El Gobierno descarta que llegará a elecciones sin resolución de Corte EE.UU.

• SE ANALIZA COMO UNO DE LOS PLANES ALTERNATIVOS EL PAGO EN BASILEA

En Olivos hubo el viernes cierta tranquilidad, pese a las pésimas noticias en el caso de los fondos buitre. Según la hipótesis temporal, a partir de los datos que llegaron el viernes a Buenos Aires desde Nueva York, el "stay" actual dictado por ese día por la Cámara de Apelaciones podría mantenerse hasta noviembre. Ese mes la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dictaría su resolución sobre si acepta o rechaza tratar el caso, convirtiéndolo en uno de los 20 que el tribunal analiza cada año. Si el dato se cumple, Cristina de Kirchner llegará a las elecciones del 27 de octubre, y luego tendrá dos años (los últimos de su gestión) para definir el largo juicio contra los fondos buitre.

Mientras tanto, y ante la alternativa de que este año (antes o después de votar) el máximo tribunal norteamericano no acepte el caso y deje firme una sentencia negativa para el país y obligue a pagar la deuda de u$s 1.330 millones al fondo Elliot de Paul Singer (lo que liberaría otros reclamos por unos u$s 7.000 millones de otros buitres) bajo la amenaza de embargar el dinero de los pagos que debe realizar el país a través del Banco of New York Mellon (BONY), el Ministerio de Economía, que dirige Hernán Lorenzino, ya prepara un plan B. Se trata de pagar los vencimientos de intereses de deuda que vencen este año emitidos bajo jurisdicción de Nueva York, los únicos que podrían ser potencialmente embargados, a través de una vía financiera alternativa. Si bien no es una decisión definitiva, hasta el sábado la alternativa más segura es eventualmente (y sólo ante la posibilidad de un fallo negativo) liquidar los u$s 271 millones en intereses que vencen hasta el 31 de diciembre vía Basilea, Suiza.

El desagregado de estos pagos (que no incluyen capital y abarca todos los papeles emitidos dentro del esquema de canje de deuda de 2005) suma u$s 67 millones del bono Par el 30 de septiembre; unos u$s 47 millones del Global 2017 el 2 de diciembre y, el más importante, unos 157 millones del Discount con vencimiento el 31 de diciembre. El dinero para esta liquidación ya fue girado el martes de la semana pasada desde el Banco Central hacia el Tesoro, para que el mercado no tenga dudas de que el dinero para cumplir con las obligaciones ya está presupuestado y disponible para la operación de pago. Fue la primera decisión tomada por Cristina de Kirchner luego de la derrota de las PASO, en un mensaje hacia el sistema financiero para tranquilizar sobre la posición del país. No se sabía en ese momento que el fallo del viernes pasado de la Corte norteamericana sería tan negativo.

En teoría, y siguiendo los tiempos legales, el pago de septiembre no correrá ningún riesgo para que los bonistas cobren en Nueva York sin problemas los u$s 67 millones del Par. No es un dato menor: el Gobierno llegará a las elecciones del 27 de octubre sin ningún riesgo de "default técnico" y con el atractivo electoral de embestir permanentemente contra los fondos buitre.

El problema se daría si la Corte dispusiera un rechazo del caso argentino antes del 1 de diciembre; algo, según los abogados del estudio que defiende a la Argentina, el Cleary, Gotlieb, Steen & Hamilton, poco probable, ya que la hipótesis es que para una decisión definitiva que levante el "stay" actual habrá que esperar como mínimo dos meses hasta febrero del año próximo. Ante la emergencia de que esto no suceda y corran riesgo los dos pagos de diciembre, la Argentina maneja la posibilidad de pagar vía Basilea a través de una transferencia del Banco Central al Bank für Internationales Zahlungsaugleich (BIZ, según el idioma original, BIS en inglés y CFG en español), donde cobrarían los intereses correspondientes los tenedores de los dos bonos con vencimiento en diciembre.

Los gastos de una operación de este tipo (por el cambio de entidad financiera de pago) correrían por parte de la Argentina, pero no se trataría de montos importantes. Sería una operación un 100% segura financieramente, pero con varios problemas legales. Necesitaría primero la aprobación del BONY (afectado seriamente según el fallo del viernes), de cuya situación ante la Corte Suprema depende gran parte de la suerte de la Argentina.

Debería existir, para que sea un movimiento sólido, algún tipo de aval desde el mercado financiero mundial. La alternativa de una aprobación virtual desde los organismos financieros internacionales está cerrada.

La elección primaria (no definitiva) de Basilea tiene su lógica. La recomendación de los abogados que asesoran a la Argentina recuerda el fallo de 2009 por el cual la Justicia suiza rechazó un pedido del fondo buitre Elliot que intentaba embargar dinero del Banco Central depositado en el BIZ. Según el fallo suizo, cualquier país que intentara utilizar el sistema financiero de ese país tiene plenas garantías de "inmunidad" y "libertad de movimientos bancarios", con la sola restricción de la claridad del origen y el destino de los fondos.