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"Envolver" una negociación con buitres: el dilema oficial
• EL GABINETE PREPARA, EN SECRETO, ESCENARIOS DE DIÁLOGO.
• DECISIÓN FINAL LA TOMARÁ PERSONALMENTE CRISTINA DE KIRCHNER.
Axel Kicillof y Thomas Griesa
A horas del llamado de Dan Pollack para concurrir a una nueva reunión, desde el Gobierno argentino ya se les dio la instrucción a los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) que no den ninguna información al "special master" y, obviamente, tampoco a sus colegas de los fondos buitre, sobre las intenciones futuras del Ejecutivo sobre los planes para enero de 2015. Sin embargo, en el gabinete de Cristina de Kirchner ya están preparando la forma en que en el primer mes del próximo año comience una nueva etapa en el "juicio del siglo", ya sin la cláusula Right Upon Future Offers (RUFO) sobre la mesa y con la libertad para la Argentina de sentarse a negociar una salida al conflicto sin que los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 reclamen que se les pague lo mismo que a los fondos buitre y holdouts si a estos se les mejoran las condiciones de los primeros dos llamados a reestructurar la deuda argentina.
El escenario actual sobre lo que puede suceder en 2015:
•Desde el Ministerio de Economía y varias otras reparticiones del Estado nacional se preparan por estos días diferentes escenarios sobre lo que puede suceder desde enero, cuando el país esté en condiciones de negociar libremente con los vencedores del fallo de Thomas Griesa. La decisión final será tomada por Cristina de Kirchner personalmente cerca de fin de año sobre las opciones que se le presenten en su escritorio. Antes de esa fecha ningún funcionario argentino dirá ni oficial ni extraoficialmente que podrían abrirse negociaciones en el ámbito del juzgado de Griesa para terminar el conflicto. Según la recomendación de los abogados de CGS&H, la simple mención de la alternativa podría dar lugar a presentaciones judiciales posteriores por parte de los tenedores de deuda "performance" (los que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010), y derivar en nuevos juicios por la activación de la RUFO. La clave es que el país en ningún momento hasta 2015 dé un solo indicio de la posibilidad de discutir condiciones superiores a las de esos llamados.
•Dentro de lo que se habla puertas adentro, lo seguro es que no se les pagará el 100% de lo que reclaman a partir del fallo del juez norteamericano (unos u$s 1.660 millones a agosto pasado, con lo que la deuda superaría los u$s 1.800 millones). Tampoco habrá eventualmente una oferta únicamente a los fondos buitre o holdouts, sino a la totalidad de bonistas que no ingresaron al llamado y que sumarían unos u$s 8.000 millones. En este dinero hay más bonos en poder del fondo buitre NML Elliott (se especula con unos u$s 2.000 millones más que estuvo recolectando en los últimos tres años), y los u$s 1.000 millones que estarían en poder de otro fondo buitre, el de Kenneth Dart.
•Especula el Gobierno con que los fondos buitre se negarán a negociar la totalidad de la deuda, al menos en un primer momento, ya que la estrategia de éstos sería cerrar el juicio en el juzgado de Griesa para luego avanzar en otras presentaciones judiciales. Para la Argentina no habría negociación si no hay participación de todos los bonistas que aún quedan fuera del canje a partir de un llamado que debería avalar el propio Griesa.
•La primera oferta que presentará el país será la repetición del canje de deuda en los términos de 2010, lo que obviamente será rechazado por los fondos buitre. A partir de ese punto, comenzarían las negociaciones.
•De concretarse la apertura oficial de discusiones, éstas no se esperan cortas ni fáciles, ya que la idea de la Argentina es mostrar dureza al máximo. La especulación de parte del Gobierno (no hay en este punto coincidencia en todas las dependencias) es que mientras haya una eventual negociación abierta en el ámbito oficial de Griesa en paralelo se habilite el diálogo entre los privados y los fondos buitre para la solución clásica de la compra de la deuda a cambio de un posterior título público que emitiría el país. El listado de interesados en realizar este tipo de sondeos es el conocido: George Soros, bancos y empresas brasileñas, bancos internacionales de primera línea (los norteamericanos Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan y los europeos Barclays, Deutsche Bank, HSBC y el UBS) y, eventualmente, los bancos nacionales de ADEBA, que comanda Jorge Brito. El que no intervendría es el titular de Fintech, David Martínez, ya que mantiene una abierta pelea histórica y una relación pésima con Paul Singer, el titular de Elliott.
•La Argentina, de concretarse la posibilidad de una nueva ronda negociadora desde enero de 2015, pedirá que se remueva a Daniel Pollack, el "special master" designado por Griesa, por el que el Gobierno nacional perdió todo respeto cuando el 30 de julio pasado habló públicamente sobre lo que "sufrirá el pueblo argentino con un nuevo default". Axel Kicillof habló abiertamente ese día de un notable favoritismo del norteamericano por la posición de los fondos buitre, pese a que en un primer momento la relación entre ambos había sido correcta.
•De concretarse la apertura oficial de negociaciones, el Gobierno deberá preparar ideológicamente el panorama interno. Según fuentes oficiales, el mensaje será que Cristina de Kirchner quiere entregar al Gobierno que la suceda un panorama despejado en cuanto al reclamo de los fondos buitre y terminar su gestión con el 100% de la reestructuración del proceso de salida del default de 2001 cerrado. "Cristina quiere ser la primera presidenta que quiere dejar como herencia un proceso de desendeudamiento como política de Estado encaminado y el proceso de reestructuración de deuda terminado", aseguraba la fuente. Éstos serían los argumentos que se le explicarán a la "militancia".
Para las próximas horas se espera que Jonathan Blackman y Carmine Bocuzzi, los abogados de CGS&H que representan al país, reciban la "invitación" para concurrir al bufete de Pollack. Ambos letrados irán al convite, donde el hombre designado por Griesa intentará una nueva negociación. El "special master" preguntará por 2015, y la orden de los abogados que representan al país será un seco: "No tenemos instrucciones sobre el próximo año y la oferta es la misma del canje de 2010".


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