al temor de perder sus puestos ante un paro que fue declarado ilegal, en la mañana de ayer unos 400 choferes volvieron a trabajar y dejaron sin base de sustentación al sindicato.

En línea dura, Mestre-quien apostó fuerte y cosechó la desarticulación de la huelga- no accedió a participar de una segunda reunión convocada por la cartera laboral provincial. Pero además desplegó por segundo día consecutivo un diagrama de colectivos gratuitos -a comienzos del día fueron unos 320- y con custodia de Gendarmería y efectivos de las policías Federal y Provincial, que erosionó el impacto del virulento paro.

Mestre además insistió en acusar a sectores de izquierda y del kirchnerismo de fogonear la protesta, que golpeó el dictado de clases y generó fuertes pérdidas a comercios y empresas.