En 2014 la Argentina deberá volver al mundo. Literalmente. El próximo año el Gobierno de Cristina de Kirchner y la conducción económica postelectoral, encabezada esta vez por el jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el ministro Axel Kicillof, tendrán como misión internacional hacer que el país retome sus relaciones con el mundo financiero internacional, cierre los múltiples conflictos abiertos con los centros económicos centrales y, más cerca o más lejos en el tiempo, logre la máxima de colocar deuda voluntaria a una tasa de interés razonable para los términos del país. Prácticamente no hay otra opción: el ritmo de caídas de reservas a un promedio de entre u$s 140 y 200 millones diarios harán que el país deba reintegrarse al circuito financiero.
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El Gobierno se encuentra en un momento difícil y fuera de los mercados, pero tiene un activo valeroso para mostrar: desde que los Kirchner llegaron al poder, la Argentina se convirtió en un pagador puntual y responsable de los vencimientos de deudas. Más allá de declaraciones altisonantes de Néstor Kirchner y de Cristina de Kirchner, no siempre bien calibradas y con una mirada responsable hacia adelante, es verdad que desde 2006 (luego del primer canje), el país cumplió a rajatabla sus compromisos asumidos, muchos de ellos onerosos y hasta muchas veces con un esfuerzo financiero enorme contabilizado como pérdidas efectivas de valiosas reservas en el Banco Central.
Tres frentes deben ser encarados y calibrados antes de salir a la colocación de aquella deuda voluntaria: avanzar con un acuerdo definitivo con el Club de París, establecer un diálogo directo y serio con el Fondo Monetario Internacional y, en lo que se pueda, encarar una solución definitiva para el conflicto con los fondos buitre.
Club de París y CIADI. La Argentina le debe a los estados miembro del Club de París unos u$s 7.650 millones originales; que junto con los intereses adeudados (y al que los países acreedores no quieren renunciar) llegarían a los u$s 9.500 millones aproximadamente. El entonces ministro de Economía Amado Boudou había intentado un serio acercamiento a comienzos de 2009, intento que fracasó por dos factores insalvables: el agravamiento de la crisis financiera internacional y la cerrada negativa del Gobierno de acordar un pacto con el FMI para que se fiscalice los números económicos del país. En esos días de crecimiento económico local, eran las empresas europeas las que anticipaban inversiones florecientes si se firmaba el acuerdo con el Club de París. Luego, la crisis europea hizo que cualquier alternativa inversora se dejara de lado en las centrales de decisión del Viejo Continente. No hubo intentos desde octubre de 2011 hasta noviembre de 2013 para llegar a un entendimiento. Sin embargo, las necesidades internas de financiamiento y cierta voluntad política personal de Cristina de Kirchner de no dejar este tema abierto más allá de 2015, hicieron que para comienzos de diciembre de 2013, lentamente, comiencen a establecerse nuevas líneas de contacto. La intención oficial es retomar el dialogo roto en 2009, por el cual el país buscaba la posibilidad de acordar el otorgamiento de un bono a los acreedores a largo plazo y con una quita importante. En aquel año la oferta incluía además, como gesto de buena voluntad, el pago de una primera cuota al contado de unos u$s 1.000 millones aproximadamente, alternativa que en épocas de reservas flaca como las actuales es una utopía. El mejor diálogo con el Gobierno español de Mariano Rajoy y la buena relación con el francés Françoise Hollande son las llaves del posible diálogo. Nuevamente se perfila como indispensable la necesidad de contar con un acuerdo previo con el FMI, alternativa que el país estaría dispuesto a encarar.
FMI. Sobre la base de haber llamado y concretado la colaboración de los técnicos del Fondo para el nuevo índice nacional de inflación, el Gobierno deberá tender nuevas relaciones con el organismo, para cerrar un conflicto que ya lleva casi seis años. Sólo una decisión política de Cristina de Kirchner permitiría que el país se abra nuevamente a las inspecciones del artículo IV de la Carta Orgánica del Fondo; lo que, obviamente, demandará muchas explicaciones internas dentro del kirchnerismo. Pero sin este paso será cada vez más difícil la posibilidad de acercamiento a los mercados internacionales. Por otro lado, queda descartada por cuestiones políticas la posibilidad directa de pedir la reapertura de los créditos al FMI.
Fondos Buitre. Este año, obligatoriamente, el Gobierno deberá comenzar a encauzar este conflicto, ya sea concretando algunas negociaciones incipientes abiertas entre fondos privados (Gramercy- Fintech) y los fondos buitre, o por el rechazo definitivo o aceptación (y posterior fallo) de la Corte Suprema de los Estados Unidos ante el juicio planteado en los tribunales norteamericanos por el fondo NML Elliott. De la decisión que tome Cristina de Kirchner dependerá qué tan grave sea la consecuencia de este conflicto que lleva ya más de 13 años abierto y que, cualquiera sea la situación, será una de las grandes herencias para la próxima gestión presidencial que surja luego de las elecciones de 2015.
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