Enero agitado por nuevas pujas en Magistratura

Daniel Rafecas

El oficialismo judicial trabaja en pleno verano en una serie de expedientes abiertos contra distintos jueces en el Consejo de la Magistratura. Asuntos sensibles como la ley de medios, el affaire Ciccone o las supuestas irregularidades en el saneamiento del Riachuelo le aportan ritmo a un enero particular en las oficinas del cuerpo colegiado, donde, salvo raras ocasiones, todos los consejeros oficialistas permanecen en sus despachos.

Los opositores, por su parte, tampoco escapan a las intrigas mutuas. Las primeras señales de un año que promete ser intenso en la calle Libertad.

El mayor nivel de movimiento se observa en la decisiva Comisión de Disciplina y Acusación, donde pasan, de mano en mano, expedientes que preocupan a algunos de los jueces más importantes del país. Son los casos de Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, camaristas del fuero federal en lo Civil y Comercial a quienes la puja por la ley de medios los encuentra en el centro de la escena ya que se trata de la dupla que extendió la medida cautelar favorable al Grupo Clarín y que frustró el anunciado 7D.

Mayoría simple

El kirchnerismo en el Consejo, donde ostenta la mayoría simple, objeta a ambos magistrados porque considera que existieron irregularidades en el proceso que desestimó las recusaciones de la AFSCA contra el pleno de la Cámara. Este planteo fue tratado por los propios camaristas. Además, en el caso de De las Carreras, se suma el viaje a Miami para participar de un congreso auspiciado por Cablevisión, entre otras firmas.

Si bien el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para impulsar un jury contra estos jueces (como había sugerido el consejero-senador Marcelo Fuentes), está en condiciones de aplicarles sanciones sobre sus sueldos, una medida que tiene consenso entre los consejeros que responden al Gobierno.

Mensajes

Mayor es el margen en el caso del juez federal Daniel Rafecas, cuyo sumario también es instruido por el kirchnerismo a raíz de los mensajes de texto que intercambió con un abogado amigo en los albores de la llamada trama Ciccone. Una conversación entre colegas en la cual Rafecas opinaba y daba detalles sobre la causa que tiene por protagonista a Amado Boudou.

En este caso el oficialismo cuenta con la aritmética como para citar a declarar a Rafecas apenas finalice la feria judicial de enero. A diferencia del comienzo de la causa, el juez ya no contará con el respaldo de los consejeros radicales Mario Cimadevilla y Oscar Aguad, quienes le endilgan supuestas irregularidades en el proceso que llevó a Fernando de la Rúa a juicio oral por las presuntas coimas en el Senado.

Riachuelo

Otro debate que volverá al ruedo en febrero es la situación del juez Luis Armella, magistrado a cargo de la causa abierta por la Corte Suprema para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Un informe de la Auditoría General de la Nación lo relacionó con supuestas irregularidades en las contrataciones a firmas privadas para el trabajo de saneamiento. Este expediente está a cargo del opositor Cimadevilla, aunque el kirchnerismo buscará en las primeras sesiones, alegando que se trata de un caso sensible, que éste sea tratado por el pleno de la Comisión de Acusación que lidera el diputado Carlos «Cuto» Moreno.

Al mismo tiempo, los opositores protagonizan rencillas más propias de los avatares políticos. Efectos colaterales del último plenario de 2012 en el cual se dividieron cuando se trató el orden de mérito apoyado por el kirchnerismo para cubrir vacantes en el estratégico fuero Contencioso Administrativo. En el momento de votar, el juez Ricardo Recondo abandonó la reunión y el abogado Daniel Ostropolsky se abstuvo, lo cual facilitó la tarea al oficialismo luego de múltiples reveses por la ley de medios.