Empresas ya denuncian violación a la libertad de prensa y piden tiempo

El sindicalista Julio Piumato fue protagonista circunstancial ayer de la audiencia por la ley de medios. Le dio clase sobre técnicas de comunicación a Adriana Puiggros.

Aparecieron ayer las críticas a la nueva ley de medios en el segundo día de audiencias públicas para debatir el proyecto. Pero no llegaron desde los bloques de la oposición: la UCR , el macrismo y el peronismo disidente aun no consiguen unificar una postura en contra del proyecto oficial por lo que demoraron la presentación conjunta que preparan desde hace 48 horas, lo que debilita su posición. Los cuestionamientos se escucharon ayer en la audiencia pública en los discursos de representantes de medios como la Asociación de Entidades Periodísticas, la Asociación de Radiodifusoras Privadas o la organización Poder Ciudadano.

En casi todos los casos se denunció que el proyecto oficial viola la libertad de prensa y se exigió un debate de la ley más amplio y por más tiempo que los límites que impuso el Gobierno. Por la oposición sólo pasaron por el Auditorio algunos diputados, encabezados por la radical Silvana Giudici.

Entre las más críticas, ADEPA cerró las exposiciones ayer por la tarde denunciando: «Esta ley, excesivamente intervencionista, no respeta la diversidad de los licenciatarios legales que brindan un servicio», dijo Luis Tarsitano, que como era esperado, atacó el punto más cuestionado del proyecto: «la discrecionalidad de la autoridad de aplicación» y «el peligro real de la falta de controles».

Perjuicio patrimonial

«ADEPA acompañará las nuevas voces, pero nunca el debilitamiento deliberado del espacio correspondiente a los medios privados, para que terminen dependiendo de recursos oficiales», dijo.

ARPA fue la primera entidad que protestó por el perjuicio patrimonial que acarreará a los grandes grupos de medios la ley al obligarlos a deshacerse de empresas controladas que, cuando se apruebe la ley, serán incompatibles. Por ejemplo, un mismo propietario no podrá ser titular de una licencia de cable y otra de aire en la misma área de cobertura o no se podrá distribuir señales y producir contenidos al mismo tiempo.

Carlos Molina, de ARPA, se quejó también: «Esta ley restringe la libertad de expresión, pone limitaciones en los cambios de la programación, en los artículos 53 y 42».

Y apareció, por primera vez en las audiencias, la denuncia por la supuesta violación de la libertad de prensa: «Se instalan mecanismos de censura previa. El Estado sólo necesita promocionar sus actos, no necesita un espectro ilimitado de radiodifusión. La libre expresión es para los ciudadanos», dijo.

El problema para los diputados de la oposición en este punto es que todos los proyectos contrarios al oficial presentados también avanzan en la desmonopolización del mercado de medios estableciendo incompatibilidades para una misma empresa entre los distintos tipos de licencias. De ahí que el debate se vuelva confuso y se concentre en los cuestionamientos a la autoridad de aplicación, a la revisión de señales y al resultado de la desmonopolización (es decir, supuestamente más licencias disponibles) en manos del matrimonio Kirchner.

Recomendación

Por eso, el constitucionalista Félix Loñ participó de la audiencia para respaldar el proyecto de Silvana Giudici, pero sin atacar directamente al presentado por Cristina de Kirchner.

«Me permito una recomendación: que se busque el consenso y el diálogo. Consensuar es que se conceda algo, eso es una cuestión clara», dijo.

A Loñ lo siguió el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que defendió el proyecto como pocos: «Esto no es una ley K, es una ley de todos los argentinos», dijo. Y defendió debatir ahora la ley irritando a los diputados presentes: «¿Tenemos que darles licencia a los legisladores hasta diciembre para que se vayan de vacaciones? No, tienen que cumplir su mandato hasta el último minuto». A última hora les tocó el turno a los directores de cine, como Leonardo Favio y Juan José Campanella.