Enriquecimiento: Servini, a cargo de denuncia por violación de secreto

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La jueza federal María Servini de Cubría será la encargada de investigar si hubo violación de secreto de sumario o no en la causa que el juez federal Norberto Oyarbide y el fiscal Carlos Rívolo impulsan contra Ricardo Jaime por presunto enriquecimiento ilícito.

La denuncia, presentada hace dos semanas por la defensa del ex secretario de Transporte, fue sorteada el viernes pasado y recayó en el juzgado de la magistrada, quien ahora deberá definir si se abre una causa al respecto o no. Los abogados de Jaime acusaron al juez y al fiscal por la supuesta violación del secreto de sumario en la causa y se basaron en las notas periodísticas que anunciaban medidas procesales, que supuestamente no debían conocerse.

Los abogados también realizarán hoy una presentación ante la Cámara Federal de Apelaciones para que devuelva a Oyarbide la denuncia por supuesta nulidad de la causa que presentaron semanas atrás. El juez elevó directamente el planteo al tribunal de alzada sin resolverlo, pero la defensa del ex funcionario quiere que él se pronuncie sobre el tema.

Mientras tanto, en la secretaría que lleva la pesquisa, a cargo de Jorge García Davini, siguen recibiendo la información solicitada a distintos organismos del Estado sobre empresas que, según sospecha el juez, podrían funcionar como una supuesta fachada de Jaime para esconder bienes. Los investigadores ya recibieron algunos informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la Inspección General de Justicia, y del Registro de la Propiedad Inmueble de Capital Federal, pero aún no se han terminado de analizar los datos.

El juzgado investiga a por lo menos ocho sociedades anónimas que estarían vinculadas al ex secretario de Transporte, y que habrían adquirido bienes para él, como un Toyota que pertenecería al ex funcionario, una departamento en la ciudad de Córdoba y hasta una señal de radio y un diario en la misma ciudad.

Sobre estos dos últimos bienes, se intenta determinar si fueron comprados por la empresa Delome SA que, según afirmó Oyarbide en la resolución donde ordenó un embargo preventivo de $ 40 millones sobre los bienes de Jaime y su familia, sería una sociedad anónima fantasma y supuestamente utilizada por el ex secretario. El magistrado pidió un informe al ex COMFER sobre la titularidad de la señal de radio LV2 AM 970, que podría pertenecer a Delome SA, así como pidió documentación a las autoridades cordobesas sobre los dueños del diario La Mañana de Córdoba.

En ambas operaciones comerciales habría intervenido el ex asesor y amigo de Jaime, Manuel Vázquez, quien figura además como el «presidente internacional» de la firma Pegasus SA. Esta empresa con asiento en Costa Rica fue la que compró el avión Lear Jet 31A, valuado en unos u$s 4 millones, que también se le adjudica a Jaime.

Los investigadores avanzan sobre este tipo de medidas, mientras esperan que el fiscal impulse un requerimiento de justificación de bienes sobre Jaime, sus hijas, su mujer, Silvia Reyss, y las hijas de ella. La definición de esta medida puede llevar semanas, ya que Rívolo debe revisar todas las pruebas secuestradas. Luego de este paso, se podría avanzar sobre la imputación del ex funcionario y las indagatorias, no sólo de él y sus familiares, sino también de los directivos de las empresas investigadas.

Por su parte, la defensa de Jaime decidirá hoy si impulsa una denuncia penal contra un periodista que intercambió una serie de mails con el ex yerno del acusado. Según acusó el ex secretario de Transporte, le habrían ofrecido al ex marido de su hija comprar información sobre él, lo que fue negado de manera tajante por el periodista.

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