16 de octubre 2015 - 00:00

El líder separatista catalán amenaza con desobedecer a la Justicia de España

El presidente catalán Artur Mas (centro) acudió a declarar acompañado por 400 alcaldes, parlamentarios y unos 3.000 simpatizantes.
El presidente catalán Artur Mas (centro) acudió a declarar acompañado por 400 alcaldes, parlamentarios y unos 3.000 simpatizantes.
Barcelona - El presidente catalán Artur Mas no descartó ayer llamar a la desobediencia luego de declarar como imputado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la celebración del referendo sobre la independencia de la región, realizada el 9 de noviembre del año pasado.

"Me hago responsable de todo", dijo en una comparecencia después de declarar ante el TSJC, adonde acudió acompañado por su ejecutivo, parlamentarios nacionalistas y más de 400 alcaldes de la región.

Durante su declaración, el presidente catalán se escudó en "la libertad ideológica y la libertad de expresión" por haber impulsado esa consulta sin valor legal celebrada el 9 de noviembre de 2014 a pesar de la prohibición decretada por la Justicia española. El tribunal "deberá juzgar si actuar como un demócrata equivale a actuar como un delincuente", dijo Mas, deseando un sobreseimiento porque "por dar la voz a la gente debería comparecer ante un parlamento pero nunca ante un tribunal".

En frente del juzgado, había unos 3.000 militantes que recibieron a Mas como un héroe cuando salió del edificio saludando con cuatro dedos de su mano derecha, símbolo de las cuatro franjas rojas de la bandera catalana, y cantó junto a su amplia comitiva el himno regional.

"¡Todos somos Mas!" o "¡Esto no es Justicia, es inquisición!", gritaban sus simpatizantes, cuyas movilizaciones fueron criticadas por el poder judicial como "un ataque directo y sin paliativos" contra la independencia de la Justicia. Al respecto, el jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, en declaraciones desde Bruselas, calificó de "absolutamente inaceptables" estas manifestaciones por "amenazar e intentar disminuir la Justicia".

Casualidad del calendario, la jornada coincidió con el 75º aniversario del fusilamiento por parte de la dictadura de Francisco Franco del presidente catalán Lluís Companys, quien en 1934 había llegado a declarar un efímero Estado catalán, de pocas horas. El propio Mas, acompañado por la alcaldesa de Barcelona, la "indignada" Ada Colau, había acudido temprano al castillo de Montjuic, en Barcelona, para depositar unos ramos de flores donde su antecesor fue ejecutado en 1940. De madrugada, unos 300 independentistas habían celebrado una marcha de antorchas en su homenaje.

Mas es objeto de una querella por desobediencia, malversación, usurpación de funciones y prevaricato en la organización de esa votación sobre la independencia de esta rica región de 7,5 millones de habitantes.

De ser finalmente condenado, el líder independentista podría ser inhabilitado. "Tenemos el deber de ignorar cualquier decisión en este sentido", advirtió el coordinador de su partido (CDC), Josep Rull.

Para Mas, acatarla o no dependerá de la "situación jurídica" de Cataluña, en una referencia implícita al éxito del proceso de secesión que quiere emprender con vistas a declarar la independencia en 2017.

Aquella consulta pretendió reemplazar al referendo férreamente rechazado por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy, pero fue prohibida por el Tribunal Constitucional, que consideró que el ejecutivo regional no podía organizar una votación sobre una cuestión de repercusiones nacionales. Unos 2,3 millones de personas habían participado en la consulta y un 80% apoyó la independencia.

Estas comparecencias se producen mientras la coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí), impulsada por Mas y vencedora de las elecciones del 27 de septiembre, negocia con la izquierda radical CUP para formar un gobierno regional de corte separatista. Juntos suman 72 de los 135 escaños del parlamento regional (62 y 10, respectivamente) y aunque no obtuvieron la mayoría de los sufragios (47,8%) se consideran legitimados para lanzar el proceso para declarar la independencia en 2017, como muy tarde.

A dos meses de unas elecciones generales, Rajoy rechaza cualquier concesión hacia la región, a diferencia de otros grandes partidos españoles, e insiste en que velará por el respeto de la ley.

Agencias AFP y ANSA,


y Ámbito Financiero

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