El jefe de la Armada, bajo la lupa

El juez federal Ariel Lijo ordenó investigar al jefe de la Armada, almirante Jorge Godoy. El magistrado está a cargo de la pesquisa sobre el presunto pago de coimas a funcionarios del Ministerio de Defensa y a oficiales navales por parte de la multinacional germana, Ferrostaal, en el marco de la licitación para la provisión de Patrulleros Oceánicos Multipropósito. (POM). Lijo solicitó al titular de la Marina que en 72 horas responda la requisitoria judicial.

El juez, en un procedimiento anterior, había pedido al Ministerio de Defensa que remitiera todos los antecedentes del contrato por el cual el astillero alemán Fassmer (vinculado al grupo Ferrostaal) cedió la ingeniería básica (licencia de construcción) de esas naves y los antecedentes del acuerdo político marco que dio origen entre 2004 y 2006 al convenio con Chile para la construcción de esos navíos. El 20 de noviembre de 2007 los ministerios de Defensa de ambos países firmaron, un memorándum de entendimiento para desarrollar naves de patrullado oceánico (POM). Preveía logística compartida, intercambio de personal y de conocimientos técnicos, todo para abaratar costos. Luego, Nilda Garré, por la Resolución 17/2007, autorizó al Estado Mayor General de la Armada (EMG) a tramitar y a suscribir los acuerdos para el cumplimiento de esos objetivos. Un mes más tarde (diciembre de 2007), la Armada Argentina y los Astilleros y Maestranzas de la Armada de Chile (Asmar) celebraron un contrato que permitió a la Marina comprar (2,7 millón de euros) la «ingeniería básica» (diseño y planos) de la Patrullera Oceánica Multipropósito (POM) y se pagó el royalty (alrededor de 500 mil euros) al grupo Fassmer.

Informe

El jueves de la semana pasada por la tarde, Garré recibió en su despacho al magistrado y minutos más tarde llegó el jefe naval Godoy. En ese encuentro se decidió la suerte del almirante. En 72 horas, Godoy debe girar al magistrado: su legajo personal, detalle de los viajes a Chile indicando el motivo, erogaciones y quién lo autorizó, la comitiva que lo acompañó, números de teléfonos personales, pagos efectuados a los astilleros Asmar y Fassmer, origen de los fondos, números de cuentas y sedes bancarias utilizadas. La información requerida debe comprender el período entre el año 2004 al día de la fecha, dice el juez en su escrito. En otro punto se solicita también la misma información acerca del vicealmirante retirado Gustavo Leprón, quien se desempeñó como director general de Material Naval, y de un abogado asesor.

El caso sobre las supuestas irregularidades se conoció a través de la publicación alemana Der Spiegel, que dio detalles sobre una pesquisa de la fiscalía de Munich sobre la casa matriz de Ferrostaal. La Justicia alemana investiga a Ferrostaal por supuestas coimas en varios contratos con países extranjeros, entre ellos, la Argentina. Garré, en un principio, negó los hechos; luego de la publicación del caso en los medios, radicó una denuncia penal mientras que la Oficina Anticorrupción, a cargo del fiscal Julio Vitobello, hizo lo propio y pidió por exhorto a la Justicia alemana la remisión de las actuaciones que se libran en aquel país.

El caso de la Argentina cobró impulso al trascender la declaración de un testigo «arrepentido». El ex empleado de la empresa naviera que habría trabajado en Buenos Aires reveló que la firma habría pagado el 6,5% de coima por un proyecto de 250 millones de euros para diseñar y fabricar los patrulleros oceánicos y nombró a varios funcionarios que son los que ahora están involucrados en los procedimientos ordenados por Lijo.